Elecciones parlamentarias en Venezuela 2015: unos dados cargados
La campaña electoral parlamentaria de Venezuela arrancó el 13 de noviembre, acompañada de una retórica intimidatoria por parte del gobierno, que según recientes encuestas podría perder por más de 30 puntos, así como de una serie de ataques armados contra las actividades de la campaña de la oposición que ya causaron la muerte de una persona y que apuntan a la inquietante posibilidad de nuevos brotes de violencia.
El presidente Nicolás Maduro ha afirmado repetidamente que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados lograrán la victoria “como sea”,. Asimismo, ha declarado que no tiene intención alguna de “entregar la revolución” subrayando los obstáculos a los que se enfrentaría la oposición el 6 de diciembre y después de esa fecha.
A falta de misiones de observación internacional, los representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) — que han sido invitados a “acompañar” el proceso electoral, mas no a llevar a cabo una observación exhaustiva — se enfrentan a un enorme desafío. UNASUR deberá asumir la responsabilidad a avalar automáticamente el proceso , como lo ha hecho hasta ahora.
La frase “como sea” ha sido incorporada a la campaña del gobierno, y figura en un amenazador video de campaña que muestra a un grupo de motociclistas que se aproximan por las angostas calles de un barrio. Su líder se dirige a la cámara en un tono agresivo, prometiendo “movilizarcomo sea este 6 de diciembre a quien haga falta”. Para los venezolanos, acostumbrados a la amenaza de los llamados “colectivos” — civiles oficialistas, a menudo armados y motorizados — el mensaje está claro. Según un estudio, solo en Caracas, , hay más de 70 de estos grupos.
El 25 de noviembre, el dirigente político de la oposición Luis Díaz murió tras ser baleado desde un vehículo durante un acto electoral celebrado en una pequeña localidad en el centro de Venezuela. Había ocupado el escenario junto con Lilian Tintori, la esposa del preso político más célebre, Leopoldo López. La oposición acusó al gobierno, pero no pudo ofrecer ninguna prueba para respaldar su acusación.
Obstáculos al avance de la oposición
El gobierno — un régimen de izquierda que llegó al poder a través de las urnas, con la victoria electoral inicial de Hugo Chávez en 1998 — ha hecho de sus credenciales electorales una bandera. Nunca se ha podido demostrar que el sistema de votación electrónica haya falsificado el número de votos emitidos. Pero las condiciones de campaña impuestas (o permitidas) por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado casi completamente por el gobierno, se han vuelto cada vez más duras para la oposición, cuyas denuncias suelen caer en oídos sordos en el CNE.
Los partidos políticos no han sido prohibidos bajo el actual régimen. Sin embargo, impedir la participación de ciertos políticos destacados, y de algunos partidos, claramente ha formado parte del plan del gobierno. El CNE se ha negado a registrar a algunos partidos, incluidos aquellos formados por disidentes del PSUV. Media docena de los líderes opositores más destacados han sido inhabilitados para presentarse a las elecciones, y algunos se encuentran encarcelados o bajo arresto domiciliario. El más destacado de ellos es Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP), sentenciado a catorce años de cárcel bajo cargos que, según admitió recientemente uno de los fiscales del caso, no tienen ningún fundamento legal.
Asimismo, varios partidos menores han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha reemplazado a sus líderes. A uno de estos, MIN-Unidad, cuyos colores y logo son muy similares a los de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), se le ha asignado un lugar en la boleta junto a la MUD. Los afiches de campaña de MIN-Unidad dicen, “somos la oposición”, sin embargo sus candidatos están alineados con el gobierno. En el estado de Aragua, se le ha permitido presentar a un candidato hasta ahora desconocido, que se llama igual que uno de los principales políticos de la MUD, Ismael García. Y en un intento aparentemente deliberado de confundir al electorado, y quitarle votos a la MUD, en un discurso televisivo el presidente Maduro se refirió a MIN-Unidad como “la oposición”.
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El poder absoluto del Estado
La constitución venezolana prohíbe la financiación de partidos políticos por parte del Estado. Tampoco permite a los empleados públicos usar su posición para favorecer a individuos u organizaciones. La Ley Anticorrupción y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) son igualmente claras en este sentido.
No obstante, en la práctica el PSUV explota en beneficio propio los recursos (edificios, vehículos, personal, etc.) del gobierno central y los gobiernos locales, y de empresas estatales como la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y la empresa estatal de energía eléctrica Corpoelec. Se suele dar lugares destacados a los candidatos oficialistas en la inauguración de obras públicas, e incluso se ha usado a la Guardia Nacional y la Milicia para obtener votos. Los funcionarios públicos acompañan a los candidatos a los eventos de campaña.
El CNE rara vez ha tomado medidas, y en los últimos años ha argumentado que cualquier evento de campaña por fuera del periodo formal de campaña (que en esta ocasión es de tan solo tres semanas) no está cubierto por ningún reglamento. La sede local de Transparencia Internacional, que recoge y presenta denuncias, dice que la dirección de correo electrónico establecida por el CNE para recibirlas simplemente devuelve los mensajes enviados. Al 18 de noviembre, Transparencia había reunido 281 ejemplos de abusos electorales. No todas las acusaciones estaban relacionados con el PSUV o sus aliados; diecinueve se referían a la MUD.
