Liberación de privados de libertad en Costa Rica

Imagen de teinteresa.es. España

En los últimos meses los medios de comunicación se han visto repletos de noticias relacionadas con el tema de la liberación con beneficio de más de 1.600 privados de libertad que el Ministerio de Justicia y Paz trasladó a sistemas semiabiertos, bajo la justificación de “hacinamiento” en los pasados seis meses.

Esta liberación se dio debido a que la Sala Constitucional indicó que se debía acabar con el hacinamiento en las cárceles. Según Carlos Arguedas (2012) “Las 14 cárceles ticas tienen una sobrepoblación de 3.290 de reos (un 33,6%) […] La Sala Constitucional pidió bajar a un 20%, para garantizar los derechos humanos de los reclusos, y en reiterados votos exige una pronta solución al problema.”

Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Paz y con la aprobación del Gobierno tomaron la decisión de trasladar a privados de libertad para que “se beneficien al pasar de un régimen institucional (encierro total) al semiinstitucional, en el cual pueden dormir fuera de la prisión algunos días de la semana, lo que les permite algún tipo de reinserción social con sus familias y comunidades y tener empleos” (Jorge Ulloa, 2016, parr.2). Las condiciones para otorgar estos beneficios son que los reos que pasen por las circulares a un régimen semiabierto para laborar y reintegrarse a sus familias solo son aquellos no fueron los condenados por delitos graves, tales como homicidios, narcotráfico internacional, crimen organizado, secuestro, delitos sexuales o contra la función pública.

Sin embargo, la decisión tomada por los poderes del Estado no fue la más acertada pues se han desatado casos de violencia, aumento de inseguridad ciudadana y los casos más lamentables y recientes que fueron la violación de una madre y posteriomente de un menor de seis años por parte de los privados de libertad con beneficios. Ante estos crímenes la Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero aclaró que si esto continuaba tenía que suspender la medida. Sin embargo, ya el daño estaba hecho.

Debido a esto el Gobierno de Costa Rica propuso otorgar trabajos públicos a reos como parte del proceso de integración y control de los privados de libertad. Según Luis Manuel Madrigal (2016) “El Gobierno pondrá a los privados de libertad a construir y reparar calles en mal estado debido a las críticas por el hecho de que en el país no se pone a los privados de libertad a trabajar como parte del proceso de readaptación y como una forma de resarcir a la sociedad el daño que causaron pareciera por fin fueron escuchadas.”

Por otro lado, el Instituto Nacional de Criminología en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz están evaluando las circulares que permiten la redistribución de personas privadas de libertad para reducir el hacinamiento en las cárceles. Dentro de los cuestionamientos y condiciones que están planteando ambas instituciones se encuentran las valoraciones ordinarias, lo cual consiste en un el reglamento que señala los delitos cometidos por el privado de libertad además de incluir estudios de campo, tales como informes psicológicos, de orientación, educativos, de trabajo social y victimológicos.

Sin embargo, es importante cuestionarse si era necesario que se dieran los crímenes para que el Gobierno lograra establecer las medidas adecuadas ante el caso ¿Por qué no se cuestionaron eso antes? ¿Por qué tuvo que sufrir una madre, un niño o una familia para que las autoridades políticas tomaran estrategias en el caso? El Estado debe garantizar la seguridad y bienestar de todos sus ciudadanos, a través de normas jurídicas y órganos que castiguen a aquellos que atenten contra los derechos anteriormente mencionados. Esta decisión del Gobierno dejó desprotegidos a los menores, a las mujeres y a todos los ciudadanos en sí, por lo que se está hablando de un enorme fallo del Estado en materia de derechos humanos y cumplimiento de la normativa jurídica que contradice su propia competencia.

El hecho de solucionar un problema creando otro solo lleva a la reiteración de que el Gobierno y otras instituciones públicas tienen ciertas deficiencias con respecto a las estrategias de solución de problemas, existe un sesgo en la planificación y estudio previo de las problemáticas costarricenses lo que ocasiona que muchas veces las soluciones sean improvisadas, ineficaces e inútiles y solo agraven más las dificultades que tiene el país para mejorar.

Por otro lado, el presidente Luis Guillermo Solís defiende el hecho de que unos pocos presos con beneficios que fueron quienes cometieron crímenes en los últimos meses no significa que el resto de los reos lleguen a cometer los mismos delitos. Existe certeza en esta declaración debido a que no se debe juzgar al resto de beneficiados a quienes se les otorgó una oportunidad de libertad por el simple hecho de que unos singulares no pudieron cumplir con la norma, un punto de vista válido y necesario a tomar en cuenta pero que no elimina la responsabilidad social que recae sobre los funcionarios públicos que tomaron esta decisión.

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