Presupuesto Nacional, ¡Que dilema!

Venezuela es tema de discusión una sentencia controversial emanada del Tribunal Supremo de Justicia en octubre del año 2016, cuya decisión se resume en la aprobación de la presentación por parte del Ejecutivo Nacional del presupuesto nacional 2017 ante la Sala Constitucional, sin pasar por el Poder Legislativo. En Venezuela se cuenta con cinco Poderes Públicos interdependientes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano. Se tratará especialmente la relación entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro; el Poder Legislativo toma decisiones colegiadas a través de la Asamblea Nacional; y el Poder Judicial repercute nacionalmente a través del Tribunal Supremo de Justicia y sus distintas Salas.

En cuanto al Poder Ejecutivo, el 19 de abril de 2013 Nicolás Maduro asume la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, continuando así las políticas económicas dejadas por su antecesor, Hugo Chávez, basadas en la implementación del “Socialismo del siglo XXI”, tildado por el economista Francisco Chirinos como “inviable”. La continuación de estas políticas genera en 2014, una serie de manifestaciones multitudinarias en contra del Gobierno presidido por Nicolás Maduro Moros, viéndose obligado éste a convocar una mesa de diálogo con los líderes opositores y poniéndole fin a las protestas sin resolución alguna. En 2015 continúa la inestabilidad social y el 6 de diciembre de dicho año se efectúan elecciones para designar los representantes del pueblo ante la Asamblea Nacional. La alianza opositora MUD logra 112 curules y el partido de Gobierno (PSUV) alcanza 55 curules, para un total de 167 representantes del pueblo que pasarían a conformar la Asamblea Nacional para el periodo 2017–2021.

primera vez que el Gobierno actual no logra la mayoría en la Asamblea Nacional, lo que supondría una inestabilidad política. Antes del inicio de sesiones de la nueva Asamblea Nacional que tendría lugar el 5 de enero de 2016; el Poder Legislativo que regía desde 2012 y cuyo periodo culminaría el 4 de enero de 2016, designa y juramenta el 23 de diciembre de 2015, 34 magistrados que pasarían a formar parte del Tribunal Supremo de Justicia. Esto genera una gran polémica en la sociedad venezolana, por una parte, líderes opositores como Lester Toledo expresan que “En la Asamblea Nacional no eligieron magistrados, eligieron a los cómplices de sus delitos”; y por otra, líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela como Elvis Amoroso (Vicepresidente de la Asamblea Nacional para entonces) expone que “Los procedimiento exigidos para la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se han cumplido totalmente y estrictamente, de acuerdo con la Constitución”.

Posteriormente la Asamblea Nacional empieza su periodo legislativo, esto desencadena una crisis institucional principalmente entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esta crisis institucional se agudiza cuando se acusa de supuesto fraude en las elecciones efectuadas en el estado Amazonas, y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anula la incorporación de los tres Diputados de dicha circunscripción al Poder Legislativo, sin embargo, la Asamblea Nacional hace caso omiso y el Tribunal Supremo de Justicia la declara en “desacato”. Estos hechos son de gran trascendencia, ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela especifica en su artículo 203 la existencia de leyes que únicamente se podrán aprobar y/o modificar con la votación de las dos terceras partes de los integrantes presentes.

Dejando a libre interpretación de los tribunales el “¿qué hacer?” con esta situación, por lo cual, nuevamente colidan el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, cuando la Sala Constitucional del Poder Judicial deja sin efecto las leyes dictadas por el Poder Legislativo hasta que desincorporen a los Diputados de la Asamblea que se encuentran en entredicho. El Poder Legislativo por su parte, se declara en “rebeldía”. Así transcurre el 2016 en Venezuela, mientras tanto, el pueblo es quien sufre la pugna entre Poderes y se agudiza la crisis en el país. En base a esto, El Ejecutivo Nacional decide no reconocer a la Asamblea Nacional, y solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la aprobación del presupuesto nacional.

