Venezuela y el MERCOSUR: donde lo político prima sobre lo jurídico
Elena Tarditi
El estancamiento que sufre el MERCOSUR frente a la crisis en Venezuela no debe sorprendernos. En el MERCOSUR, la problemática de Venezuela ha sido desde los inicios, el resultado de una mala gestión en la incorporación de este país al bloque regional. Hace diez años, se firma el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR (04/07/06) y se conforma un Grupo de Trabajo con el fin de dar seguimiento a este proceso. A pesar de haber sido alertados sobre los incumplimientos jurídicos de Venezuela con los compromisos asumidos, los Estados deciden continuar con el proceso de adhesión. Teniendo en cuenta las afinidades ideológicas de los Jefes de Estado, se toma esta decisión política y se hace caso omiso del tema. Esta mala gestión cobra una nueva dimensión cuando en el 2012, Venezuela se incorpora como miembro pleno del MERCOSUR. Luego del juicio político y destitución del Presidente Lugo, Paraguay, el único país que no había ratificado el Protocolo de Adhesión de Venezuela, queda suspendido del MERCOSUR. Los demás Estados Partes deciden aprovechar esta oportunidad y aprobar el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Una vez más, lo político prima sobre lo jurídico pero esta vez dejando una herida letal para el MERCOSUR.
Por otro lado, la parálisis que sufre el MERCOSUR frente a la crisis política y económica en Venezuela refleja una crisis institucional de este organismo. Una vez más, el MERCOSUR nos demuestra su incapacidad en prevenir crisis y en “apagar incendios”. Esta crisis de gobernanza es aún más evidente con las asunciones de Macri y de Temer que producen una fractura en el consenso con respecto a Venezuela.
Sin embargo, a pesar de estos cambios de gobierno, seguimos viendo en el MERCOSUR y sobre todo con respecto a Venezuela, la misma situación en donde lo político prima sobre lo jurídico. El caso del conflicto sobre la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR (PPT) ilustra a la perfección esta constante. Paraguay, Brasil y Argentina se oponen al traspaso de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR a Venezuela. Los motivos oficiales son los incumplimientos parciales de Venezuela en normas del bloque regional que ella aún no ha adoptado. Existen también motivos extra-oficiales. Por un lado, las razones de conveniencia comercial: la negociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea por la liberalización del comercio entre ambas regiones. Y por el otro, el argumento de que en Venezuela no se respetan los principios y valores del sistema democrático. Ni el artículo 12 del Tratado de Asunción (1991) ni el artículo 5 del Protocolo de Ouro Preto (1994) indican que, por razones de incumplimiento jurídico, la PPT no puede ser traspasada. Por otro lado, si bien las razones comerciales son razonables, éstas tampoco impiden que Venezuela ocupe la presidencia. En ambos casos, implicaría que lo político esté por encima de lo jurídico. La única posibilidad de no traspasar la PPT es que haya una renuncia voluntaria de Venezuela o que se le aplique la cláusula democrática. Esto nos lleva a preguntarnos si la aplicación del Protocolo de Ushuaia (1998) es la herramienta adecuada para solucionar el problema de fondo de Venezuela.
El MERCOSUR cuenta con una cláusula democrática vigente, el Protocolo de Ushuaia (1998). Si observamos la situación política de Venezuela, actualmente hay condiciones para aplicar el Protocolo de Ushuaia: violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, presos políticos, etc. Es más, luego del encuentro entre Macri y Tabaré Vázquez parece ser que la posible aplicación de la cláusula democrática será puesta en la agenda de la próxima reunión de los Cancilleres del MERCOSUR programada el 1 de diciembre de este año.
Sin embargo, la aplicación del Protocolo de Ushuaia no es la solución adecuada para resolver esta crisis. Por un lado, el instrumento en sí es un contrato incompleto y carece de precisiones importantes que ponen en riesgo la correcta aplicación del mismo. Por otro lado, la aplicación de esta cláusula democrática podría tener como consecuencia la radicalización de la posición del gobierno venezolano y ahondar la crisis política y económica en este país lo que tendría terribles consecuencias para el pueblo venezolano. Recordemos las consecuencias nefastas que tuvo la aplicación de esta cláusula democrática en el 2012 con Paraguay. La participación del MERCOSUR en la crisis política del 2012 sumada a una campaña de desprestigio liderada por el gobierno de facto, causaron una verdadera fractura entre este bloque y el pueblo paraguayo, y reforzaron la legitimidad del juicio político y del gobierno de Federico Franco, logrando así el efecto contrario al deseado.
Un instrumento que hubiese podido ser útil en este caso es el Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR. Este observatorio fue creado en el 2008 y tiene como objetivos realizar tareas de seguimiento, monitoreo y apoyo a la protección y consolidación de la democracia en los Estados Partes del MERCOSUR. Sin embargo, este observatorio nunca ha podido desarrollarse ni ganar protagonismo, víctima de la crisis estructural del MERCOSUR.
Es tiempo de que los Estados Partes dejen de buscar una salida indirecta, es decir querer suspender el ejercicio de los derechos de Venezuela por su incumplimiento jurídico con los compromisos asumidos al incorporarse al MERCOSUR. Se debe tomar consciencia de la gravedad de la situación y del compromiso democrático como principio rector del MERCOSUR. Esta organización debe apoyar y propiciar un espacio de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, donde sean los venezolanos los que decidan su propio futuro y no sean condicionados por fuera. En síntesis, lo político debe dejar de primar sobre lo jurídico.
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