Argentina frente a Venezuela: entre los principios y el pragmatismo

CRIES
4 min readNov 18, 2016

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Gino Pauselli

La situación económica y política en Venezuela es desoladora. Más allá de que no se puede hablar de un régimen democrático en Venezuela, el país se encuentra frente a una crisis económica de enormes dimensiones. Faltan bienes básicos como alimentos y medicamentos y se ha incrementado enormemente el número de pedidos de asilo por parte de venezolanos. A su vez, se propagó la malaria en el país y, si bien no se cuentan con datos confiables, se sospecha que la cantidad de casos puede ascender a varias decenas de miles para fin de año.

Venezuela ha sido uno de los principales socios políticos de la Argentina en el último decenio. Con el nuevo gobierno y frente a la crisis venezolana, la Argentina se encuentra en un dilema entre principios y pragmatismo. La política exterior de la nueva gestión se caracteriza por la capacidad de dejar de lado las pasiones y las recetas ideológicas para dar paso a posturas pragmáticas para alcanzar los objetivos que se propone el gobierno. Sin embargo, el liderazgo y protagonismo que busca el país tanto a nivel regional como internacional pasa, en parte, por el mundo de las ideas y de ser un buen ciudadano internacional. Una de las áreas en donde el país ha pasado de ser un paria a un líder internacional, en términos de Kathryn Sikkink es en la protección y promoción de los derechos humanos.

Argentina se ha caracterizado por tener una política exterior en derechos humanos constante y activa, tanto en el plano bilateral como en el multilateral. Para muchos analistas y funcionarios, Argentina es un ejemplo en materia de derechos humanos a nivel internacional. Después de las severas violaciones a los derechos humanos realizadas en el último gobierno militar (1976–1983), el país se encaminó hacia una postura de firme respeto, defensa y promoción de los derechos fundamentales, hasta tal punto que se convirtió en un consenso político y social que abarcó a los tres poderes del Estado y a los partidos políticos de todo el espectro ideológico. Los principales temas que se consideran en materia de derechos humanos en Argentina están relacionados con la verdad, la memoria y la justicia, la libertad de expresión, la integridad física, y el respeto de los valores democráticos. Estos elementos están muy vinculados a los derechos civiles y políticos (o de primera generación) como consecuencia de la importancia del pasado histórico del país en la memoria colectiva.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado y denunciado diversas violaciones a los derechos humanos: ataques e intimidaciones a defensores de derechos humanos y periodistas, arrestos arbitrarios de políticos opositores, excesos en el uso de la fuerza por parte de la policía y los militares, impunidad a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, deportación — bajo deplorables condiciones — de refugiados colombianos, superpoblación y violencia en las cárceles, e impedimentos para el acceso a la justicia de víctimas de violencia de género.

¿Qué ha hecho la Argentina? Autoras como Kathryn Sikkink y Beth Simmons señalaron el poder que tiene la presión internacional en términos de naming and shaming y el rol de las instituciones internacionales en modificar las prácticas de derechos humanos de los países. En este sentido, los funcionarios del gobierno argentino no han ignorado la situación venezolana y han manifestado su preocupación de forma unilateral como en conjunto con otros países de la región. Estos hechos suelen tener como efecto situar al país violador de derechos humanos en una situación de paria de la comunidad internacional a través de críticas de estados o instituciones internacionales y/o regionales. Como ningún país quiere ser excluido de la comunidad internacional, se espera que entren en discusiones sobre si su comportamiento se adecúa a lo que la comunidad internacional esperan de ellos y, eventualmente, modifiquen su comportamiento en el corto y mediano plazo. Además, las instituciones internacionales (y regionales) cumplen un rol fundamental socializador de las normas internacionales. Por este motivo varios analistas argumentan que es mejor tener a Venezuela adentro del Mercosur y otras instituciones regionales que afuera. Mientras Caracas continúe participando de estas instancias regionales, se generarán más instancias de intercambios entre diplomáticos y funcionarios que podrían conllevar a intercambios y discusiones que posibiliten un cambio al interior del estado venezolano.

Pero, por otro lado, otros analistas argumentan que con solamente condenar no se logrará un cambio interno positivo en Venezuela. Para autores como Emilie Hafner-Burton, en los procesos de mejoras de las condiciones de derechos humanos de un país lo fundamental es la presión material por parte de un estado poderoso. En otras palabras, el prestigio y las normas internacionales importan poco si no se incorpora una cuota de poder. En el caso venezolano, los únicos actores que tienen la capacidad material para hacerlo serían China y Estados Unidos. En ambos casos, pero por motivos distintos, no se han involucrado en el proceso venezolano y es poco probable que lo hagan en el corto plazo.

La propuesta argentina de desincentivar la condena regional y poner el acento en el diálogo político entre las partes ha buscado el objetivo a partir de medios más pragmáticos. Sin embargo, en base a este escenario, la sola intervención argentina o de la región sin la intervención de una potencia como Estados Unidos o China es poco probable que genere un impacto sustantivo en las condiciones internas de derechos humanos de Venezuela. Y, sin embargo, el país está condicionado por su historia reciente y la imagen internacional que proyecta de líder en materia de derechos humanos en donde se le dificulta desentenderse de la cuestión venezolana.

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Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales