Luis Fernando Ayerbe, Universidade Estadual Paulista (Unesp)
La polarización entre gobierno y oposición, característica de la política venezolana desde la elección de Hugo Chávez en 1998, se profundiza después de su muerte y la ajustada victoria de Nicolás Maduro sobre Henrique Capriles, paralela al deterioro de la economía por creciente inflación, alta del dólar, desabastecimiento de productos de consumo básico y restricción de divisas en un país fuertemente dependiente de las importaciones.
La obtención de mayoría en la Asamblea Nacional por parte de la oposición liderada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en diciembre de 2015, genera un espacio institucional de actuación fuera del control gubernamental, fortaleciendo la ofensiva para viabilizar el referendo revocatorio de Maduro, que por otro lado cuenta con apoyo Judicial para bloquear iniciativas del Legislativo que considere antagónicas con su agenda política. Situamos aquí el primer impasse en la búsqueda de resolución negociada de la crisis en el marco de las instituciones: choque de poderes del Estado.
Si bien el deterioro económico es constante, la pérdida de apoyo popular del gobierno se acentúe y se tornen más explícitas las voces críticas al presidente en el interior del chavismo (ver Pedroso, Carolina, http://unesp.br/semdiplomacia/opiniao/2016/51), aparentando escenario de desmoronamiento inminente, otros dos impasses colocan en suspenso esa posibilidad.
En el ámbito regional, los cambios presidenciales en Argentina y Brasil retiraron de Venezuela dos aliados fundamentales. Mauricio Macri y Michel Temer pasaron inmediatamente a una posición crítica, alineada con Estados Unidos, en temas de democracia y derechos humanos. Sin embargo, una ruptura pautada en intervencionismo externo por sanciones económicas y apoyo a accionar destituyente de actores internos, aunque obtuviese suceso, no sería garantía de estabilidad. La polarización gobierno/oposición se invertiría, acrecentando dinámicas insurreccionales por posible protagonismo de colectivos armados en contexto de dificultades económicas y descontento social, con impactos migratorios en países vecinos. La explícita violación de la soberanía venezolana podría alimentar impasse en la gobernabilidad regional, implicando en polarizaciones diplomáticas en la OEA, CELAC y UNASUR.
En el ámbito interno, el gobierno cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas, si bien existen especulaciones sobre la fidelidad de la tropa a los altos mandos en eventual decisión de represión masiva frente a movilizaciones por la salida de Maduro. Forzar la tomada de las calles contando con la perspectiva de bloqueo de la capacidad represiva del Estado similar a la Primavera Árabe en Túnez y Egipto, sin envolvimiento ostensivo de actores externos, aunque tuviera suceso, enfrentaría en secuencia los desafíos apuntados anteriormente en términos de permanencia de la crisis de gobernabilidad por la capacidad de reacción de los sectores desplazados del poder.
El enfrentamiento entre instituciones del Estado en escenario de profundización de la crisis económica, o las victorias pírricas de eventual deposición de un presidente electo, revelan impasses a salidas que apuesten a la profundización de antagonismos. Así parecen entenderlo las gestiones negociadoras del Vaticano y de Estados Unidos, respectivamente conducidas por Claudio María Celli y Thomas Shannon.
Como parte de ese proceso, representantes del gobierno y de la MUD decidieron establecer una Mesa de Diálogo, con encuentros periódicos coordinados por la UNASUR y la Iglesia. Hasta la conclusión de este artículo, finalizaron el 12 de noviembre las primeras reuniones de negociación, con declaración final en que se destaca el compromiso en respetar la constitución como marco legal de resolución de diferencias políticas, con implicaciones directas en temas que enfrentan Legislativo y Judiciario, como el referendo revocatorio.
Caso se llegue a una salida que suscriba nuevas elecciones, queda en abierto un cuarto impasse a la gobernabilidad, especialmente si se tiene en cuenta que el camino de la recuperación económica combinará arduo ajuste con polarizadas pujas distributivas. Desde 1999, el proceso bolivariano promovió vía reforma constitucional cambios profundos en las instituciones e implementó programas sociales de impacto en amplios sectores de la población, que generan expectativas de inserción ascendente en la ciudadanía. Paralelamente, emergen grupos políticos, económicos y militares que se incorporan al status quo del capitalismo venezolano (ver Ayerbe, Luis Fernando, http://unesp.br/semdiplomacia/opiniao/2015/40).
La elección de Donald Trump en EE.UU. genera especulaciones sobre el ascenso de una derecha republicana pautada en visiones dicotómicas amigo-enemigo y opción preferencial por el hard power, subestimando la complejidad del nuevo establishment venezolano después de 17 años de predominio chavista. Conforme puntualizamos, apuestas excluyentes de actores con efectivo enraizamiento en fracciones dominantes del poder, principalmente si conducidas desde el exterior, tienden a profundizar impasses.
Si prevalece la perspectiva negociadora, contemplando el actual perfil de representatividad del gobierno y la oposición, más allá de la coalición que se viabilice en futuras elecciones, el desafío estratégico será encauzar la diversidad de intereses entre élites tradicionales y recientes hacia un orden político expresivo de nuevo concierto hegemónico.
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