Venezuela y el #6D: los dilemas de un triunfo

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. WIKIMEDIA/GAlessandraV

Por Michael Penfold, economista y profesor asociado del IESA

Hasta ahora la mayoría de las encuestas apuntan a que la oposición ganará las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Pero el resultado no necesariamente va a ser un fiel reflejo de lo que dicen los sondeos. Al final de la jornada, la manera en que un sistema electoral altamente desproporcional traduzca esa mayoría de votos en puestos dentro de la Asamblea Nacional será lo que determine no sólo quién sino cómo se triunfó en las parlamentarias.

El reto del chavismo en la actualidad parece que ya no es vencer en las legislativas, que a estas alturas lucen perdidas, sino reducir el impacto de un potencial triunfo de la oposición. La diferencia en número de diputados puede determinar en cuál escenario se estará moviendo el país durante los próximos meses. Y cada uno de esos escenarios tiene implicaciones políticas y constitucionales muy diferentes.

Los opositores que piensen que un triunfo en la Asamblea Nacional inevitablemente activará el inicio de una transición rápida se equivocan. El chavismo tiene cómo contener parcialmente ese escenario. Pueden tener razón, sin embargo, al pensar que una derrota electoral del chavismo conllevará a una fisura muy profunda de su control del poder y promoverá cambios políticos significativos. De ahí que, más que un triunfo opositor, lo que determinará el futuro del país en los próximos años será cómo el chavismo llegue a perder las elecciones legislativas. Ésa es la verdadera incógnita electoral.

Un primer escenario donde la oposición logre obtener una mayoría simple puede ser variado. Un resultado potencial es que la mayoría simple de diputados (más de 50% o 84 diputados) no esté en manos sólo de la oposición unitaria, sino que deba compartir ese dominio con diputados independientes cercanos al gobierno (electos a través de terceras opciones o diputados electos bajo la plataforma unitaria que salten posteriormente la talanquera).

Ésta es la derrota ideal para el chavismo: pierde las elecciones pero al aceptar la derrota se relegitima internacionalmente.

En este escenario, el chavismo decide gobernar con una oposición que considera leal y con la que le resulta más fácil negociar (que controlaría cerca del 10% de los puestos) y no con una oposición que considere que pueda arrojarlos del poder (que controlaría cerca del 45% de los curules). En este escenario, el Presidente Maduro preserva momentáneamente el poder y pacta posiciones claves, como la Vicepresidencia de la República y algunos ministerios. También construye una nueva coalición que compartiría el costo social y político de un ajuste económico. Este escenario, que es perfectamente plausible, es uno para el que la oposición unitaria no está necesariamente preparada y que lógicamente puede llegar a materializarse. También es una posibilidad que puede tomar por sorpresa al mismo chavismo.

Bajo estos resultados, tanto como las facciones dentro de la fórmula unitaria como las del chavismo, podrían dividirse con los más radicales considerándose traicionados. Éste es el llamado ‘escenario de la cohabitación’. El Vicepresidente pasaría a ser la figura más emblemática de este nuevo acuerdo y su permanencia en el poder sería la garantía de continuidad de los cambios políticos y económicos, que son más de dirección en las políticas públicas que en los arreglos constitucionales y democráticos.

Y para nadie es un secreto que muchos grupos de ambos bandos apuestan fuertemente a este escenario.

Otra posibilidad es que la oposición unitaria obtenga una solida mayoría simple (con más de 55% de los diputados). Esta mayoría preservaría la unidad por ser lo suficientemente robusta. Con este tipo de mayoría simple, la oposición podría hacer uso constitucional de diversas prerrogativas, como ejercer funciones de contraloría, impulsar leyes como la amnistía política, promover enmiendas para ser votadas en referéndum, revisar acuerdos internacionales con países extranjeros, impulsar la descentralización, aprobar o negar el presupuesto, así como las operaciones de crédito público e iniciar la renovación de aquellos puestos de los poderes que no requieran expresamente de las dos terceras partes para su designación.

Sin embargo, el Presidente tendría constitucionalmente dos tipos de veto para enfrentar esas decisiones de la Asamblea: puede vetar los proyectos de ley y solicitar su revisión por parte de la misma mayoría que la aprobó en el Parlamento. Si esta misma mayoría vuelve a aprobar la ley, obligaría al Presidente a refrendarla. En última instancia, el Presidente podría enviarla directamente a la Sala Constitucional para que sea declarada sin lugar. Ambos poderes de veto hacen que el Tribunal Supremo de Justicia se convierta en el arbitro final para la resolución de los conflictos de interpretación sobre las prerrogativas de la Asamblea Nacional.

En este escenario estaríamos presenciando un conflicto entre poderes o lo que también se conoce como ‘gobierno dividido’. En el corto plazo, este juego lo podría controlar el chavismo a través del Tribunal Supremo de Justicia, pero en la medida en que la crisis económica y política se vaya profundizando, ese control puede llegar a ser insuficiente. De ahí que para el chavismo resolver la crisis económica, aun teniendo que asumir un alto costo, se convierte en un asunto vital: si no lo logra, el país social puede terminar de precipitar una crisis de gobernabilidad. Y, ante una situación de descontento generalizado, la oposición podría activar el referéndum revocatorio a través de la recolección de firmas. Pero para que esto tenga sentido político, debe hacerlo después de la mitad del periodo presidencial y antes del cuarto año del periodo, pues de lo contrario quedaría en funciones el Vicepresidente de la República y no se tendría que llamar a una nueva elección presidencial.

