Escenarios para un proceso de paz en crisis — David E. Santos Gómez

La implementación del proceso de paz en Colombia vive su momento más crítico tras la detención por acusaciones de narcotráfico de Jesús Santrich, exguerrillero de las Farc ahora con curul asegurada en el Congreso. [1] Acusado por un juzgado de Nueva York de conspiración para exportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos, el antiguo líder negociador fue capturado en su residencia de Bogotá por la Fiscalía colombiana que presentó pruebas sobre delitos cometidos después de la firma del acuerdo de La Habana.

Tanto el Gobierno de Juan Manuel Santos como el partido político de la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), coincidieron en la gravedad del hecho y manifestaron sus preocupaciones por las consecuencias que este tendrá en el lento camino del post acuerdo, aunque lo interpretaron de formas radicalmente opuestas.

Para la Presidencia, de confirmarse las acusaciones, se trata de un incumplimiento del compromiso explícito de no delinquir una vez rubricado el acuerdo, pero al mismo tiempo es una muestra de la fortaleza de lo pactado pues se ratifica en las promesas de no impunidad y dureza estatal con aquellos que pretendan seguir en la ilegalidad. Santos, en una alocución presidencial de emergencia el día de la captura, pidió serenidad ante la crisis, aunque insistió en que hay pruebas “contundentes y concluyentes” del delito y, de corroborarse, “no le temblará la mano para extraditar” al exguerrillero.

Para la Farc, por el contrario, es el ataque más contundente que ha sufrido el proceso de paz desde su inicio en el 2012 y lo deja en un grave limbo que podría dar al traste con lo logrado. Tanto Rodrigo Londoño “Timochenko” como Iván Márquez[2], excombatientes y ahora los políticos de más alta jerarquía en la organización, no dudaron en principio en cuestionar las pruebas presentadas por la DEA e insistieron en que se trata de un montaje judicial orquestado por la Fiscalía en connivencia con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos días, se han mostrado fracturas al interior del grupo. Mientras Márquez dejó Bogotá y regresó a la zona del Caquetá, en el sur del país y antigua fortaleza guerrillera, como una forma de protesta contra la detención y exigió la liberación sin condiciones de Santrich; Londoño sorprendió con una declaración pública en la que reconoció que todo aquel exguerrillero que se haya sometido al proceso de paz y lo incumpla deberá someterse a la justicia según lo pactado. “Es nuestro deber actuar ajustados a ellas (las leyes colombianas). Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias, y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido”, aseguró la cabeza principal de la Farc.

Con un claro propósito de disminuir la tensión, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con Londoño en la Casa de Nariño y le prometió respetar las garantías a las que tiene derecho el acusado. Insistió, además, en que el proceso será adelantado por la justicia transicional y no seguirá los lineamientos de una acusación común aún cuando el supuesto delito fue cometido después de la firma de la paz.[3] Al final del encuentro de más de una hora ambas partes insistieron en que el proceso seguirá adelante, aunque reconocen la profundidad la crisis.

La Justicia Especial para la Paz (JEP), organismo creado en el Tratado para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, será la encargada de revisar el caso y, de comprobarse que los hechos ocurrieron después de la firma, Santrich pasará a la justicia ordinaria y perderá todos los beneficios de perdón otorgados en La Habana. De encontrarse culpable la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia tomarán la decisión de su extradición.

Las pruebas contra el líder de la Farc parecen sólidas. El gobierno de Estados Unidos lo siguió durante más de seis meses, interceptó sus llamadas e incluso infiltró su círculo cercano. Según las acusaciones que llevaron incluso a la emisión de una circular roja de la Interpol, Seuxis Peucos Hernández Solarte (verdadero nombre de alias Santrich) acordó, en noviembre del año pasado, el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos, en asocio con el Cartel de Sinaloa e incluso entregó, como prueba de la seriedad del pacto, cinco kilos de la droga a sus futuros compradores. Hay fotos, videos y audios de las reuniones que se dieron en la casa del excombatiente y en un hotel de la capital colombiana.