Para Bach, “el presupuesto es un documento que contiene el cálculo de ingresos y gastos previstos para cada periodo fiscal”, es decir, es el instrumento de gobierno para el manejo del patrimonio público del país. Dicho presupuesto debe cumplir con una serie de preceptos para su elaboración. El Ministerio de Planificación y Finanzas a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), tomando en cuenta la información que recibe de los demás órganos de la República, presenta el anteproyecto de presupuesto nacional, posteriormente el Ejecutivo Nacional somete a consulta pública el anteproyecto según el Artículo 11 de la Ley Contra la Corrupción, seguidamente el Ejecutivo Nacional presenta a la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre de cada año el proyecto de ley de presupuesto y finalmente, la Asamblea Nacional en plenaria recibe el proyecto de ley y lo remite a la comisión de finanzas para su análisis. El Poder Legislativo tiene hasta el 15 de diciembre para aprobar el proyecto, de lo contrario se tomara el presupuesto del año anterior.

Sin embargo, Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, apeló a la ampliación de la decisión N° 810, dictada por la Sala Constitucional el 29 de septiembre de 2016, mediante la cual se declaró, entre otros pronunciamientos, “La Constitucionalidad del Decreto N° 2.452 remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional”. Pero la Carta Magna expone taxativamente en su artículo 187 numeral 3 y 6, la competencia de la Asamblea Nacional en controlar al Gobierno y la Administración Pública Nacional; y discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto; esta posición es respaldada por el exmagistrado Perkins Rocha, al referirse que “El único ente Público que está en capacidad de evaluar los aspectos técnicos (financieros y políticos) que contiene el presupuesto nacional es la Asamblea Nacional”

El Tribunal Supremo de Justicia falla el 11 de octubre de 2016 respecto a esta polémica situación, dando como sentencia Nº 814, dictada por la Sala Constitucional, la presentación del presupuesto nacional 2017 por el Ejecutivo Nacional ante la Sala Constitucional del máximo tribunal nacional. El decreto del presupuesto nacional 2017 tendrá “rango y fuerza de ley”. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se argumenta en el artículo 336 numeral 3 y 4 de la Constitución de la República, en el cual se fija las atribuciones de dicha Sala, y le asigna la potestad de declarar nulidad total o parcial de actos efectuados por los Poderes Públicos cuando coliden con la Carta Magna.

Sin embargo, los artículos 311 y 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reflejan específicamente la presentación de la formulación presupuestaria por parte del Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional para su sanción legal. Cabe destacar que el presupuesto público sirve de proyección para garantizar la rentabilididad, eficiencia, solvencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Por ello, debe seguir un parámetro previamente establecido, para proteger el patrimonio de la Nación de actos corruptos, desviaciones de capitales, gastos innecesarios o inadecuados, desbalances económicos y financieros, entre otros; además debe ser fiscalizado por la Contraloría General de La República, órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales, así como las operaciones relativas a los mismos.

El Presupuesto Nacional 2016 duplicó el calculado para el año 2015, ya que este último se valoró en 741 mil 708 millones de bolívares; y el presupuesto público del año 2016 se valoró en 1 billón 548.574 millones de bolívares. Por otra parte, el presupuesto nacional estipulado para el año 2017 octuplicó su predecesor, ya que éste se valora en 8 billones 479.301 millones de bolívares. El Gobierno Nacional planea extraer el 83% de lo presupuestado para el año 2017 de los impuestos que pagan los venezolanos; y sólo 17% dependerá del ingreso petrolero, de lo cual, el 73,6% se supone que irá dirigido a las misiones, educación y salud.

El Primer Mandatario aseguró que Estamos incrementando en 428% la inversión en los proyectos del Fondo Interterritorial del Poder Popular…se dirigirán 557 mil millones de bolívares a los proyectos de los consejos comunales”, dejando a un lado la importante cifra de más de 600% de incremento del presupuesto nacional 2017 respecto al anterior, y la proyección realizada por el Fondo Monetario Internacional respecto a la inflación global, en la cual predice una inflación promedio de 4,3% para la región, pero que para Venezuela predice una inflación “especial” superior a 1600% acumulada para el año 2017. Cabe destacar la disminución del precio del “oro negro”, el cual se calculó (por parte del Gobierno Nacional) que se ubicará en 30$ por barril durante el año 2017.

Focalizando a Venezuela en un contexto económico en desequilibrio, que se sumará a la crisis social, cultural, institucional, en fin, generalizada preexistente. La Nación caribeña cuenta con las mayores reservas petroleras de todo el mundo, además de una inmensa riqueza en minerales, como el oro y el hierro; pero está padeciendo los resultados de un fallido sistema económico-político dirigido anteriormente por Hugo Chávez, y que actualmente encabeza Nicolás Maduro. Este sistema hizo que Venezuela incrementara los niveles de importación y disminuyera los niveles de exportación, logrando así el descenso de la producción nacional en la formación de la oferta total que ha sido sustituida por las importaciones.

La administración incentivada por el elevado precio del petróleo, impulsó el endeudamiento acelerado por parte del Gobierno Nacional. Pero, desde el 2014 los precios del petróleo comenzaron a descender debido a la sobreoferta, fuentes de energías alternativas, y demás; lo cual “obligaría” al Ejecutivo Nacional a disponer de medidas económicas que influirían negativamente en el “bolsillo de los venezolanos”, por ello se observa la multiplicación exponencial del presupuesto nacional 2016 frente al presupuesto nacional 2015, y del presupuesto nacional 2017 frente al presupuesto nacional 2016. Venezuela, además de verse afectada con una alta tasa inflacionaria, cuenta con la regulación del uso de divisas, más específicamente de dólares, actualmente dicho control de divisas se rige por la tasa de Cambio Protegido (DIPRO) y la tasa de Cambio Complementario (DICOM).

La tasa DIPRO debería utilizarse solamente para los bienes, servicios y remesas que son considerados como “prioritarios”; y la tasa DICOM se utiliza para todas las transacciones que no están incluidas en el DIPRO, teniendo un valor actual de más de Bs 600/$. Esto lo es en teoría, pero no en práctica, las empresas encargadas de la producción prioritaria, como por ejemplo Alimentos Polar, se ven “ahorcadas” por las dificultades para la obtención de divisas, a tal punto de restringir su capacidad de producción. Sin embargo, el caso de Alimentos Polar no es el único, sólo es el más emblemático, ya que dicha empresa es la encargada de producir la famosa “Harina PAN” utilizada para la realización de platos autóctonos, como la arepa y la hallaca.

Antes del Gobierno “chavista” existió en Venezuela un sistema regulador de divisas llamado Régimen de Cambio Diferencial (RECADI), este sistema fue puesto en práctica por Luis Herrera Campins (Presidente de la República para entonces) el viernes 18 de febrero de 1983, que posteriormente sería denominado como “Viernes Negro”, ya que el bolívar sufre una importante devaluación frente al dólar y entra en vigencia el sistema regulador de divisas ya mencionado. RECADI fue y sigue siendo objeto de grandes críticas, según el economista y Diputado a la Asamblea Nacional José Guerra, “RECADI fue la fuente más importante de corrupción hasta que se llegó CADIVI (predecesor de SIMADI, DIPRO y DICOM)”.

Los gobernantes venezolanos a lo largo de la historia patria, en su afán de restringir y regular la economía, han efectuado y puesto en práctica políticas económicas de manera experimental, sin consenso alguno de la población y de los especialistas. Esto genera resultados desastrosos en la mayoría de los casos, y lamentablemente la población de Venezuela está padeciendo las consecuencias de todas las malas medidas económicas tomadas por los encargados de llevar las finanzas de esta hermosa tierra. Pero, en la actualidad surge un caso particular en la historia venezolana, las personas están falleciendo debido a la falta de medicamentos y de comida, algo nunca antes visto en Venezuela.