Los empleados públicos dicen que son obligados a asistir a mítines del gobierno y a participar en el llamado sistema “1×10”, mediante el cual los partidarios del gobierno deben alistar a otras diez personas para votar al PSUV. Si bien no hay pruebas que demuestren que el voto no es secreto, las encuestas sugieren que alrededor del 50 por ciento de los votantes cree que el gobierno puede averiguar por quién votaron.
Sesgo mediático
Cuando Hugo Chávez tomó posesión en 1999, el gobierno solo tenía un canal de televisión, una estación de radio con dos frecuencias, y una agencia nacional de noticias. Ahora cuenta con más de una docena de canales de televisión, una veintena de estaciones de radio nacionales o regionales, una agencia de noticias, un diario nacional y varios regionales, para no mencionar una multitud de páginas web y medios “comunitarios” financiados por el Estado. Pero también ha ampliado su influencia mediante la compra, por parte de intereses no identificados pero claramente oficialistas, de varios medios de comunicación. Estos incluyen el canal de noticias de 24 horas Globovisión y dos diarios nacionales. En 2007, sacó del aire a un canal opositor y casi tres docenas de estaciones de radio mediante el simple trámite de cancelar sus licencias.
Los editores y redactores disidentes han sido perseguidos en los tribunales y sometidos a fuertes multas, mientras que para los diarios opositores es cada vez más difícil obtener papel. Estos casos fueron señalados el 10 de noviembre de 2015 en una larga carta abierta de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Tibisay Lucena, presidenta del CNE, en respuesta a su rechazo a la solicitud de la OEA para observar las elecciones. Dijo que algunos periodistas independientes habían sido acosados, golpeados y en ocasiones detenidos por las fuerzas de seguridad, además de perder sus empleos por negarse a censurar sus propios informes. El resultado general es que se ha silenciado la voz de la oposición en los medios convencionales, mientras que la propaganda del gobierno se transmite día y noche.
Al mismo tiempo, el gobierno mantiene un firme control sobre las cifras oficiales, dejando al electorado a oscuras acerca de todo tipo de cuestiones, desde la inflación y las tasas de homicidio a las enfermedades infecciosas.
Una de las herramientas clave del PSUV es la llamada “cadena”. Bajo este sistema, el presidente puede interrumpir simultáneamente todas las estaciones abiertas de radio y televisión por tanto tiempo como desee. En tiempo de elecciones, las cadenas se emplean fundamentalmente para promover los mensajes de campaña oficialistas y presentar a los candidatos del gobierno. El CNE se ha negado a limitar al uso de cadenas o de publicidad financiada por el Estado, a pesar de los repetidos llamados a hacerlo por parte de organismos como la Unión Europea y el Centro Carter.
El PSUV de uniforme
Hugo Chávez siempre mantuvo que el régimen venezolano era “civico-militar”. El 29 de octubre, Maduro dijo que si el 6 de diciembre ganaba la oposición gobernaría en una alianza con “el pueblo” y las fuerzas armadas (FANB). El sentimiento es correspondido por altos mandos militares, incluyendo al ministro de defensa y jefe de las FANB, el General Vladimir Padrino López. En julio de este año, Padrino López declaró que el gobierno representaba el “único proyecto que es posible hoy en día para seguir teniendo patria”. Sus palabras violaron el artículo 328 de la constitución, según el cual las fuerzas armadas están al servicio de la nación, “y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”, así como el artículo 330, que prohíbe la participación de los miembros de las FANB en actividades de proselitismo político.
Esto es un asunto especialmente preocupante en tiempo de elecciones, entre otras razones porque las fuerzas armadas están a cargo del transporte de materiales electorales y de salvaguardar el proceso electoral. La Milicia también estará presente durante la votación. Se trata de un órgano uniformado sin rango constitucional creado por Hugo Chávez, que cuenta con unos 150.000 efectivos, cuyos miembros juran fidelidad a “la revolución” y reciben instrucción ideológica del PSUV, al cual a menudo (aunque no siempre) pertenecen. En octubre, el presidente Maduro tomó juramento a los comandantes de las 99 recientemente creadas “Áreas de Defensa Integral” (ADI, cuya función es llevar adelante operaciones militares a nivel local), todos ellos oficiales de la Milicia. Durante la misma ceremonia, el presidente entregó nuevos equipos antidisturbios a la Guardia Nacional.
Durante las elecciones presidenciales de octubre de 2012, la Milicia y la Guardia del Pueblo (un componente de la Guardia Nacional igualmente adoctrinado, formado por el difunto presidente Chávez en 2011) fueron empleadas para transportar a votantes oficialistas a los centros de votación. Hay informes del interior del país que afirman haber visto al PSUV haciendo proselitismo de noche acompañado de militares uniformados.
