Rafael Uzcátegui
Debido al progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y las diferentes violaciones de las garantías fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Venezuela en su Capítulo IV desde el año 2002. Siete años después, en el 2009, la Comisión realizó un informe especial “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, en la cual expresaba: “La Comisión nota que en Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación (…) La Comisión advierte que la intolerancia política no solamente dificulta la vigencia de las instituciones democráticas sino que conduce peligrosamente a su debilitamiento”.
En el año 2012 Provea difundió una investigación que tituló: “Inclusión en lo social, exclusión en lo político. 15 años en DDHH en Venezuela”. Allí quedaban reflejados los avances en derechos sociales, debido a una serie de políticas sociales financiadas por los altos precios del mercado petrolero, pero también los preocupantes estancamientos y retrocesos en derechos civiles y políticos. A partir del año 2013, con la elección como presidente del país de Nicolás Maduro esta situación cambió. El final de la llamada “década de los commodities” y la ausencia de controles en el gasto público hicieron emerger una crisis económica que, por las propias cifras oficiales disponibles, ocasionó el aumento de la pobreza en el país. Según la proyección de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para finales del 2015 tuvimos en Venezuela la misma cantidad de personas pobres que existían en el año 2000, alrededor de 12 millones de personas, lo cual sugería que los esfuerzos por reducir la exclusión en años anteriores se habían evaporado bajo la gestión sindicalista del Metro de Caracas.
Además del aumento de la pobreza, la gestión madurista aumentó la militarización del país y promovió una política de seguridad ciudadana, bajo el curioso nombre “Operativo de Liberación del Pueblo”, redadas indiscriminadas en zonas populares, que rompió records en materia de violación del derecho a la vida, libertad e integridad personal registrados desde 1999.
El siguiente hito lo constituyó el decreto 2.323, del 16 de mayo de 2016, mediante el cual el gobierno declaró “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, otorgando amplias atribuciones al presidente para enfrentar la llamada “guerra económica”. En ese momento un conjunto de ONG calificó la decisión como “ruptura del hilo constitucional”, expresando que la posibilidad que la ciudadanía se expresara a través de elecciones (en momentos en que se esperaban anuncios sobre comicios regionales y el referendo revocatorio) era el único elemento que permitía seguir calificando al gobierno como “democrático”. Esta posibilidad fue cercenada el pasado 20 de octubre de 2016, cuando por decisiones de tribunales sin competencia en asuntos electorales, quedó suspendido el referendo revocatorio. De esta manera se cumplieron las amenazas, realizadas por diferentes voceros oficiales incluyendo al presidente, de impedir por cualquier medio el ejercicio de este derecho, presente en la Constitución, para evaluar la gestión de los funcionarios electos a mitad de su mandato. Tras el análisis de la situación, Provea concluyó que no se estaba en presencia de una simple dilación del proceso, sino ante el anuncio que no se permitirían elecciones hasta que el gobierno pudiera obtener resultados favorables. Por esta razón Provea, una ONG con 28 años de trabajo en el país, comenzó a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.
Los partidos políticos opositores rechazaron la decisión y convocaron una serie de movilizaciones, que incluyeron la llamada “Toma de Venezuela” –que según el Foro Penal Venezolano dejó 80 personas heridas por funcionarios policiales y 263 detenciones en todo el país- y un paro general de actividades por 12 horas. Cuando parecía que la confrontación aumentaría de intensidad, el Vaticano anunció su intención de participar como parte de la mediación en un proceso de diálogo, por lo que representantes del gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizaron una primera reunión el domingo 30 de octubre. Cuando esto se escribe la MUD ha anunciado que su prioridad sería la convocatoria de elecciones generales adelantadas para el primer trimestre del año 2017, lo cual ya ha sido rechazado por voceros oficiales como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello debido a su inconstitucionalidad.
Paralelamente un grupo de 54 ONG, incluyendo Provea, han solicitado a la Secretario General de la OEA continuar aplicando la Carta Democrática Interamericana al país. Una comunicación en similares términos fue dirigida a las autoridades de Mercosur, para la aplicación del artículo 1 del Protocolo de Ushuaia II, que establece sanciones para los Estados miembros en caso de ruptura del estado de derecho.
Rafael Uzcátegui es Coordinador General de Provea.
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