La inflación (como fue mencionado anteriormente) es estrafalaria, porque el Estado creció con el “boom petrolero”, pero al caer los precios del petróleo, prefirió aumentar la impresión de billetes, desvalorizando así el valor de la moneda nacional, que se traduce como la disminución del poder adquisitivo del venezolano. Pese a que el Estado no reconoce oficialmente esta debacle económica, lo reconoce indirectamente, porque como ya fue mencionado, el presupuesto nacional 2017 octuplica su predecesor, trayendo como consecuencia más inflación, la continuación de la recesión que padece el país desde hace varios años y que el Fondo Monetario Internacional prevé que para el año 2017 sea de 2,7%; aumento del cierre de empresas, aumento de la emigración, disminución de la producción nacional, entre otros; ya que gran parte de su calculado proviene de impuestos.

El Gobierno Nacional actúa en situación de crisis, como si se encontrase en situación de abundancia, e incluso “se da el lujo” de obligar a firmar a alcaldes y gobernadores que están disconformes con el presupuesto elaborado por el Ejecutivo Nacional para el año 2017, porque o sino “tomará medidas excepcionales, especiales contra ellos porque hay que hacer cumplir la Constitución” como afirmó el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, en este “Gobierno” la voluntad de un solo hombre es la suprema. Simple y llanamente la ejecución de un sistema autocrático. Los opositores a su gobierno, como el Concejal del municipio Bolívar (estado Táchira), José Luis Guerrero, se fundamentan en que “se está cerrando 2016 con dificultades presupuestarias debido a la situación económica del país, el año entrante el panorama será aún más complicado, porque el prepuesto proyectado no alcanzará ni para cubrir los gastos de personal.”

Se halla entonces la controversia circundante al presupuesto nacional 2017, consecuencia de una crisis social, política, económica e institucional que atraviesa el país. Es objeto de críticas tanto en el aspecto jurídico, como en el aspecto económico, es decir, se debate su legalidad, el cómo debe efectuarse la presentación del presupuesto nacional, ante que ente u organismo, bajo que preceptos, entre otros; además se debate su efectividad para las finanzas venezolanas, la hipótesis de solución frente a la alta tasa inflacionaria que atraviesa esta Nación, la mesiánica idea de acabar con la escasez, tanto de medicamentos, como de alimentos.

Lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (que por cierto es defendida a “capa y espada” por los oficialistas) respecto a este tema, está establecido en los artículos 187,311 y 313, anteriormente mencionados y explicados; estos artículos son enfáticos porque en Venezuela la cúspide del ordenamiento jurídico es la Constitución, es decir, una decisión de cualquier tribunal, sin importar su jerarquía, debe subordinarse a lo establecido en la Carta Magna. El Tribunal Supremo de Justicia ha violentado la Constitución al establecer que Nicolás Maduro deberá presentar el presupuesto nacional ante su Sala Constitucional. Por ende, debería quedar sin efecto dicha sentencia que le otorga esa facultad de control sobre la Administración Pública Nacional al máximo tribunal, ya que el ente único encargado y facultado por la Carta Magna para ejercer dicho proceso es la Asamblea Nacional.

En materia económica, dicho presupuesto toma como única fuente de ingreso, además de los impuestos, la exportación de petróleo. Venezuela contó con un muy rico “boom petrolero” que se encargó de administrar Hugo Chávez, sin tener en cuenta una futura caída de los precios del crudo, y por ende, sigue siendo un país monoproductor a la deriva de los precios del “oro negro”. Dicha situación pudo prevenirse con una correcta administración de los ingresos petroleros, con el fin de convertir a Venezuela en un país multiproductor para que cuando el valor del crudo descendiera, no se cayera en esta terrible situación económica que se “costeará” con los impuestos que pagan los venezolanos, y que ni siquiera son suficientes para satisfacer las necesidades financieras de un país en crisis.

Venezuela vive una crisis Institucional, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial colidan con el Poder Legislativo, trayendo esto como consecuencia la desesperación de la colectividad, y la agudización de las demás crisis preexistentes. Realmente no se está solucionando el problema económico, se está resolviendo el problema de poder, el cual adquiere tanta importancia en el territorio nacional, que para los gobernantes es equiparable con miles de vidas de venezolanos, personas trabajadoras, amas de casa, estudiantes, en fin, personas que simplemente quieren y desean un país donde cada uno de ellos pueda desarrollarse de acuerdo a sus aspiraciones.

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