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Suspensión de garantías en la frontera
La cuestión de la supervisión militar de las elecciones es especialmente relevante a lo largo de la frontera de 2.200km con Colombia, cerrada desde agosto de 2015 por orden del presidente y sujeta a un “estado de excepción” que restringe el derecho de libre movimiento, el derecho de asociación, y la inviolabilidad de las comunicaciones y del hogar. Se ha nombrado a oficiales militares para que asuman las funciones del gobierno local en áreas en estado de emergencia. Si bien en teoría la campaña electoral en sí misma está exenta de las restricciones del estado de emergencia, esto potencialmente podría afectar a la votación en 24 municipios y cuatro estados fronterizos. En la práctica, lo que suceda dependerá de los militares. Según la MUD, hay 27 escaños parlamentarios afectados, de los cuales la oposición espera obtener 22.
Otra de las inquietudes es que el CNE hasta ahora se ha negado a decir dónde votará el personal militar desplegado a lo largo de la frontera. Si se les permitiera hacerlo en los distritos electorales en los que están actualmente ubicados, los resultados de las elecciones podrían verse seriamente distorsionados.
Fortalezas y debilidades
La única misión internacional a gran escala disponible para evaluar la situación es obstaculizada por las condiciones altamente restrictivas impuestas por el gobierno venezolano, y además porque la oposición cree que la misión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) está sesgada a favor del gobierno, como explicamos en una publicación anterior.
La misión, que fue inaugurada el 17 de noviembre, está encabezada por Leonel Fernández, ex presidente de la República Dominicana. El desafío que enfrentan Fernández y sus colegas está reflejado en la carta que envió Almagro, el secretario general de la OEA al CNE. En ella Almagro detalló sus inquietudes, indicando que no están aseguradas la “transparencia y justicia electoral que el CNE debería garantizar”.
Almagro no es el único en cuestionar una balanza inclinada en contra de la oposición. El 16 de noviembre, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) publicó las conclusiones preliminares de un estudio sobre la campaña, que realizó en conjunto con el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica (UCAB) en Caracas.
Su principal conclusión fue que, si bien la principal fortaleza del proceso electoral era el sistema de votación electrónica, “la mayor debilidad está en la falta de equidad de las condiciones de la competencia electoral”.
Además de los problemas señalados anteriormente, el informe menciona la falta de credibilidad del CNE, debido en parte a irregularidades en el nombramiento de sus rectores (véase Informe breve de Crisis Group N°31:Venezuela: Inercia peligrosa); la falta de una auditoría independiente del registro electoral (REP) desde 2005 y la creencia generalizada que el voto no es secreto.
Legitimidad en juego
En cualquier caso, la oposición venezolana se enfrenta a una ardua tarea para traducir el apoyo popular en un número equivalente de escaños. El complejo sistema electoral no garantiza la representación proporcional, y en 2010 el gobierno obtuvo casi tres quintas partes de los escaños con menos de la mitad de los votos. Mediante sus calculados esfuerzos para perjudicar a la oposición, el gobierno de Maduro está creando condiciones en las que podría volver a brotar la violencia. Ha habido algunos incidentes violentos, que ya causaron una víctima mortal. Además, las actividades de campaña del candidato de la MUD Miguel Pizarro en los barrios del este de Caracas, por ejemplo, fueron interrumpidas el 22 de noviembre por hombres en pasamontañas vestidos con camisetas rojas del PSUV, quienes dispararon al aire con pistolas y rifles automáticos.
Al prohibir las misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea, e imponer restricciones a la de la UNASUR, el gobierno puede esperar al menos contar con el beneficio de la duda si la oposición pone el grito en el cielo. Bajo los términos de su acuerdo de “acompañamiento” electoral, la UNASUR tiene prohibido hacer comentarios “subjetivos” sobre las condiciones electorales, y su informe final solo estará disponible para el CNE, a no ser que este decida lo contrario. La autoridad electoral brasileña (TSE) se ha negado a participar en la misión por considerar que estas condiciones hacen que sea imposible llevar a cabo una “observación adecuada”. Sus homologos paraguayo y chileno también plantearon reservas.
Esto impone sobre la delegación de UNASUR la enorme responsabilidad de ser tan rigurosa como sea posible a la hora de evaluar no solo la equidad del voto en sí mismo, sino también las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la campaña. El 6 de diciembre hay mucho más en juego que en ninguna otra elección celebrada este siglo.
Si bien habrá observadores nacionales desplegados por todo el país, así como testigos de los partidos políticos y algunos delegados extranjeros, en definitiva la comunidad internacional — y en particular los vecinos de Venezuela — tiene la responsabilidad de insistir en la adherencia a las normas internacionales. Dar el visto bueno al resultado sin importar el contexto, como ha sido la tendencia de UNASUR en el pasado, no es aceptable, y dadas las diferencias de opinión que ya son aparentes entre los Estados miembros, podría resultar imposible.
Phil Gunson | @philgunson
