Yoston Ferrigni Varela
La guerra ha sido un capítulo demasiado cruel y dramático para Colombia y la paz ha sido la esperanza por más de cincuenta años. Por ello, el rechazo del acuerdo firmado con las FARC, sorprendió a los líderes políticos, a los analistas y a las mismas encuestadoras.
Desde Belisario Betancourt (1982–1986), los colombianos habían venido buscando infructuosamente la paz sin que las FARC mostraran interés sincero en terminar la guerra. Uribe (2002–2010) dio un viraje a la fallida estrategia de paz de Pastrana. Ofreció diálogo, pero simultáneamente fortaleció la capacidad de combate de la fuerza pública y desplegó una mortífera ofensiva que debilitó la capacidad combativa de las FARC. El responsable de buena parte de esa demoledora ofensiva, fue el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos. De manera que cuando Santos asumió la presidencia, en 2010, nadie podía acusarlo de tolerante.
Santos mantuvo la ofensiva y asestó golpes adicionales que debilitaron todavía más a la guerrilla; continuó desarrollando el marco jurídico que permitiría negociar la paz y apoyado en la ofensiva militar, presionó a las FARC para que negociaran sinceramente y ofreció un tratamiento especial a los guerrilleros que abandonaran la guerra. En 2011, las FARC se encontraban virtualmente derrotadas y sin opción alguna, frente a la proposición de negociar.
Habían perdido la mayor parte de sus combatientes por captura, muerte y deserción; habían perdido el núcleo fundamental de sus comandantes y miembros del secretariado político, incluidos dos comandantes en jefe; carecían de apoyo popular y enfrentaban un rechazo creciente, abanderado por la consigna de un millón de voces contra las FARC; la tesis de la lucha armada sufría un descalabro y muchos guerrilleros estaban desertando para acogerse a la desmovilización ofrecida por el gobierno. En estas condiciones, combatir había dejado de ser una opción. Sin capacidad para retomar la ofensiva o para resistir la presión militar, con su aparato económico destruido y con una desbandada de sus combatientes, el diálogo devino en necesidad.
Desde 2011, el gobierno y las FARC tuvieron contactos secretos, acompañados por concesiones mutuas que propiciaron la confianza. En junio de 2011 se aprobó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en febrero de 2012 las FARC anunciaron que renunciaban al secuestro y liberaron a los últimos militares y policías que retenían y en junio de 2012, el Congreso aprobó el Marco Jurídico para la Paz, instrumento legal para negociar con la guerrilla. Así, el 26 de agosto de 2012, se firmó en la Habana un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
El acuerdo fue rechazado por Álvaro Uribe, quien enterado del contenido de las conversaciones secretas, consideró inaceptable que se negociara la institucionalidad democrática con el cartel de drogas, secuestro y asesinato más grande del mundo, que se les perdonaran los delitos cometidos y que fueran premiados políticamente. Las encuestas, en cambio, mostraron que la mayoría de los colombianos apoyaban las conversaciones, aunque con un margen que apenas sobrepasaba la mitad de los electores.
Pero no era poco lograr que las FARC, que habían burlado todos los llamados de paz y cuya ética revolucionaria digería sin atoros la alianza con el narcotráfico, aceptaran abandonar las armas. No era poco lograr que un movimiento que consideraba revolucionario volarle la cabeza a una campesina, con un collar explosivo, aceptara al sistema democrático como camino de libertad y justicia y que exigiera garantías para convertirse en actor de pleno derecho. Era el quiebre de la lógica que había sustentado la existencia de las FARC y de la tesis política que había conducido a la guerra. Era un avance enorme, con aroma de victoria.
Conminar a la guerrilla a rendirse, requería una derrota que no había sido lograda por Santos, pero tampoco por Uribe. Las FARC estaban técnicamente derrotadas, pero una derrota técnica no era suficiente. La paz tenía que ser negociada.
Las conversaciones marcharon con agilidad y pronto se alcanzaron acuerdos sobre los diferentes puntos de la agenda. A principios de 2016, los negociadores daban los últimos toques al acuerdo final. El 29 de agosto, entró en vigor el cese al fuego y el 26 de septiembre se firmó el acuerdo final, en un acto en el que el jefe de las FARC, pidió perdón a la nación.