Impacto en país dividido y políticamente polarizado

Las consecuencias de la detención de Santrich van de lo jurídico a lo político en un país que a finales de mayo irá a las urnas para escoger el sucesor de Juan Manuel Santos.

Si bien el Gobierno insiste en que la detención es una muestra fehaciente de que no hay impunidad y las instituciones y el Estado no fueron afectados de manera alguna tras el acuerdo con la Farc, los opositores al proceso interpretan lo opuesto e insisten en que la guerrilla no ha sido seria en sus compromisos y una mayoría de sus integrantes siguen delinquiendo.

El principal partido político que sostiene esta tesis es el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe y máximo opositor al acuerdo de La Habana. Su candidato presidencial, Iván Duque, asegura que el gobierno de Santos se dejó doblegar por una guerrilla que pudo derrotar militarmente y que, aunque hay que mantener el trámite del post acuerdo, es necesario hacer ajustes que eviten la impunidad. Este discurso, que ha sido reforzado mediáticamente desde la detención de Santrich, tiene al candidato del uribismo como primero en las encuestas de intención de voto con cerca del 40 por ciento y seguido muy de lejos, con poco más del 20 por ciento, por el ex alcalde de Bogotá y líder de izquierda Gustavo Petro.

En una clara intención de distanciarse del uribismo, otras colectividades políticas como el Partido Liberal, el Partido de la U, la Alianza Verde o el Polo Democrático, han reclamado cabeza fría en estos momentos y piden que se valore lo obtenido tras el acuerdo: la disminución en más del 80 por ciento de las muertes violentas, en más del 92 por ciento de los secuestros extorsivos y en cerca del 40 por ciento en el deslazamiento forzado interno; aún cuando reconocen que se mantienen las amenazas de nuevas bandas criminales (Bacrim) dedicadas al narcotráfico y la persistencia en la lucha armada de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); ambos grupos ávidos por entrar a los territorios que dejaron las Farc.

Pero además de los alcances políticos, una posible extradición de Santrich (en grave estado de salud por una huelga de hambre tras su detención) tendría enormes consecuencias en los desmovilizados de la guerrilla que se mantienen en los centros de concentración dispuestos por el Gobierno y muchos de los cuales se sienten perseguidos por un Estado contra el que lucharon por más de medio siglo. En palabras de los dirigentes de la Farc, de concretarse el pedido para llevar al excombatiente a Estados Unidos, el “proceso de paz volará por los aires”. Para Enrique Santiago, abogado español y principal asesor del ahora partido político de la Farc, este puede ser el primer caso de una seguidilla de acusaciones contra los exguerrilleros que terminen por reventar lo que se construyó durante más de cuatro años de negociación.

La crisis llega en un momento crítico para el post acuerdo, con las dudas de si se le dará continuidad en la siguiente presidencia, y con quejas recurrentes por parte de la Farc de la lentitud en el cumplimiento de lo acordado. Los plazos propuestos para iniciar el andamiaje de la Justicia Especial para la Paz y la reincorporación a la sociedad civil de los excombatientes se han incumplido consecutivamente. Aunque Santos, en su reciente reunión con Rodrigo Londoño, también se comprometió a crear una comisión para acelerar los acuerdos y lograr con mayor celeridad resultados tangibles, el tiempo corre en su contra y los antiguos insurgentes acusan inconformismo y desmoralización.

Twitter se ha convertido en el campo predilecto para que ambos extremos hagan acusaciones y descarguen sus inconformidades, lo que arroja un manto de oscuridad sobre las declaraciones oficiales tanto de la Farc como de los partidos políticos en disputa por la próxima presidencia. La velocidad de reacción ante los acontecimientos genera con frecuencia actitudes pasionales e inconsultas que son desmentidas con el pasar de las horas o generan contradicciones. Esta dicotomía es palpable en el partido político de la antigua guerrilla que por momentos acusa de sabotajes cualquier acusación, luego amenaza con echar al traste todo lo pactado y, horas después, insiste en su compromiso con la paz y la implementación de los acuerdos.