Es por eso que la Sala Constitucional debe decidir cuándo se inicia dicho conteo: si es a partir del 12 de octubre de 2012, cuando fue reelecto el Presidente Chávez; si es a partir del 10 de enero de 2013, cuando debía ser juramentado; o si es a partir de la elección del Presidente Maduro el 14 de abril de 2013. Por ejemplo: si el periodo se inicia en octubre de 2012, la oposición tendría poco más de 10 meses para activar un referéndum revocatorio, porque después de ese tiempo se mantendría efectivamente el Vicepresidente en el poder.

En este esquema de gobierno dividido, la estrategia dominante del chavismo, pero muy especialmente del presidente Maduro, sería nombrar un Vicepresidente radical y potencialmente popular para retrasar la convocatoria lo más posible. En la medida en que el chavismo logre ambos objetivos hará menos atractivo para la oposición la idea de activar un referéndum de esta naturaleza. Y para la oposición puede ser muy riesgoso ir a un referéndum revocatorio si la alternativa es que se quede un Vicepresidente en el poder que sea más radical o incluso un posible sucesor chavista que se quede con el coroto y que luego pueda ser reelecto para un nuevo periodo constitucional.

Otra opción para la oposición sería impulsar algún tipo de enmienda que deberá ser sometida a referéndum (como por ejemplo limitar la reelección y reducir el periodo presidencial), para lo cual no necesitan recolectar las firmas. Así que el plan de impulsar un referéndum revocatorio es complejo, pero no sólo por los obstáculos que supone, sino por la precisión política que requiere los tiempos de su activación.

Una oposición con tres quintas partes de la bancada de la Asamblea Nacional (más del 60% de los puestos o 100 diputados) sería, sin duda, una fuerza política temible. En este escenario, la Constitución prevé que con tres quintas partes no sólo es posible aprobar sino también revocar leyes habilitantes. Además, se podría censurar y remover a cualquier ministro o al Vicepresidente ejecutivo. Esta última prerrogativa puede profundizar el conflicto entre ambos poderes y obligaría al Ejecutivo a negociar un acuerdo político con la oposición para asegurar la estabilidad de su gabinete o, en caso contrario, enfrentaría la presión política y social de una posible renuncia o podría terminar con la disolución del Parlamento.

De hecho: un acuerdo sería lo único que garantizaría la gobernabilidad del país, pues los ministros o el Vicepresidente estarían sujetos a perder sus cargos de forma definitiva.

También es importante señalar que, en este escenario, la división del chavismo es más probable. Con que una pequeña facción de este grupo decida cambiarse de bando se puede generar un acuerdo para controlar dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Y esto sin duda alteraría el cuadro político venezolano.

Bajo esta otra composición del poder, la Vicepresidencia podría ser un actor más cercano a la oposición para dar garantías de haber una falta absoluta del Presidente, sea por cualquier razón política o jurídica. Los términos de la alternabilidad con el chavismo se realizarían de una forma que proteja los acuerdos políticos y constitucionales a los cuales se hayan llegado.

Un último escenario, donde la oposición gana las dos terceras partes (más del 67% de los puestos o 111 diputados), implicaría un poder prácticamente absoluto del Parlamento sobre el aparato público y sobre la capacidad de inducir un rediseño del arreglo constitucional. Con este poder político, la Asamblea podría remover el Tribunal Supremo de Justicia así como el resto de los poderes públicos. También podría revisar y aprobar leyes orgánicas, promover una reforma constitucional o convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Además, podría también censurar o remover al Vicepresidente de la República. Esta realidad supone un cambio inmediato del arreglo político y el inicio de un quiebre institucional.

En cada uno de estos pronósticos, independientemente de la correlación de fuerzas, la Vicepresidencia funciona, para bien o para mal, como una piedra de toque.

Esta posición se convertirá en el eje transaccional más importante para dirimir los conflictos entre chavistas y opositores. En algunos casos, la Vicepresidencia puede ser la bisagra para promover la renovación del chavismo, sin necesariamente abandonar a la revolución, aunque muy probablemente le toque sacrificar (más temprano que tarde) a alguno de sus más prominentes grupos e individualidades.

El Vicepresidente podría ser también el vehículo para inducir la cohabitación entre distintos factores de poder, aparentemente confrontados, con miras a sostener temporalmente la Presidencia pero a cambio de una rectificación en materia económica y social. Incluso: el Vicepresidente puede llegar a convertirse en la figura transitoria para acordar los nuevos términos constitucionales del ejercicio del poder frente a una oposición en pleno ascenso popular. Eso está por verse.

Todas estas posibilidades muestran el profundo impacto que va a tener la elección del 6 de diciembre, tanto en el ámbito político como económico y social.

El país pocas veces ha estado en un momento tan delicado, tan complejo y al mismo tiempo tan frágil, en el que vamos a poder corroborar la calidad de los liderazgos, tanto del lado del chavismo como de la oposición: comprobaremos su capacidad para sacarnos de esta coyuntura o hundirnos aún más en un crisis que se hace socialmente insoportable.

Todas las cartas aún no están echadas. La clave estará en la capacidad de los distintos actores para llegar a acuerdos creíbles en un ambiente de alta polarización política y en medio de una profunda crisis económica.

Acuerdos que otorguen garantías mutuas, pero que también abran espacios para que los venezolanos podamos iniciar un proceso de reconciliación nacional, recomposición social, crecimiento económico y construcción institucional.