Pero el acuerdo, un compendio de pleonasmo, redundancia y eufemismo de 297 páginas, mostró un enorme desequilibrio, en el que la paz, más que negociada, parecía comprada con sobreprecio y sin costo alguno para las FARC.
Ciertamente, negociar implica dar y recibir. En una negociación, cada parte debe resultar parcialmente gratificada pero ninguna puede obtener todo lo que desea. Si no se acepta este principio, no es posible negociar. Pero, ¡ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre! Así como sería osado negociar sin conceder, sería estúpido dar sin recibir. Lograr un acuerdo a punta de concesiones, no requiere sabiduría alguna, es simplemente rendirse.
Que el Gobierno Colombiano ofrezca amnistía (sin indulto por crímenes de guerra), que se suspendan las condenas dictadas por la justicia ordinaria, hasta tanto sean tratadas por la jurisdicción especial que se creará y que se comprometa a realizar una reforma agraria, a gusto de las FARC, pueden parecer concesiones razonables de la delegación gubernamental.
Que el gobierno se comprometa a proteger a los integrantes de las FARC con un Sistema Integral de Seguridad; que apoye su reincorporación a la vida normal mediante una asignación de 2 millones de pesos para cada guerrillero y una renta mensual del 90% del salario mínimo mensual, durante 24 meses (prorrogables); que asuma los pagos por seguridad social y salud, y que ofrezca a cada integrante un apoyo eventual de 8 millones de pesos, para proyectos productivos; que acepte financiar una cooperativa para los guerrilleros, sigue siendo aceptable.
Que acepte propiciar la participación política de las FARC, facilitando su conversión en un partido político y que garantice el ejercicio de sus derechos políticos, todavía es comprensible.
Pero que el Gobierno Colombiano se comprometa a regalar a las FARC 5 de senadores y 5 diputados, durante dos períodos constitucionales; a sostener el funcionamiento del partido con asignaciones anuales y a financiar la difusión de su plataforma ideológica y programática hasta 2026; que acepte destinar una partida presupuestaria para financiar un Centro de Pensamiento y Formación Política de las FARC, hasta el año 2022, parece una dádiva inaceptable.
¿Cómo fue posible que los negociadores del gobierno malbarataran las fortalezas y ventajas logradas en el campo militar y político, y desaprovecharan las debilidades, y desventajas de las FARC? ¿Cómo fue posible que desde una posición de poder se lograra un acuerdo con cara de derrota?
La negociación fue acompañada por una amenaza que trastocó la perspectiva de los negociadores gubernamentales y que fue aprovechada por las FARC: el miedo al reinicio de la guerra si no se alcanzaba un acuerdo, impuso el ceder como peligrosa herramienta, desnaturalizando el concepto de negociación. Con ese miedo por delante, la paz devino en buena a cualquier precio y la negociación se convirtió en colaboración, en delirante predisposición a ceder para avanzar! El acuerdo logrado convirtió una victoria técnica en una derrota negociada.
La amenaza era sólo un globo inocente. El reinicio de la ofensiva guerrillera no era posible; las FARC carecían de capacidad para ello y la doctrina de la lucha armada tenía cada vez menos seguidores.
El acuerdo firmado equivalía a convertir al gobierno colombiano en creador de las condiciones para la realización del proyecto de las FARC; en gestor de su proyecto agrario, en financiador y garante de su proyecto político y en facilitador de la difusión de su doctrina política. Cabría decir, que el acuerdo alcanzado convertía al gobierno colombiano en responsable de un proceso de reconciliación fundado en el debate libre de ideas y en el respeto y la tolerancia de las diferencias políticas, de manera que las FARC pudieran obtener el poder por la vía pacífica. Pocos ejemplos se encuentran de negociadores tan incompetentes.
En el plebiscito ganó el odio, ha dicho por allí algún analista chapucero. Yo, por el contrario, creo que con los ojos húmedos, pero sin cobrar lágrimas, Colombia le ha vuelto a decir SI a la paz, pero también a la prudencia y a la sensatez política.
Yoston Ferrigni Varela es profesor e investigador jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.