Varias preguntas quedan en el aire y buscan ser resueltas mientras avanza el caso Santrich. Por un lado, de encontrarse culpable, es urgente determinar qué tan involucrados están otros miembros de la Farc en delitos cometidos tras la firma en La Habana y hasta qué nivel siguen las relaciones de los altos mandos de la ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con el tráfico de narcóticos. De ser cierta la acusación de Estados Unidos parece imposible que el envío de diez toneladas de cocaína fuera obra únicamente de Jesús Santrich y los otros tres detenidos.[4] Si los números de exportación de drogas no han disminuido en Colombia, ¿hasta qué punto se ha desmantelado el andamiaje narcotraficante de la antigua guerrilla?

¿Cómo reaccionará la Justicia Especial para la Paz ante su primer gran reto como parte de un proceso de justicia transicional? Sus logros o flaquezas serán fundamentales para la fortaleza del post acuerdo y la credibilidad de sus miembros tendrá un duro examen. Al mismo tiempo, una sociedad evidentemente dividida por el proceso espera un equilibrio difícil de conseguir entre la justicia y la reparación que no de cabida a impunidad.

Por último, y ante la cercanía de una nueva presidencia que según la mayoría de las encuestas quedará en manos del uribismo, ¿qué tan estables resultarán los acuerdos frente a un nuevo gobierno que, desde la oposición, los criticó con fiereza?

La forma en la que afronte el proceso de implementación de los acuerdos un posible gobierno de Iván Duque, heredero principal del expresidente Uribe, también resolverá las dudas sobre su nivel de independencia como primer mandatario. Para muchos, el candidato de 41 años puede distanciarse de su tutor político una vez asuma en el Ejecutivo. Esa es quizá hoy la mayor incógnita de la política colombiana y el temor recurrente en los pasillos del oficialismo. No se puede olvidar que, a partir de agosto, los que hoy están en el gobierno y sus aliados pasarán con toda seguridad a las toldas de la oposición y el presente enfrentamiento tendrá a los mismos protagonistas, pero sus papeles estarán invertidos.

[1] El gobierno de Colombia y las Farc realizaron una negociación de paz en La Habana, Cuba y Oslo, Noruega entre septiembre de 2012 y agosto de 2016. Del proceso resultó el Acuerdo para la Terminación definitiva del Conflicto, un documento en el que la guerrilla se comprometió a abandonar la lucha armada, reinsertarse a la vida civil y terminar un enfrentamiento contra el Estado de más de 50 años. Actualmente, con la guerrilla desmovilizada, se adelanta la implementación de lo acordado que incluye, entre otras cosas, la participación política de la ahora denominada Fuerzas Alternativa Revolucionaria del Común con un mínimo fijo de diez curules en el Congreso (cinco en el Senado y cinco en la Cámara) por los próximos dos periodos legislativos.

[2] El principal líder de la Farc es Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, quien lideró al grupo insurgente y luego, en la civilidad, se postuló como candidato a las elecciones presidenciales de mayo próximo, aunque, posteriormente, y por problemas de salud, declinó su aspiración. Iván Márquez, antiguo miembro del secretariado de las Farc, es conocido como otra de las cabezas visibles del nuevo movimiento político.

[3] Los hechos por los que se le acusa a Jesús Santrich fueron supuestamente cometidos entre junio de 2017 y marzo del presente año. El acuerdo de paz logrado entre las partes se compromete a un amplio perdón de los delitos de la guerrilla siempre y cuando estos hayan sido cometidos con anterioridad a septiembre de 2016, fecha en la cual finalizó la negociación.

[4] Con Santrich fueron detenidos Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), Armando Gómez alias “El doctor”, y Fabio Simón Younes Arboleda; todos involucrados en la conspiración para el envío de cocaína a Estados Unidos. Marín ya realizó un acuerdo con el gobierno de E.U. y viajó a ese país custodiado por la DEA con el compromiso de delatar a aquellos que hicieron parte del entramado ilegal.

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