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Los desaparecidos en democracia

Texto: Emergente

El 18 de septiembre de 2006, mismo día que el ex-policía y represor de la última dictadura militar Miguel Osvaldo Etchecolatz es condenado por la justicia, el testigo clave en su juicio por la fuerzas armadas, Jorge Julio López, vuelve a desaparecer. Al adolescente Luciano Arruga le dicen “tenés los días contados y vas a terminar en un zanjón si te haces el loco”. Recién cinco años después, fue encontrado en una fosa en Chacarita, enterrado como “sin nombre” (NN). El 3 de abril de 2002, Marita Verón fue secuestrada por una red de trata de personas y hasta el momento no se logró rescatarla, después de varios intentos fallidos. Esto dejó ver las conexiones entre altas autoridades políticas y policiales, cómplices de su desaparición. Los casos que trascienden hasta los medios son pocos, pero la lista incrementa. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) registró en su informe anual de 2015, un total de 200 casos de desaparecidos desde el retorno a la democracia en 1983.

Decir que el aparato represivo estatal que la dictadura supo construir está desmantelado, es mencionar una porción de la verdad, ya que solo ha sabido mutar, adaptarse. Finalizado el terrorismo estatal, que supo ser protagonista durante el Proceso, los indultos dieron paso a una transformación del mismo. Con la libertad de sus articuladores asegurada, estos supieron volcar sus talentos hacia otros horizontes. Hasta tanto existan indultos, archivos clasificados y pericias encajonadas seguirá existiendo una inherente complicidad institucional.

Durante los últimos años de la etapa kirchnerista hubo un fuerte consenso sobre la necesidad de incrementar el poderío de las fuerzas de seguridad en el Estado. El incremento a 36 mil efectivos de la Policía Federal Argentina, los 20 mil efectivos de la Prefectura Nacional y la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de 5 mil agentes se suman a la posterior creación en 2014 de la Policía Local de Daniel Scioli, la Policía Comunitaria y la militarizada Policía de Acción Táctica (PAT) acompañan al récord de 92 mil efectivos en actividad de la Policía Bonaerense. Por otro lado, en enero de este año se sumaron 20 mil efectivos de la Policía Federal a los ya 6300 activos de la Policía Metropolitana, evidenciando que el Gobierno actual también refuerza este incremento. A su vez, en la reciente apertura de sesiones del Congreso, tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal dedicaron porciones sustanciales de sus discursos al énfasis necesario de aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad y modernización de sus recursos. La aprobación del uso de armas de electrochoque por las fuerzas policiales, la emisión del Protocolo Antipiquete y el aun mayor incremento de las fuerzas armadas, evidencian que la represión policial y la criminalización de las protestas sociales siguen siendo políticas de Estado.

Las desapariciones son reportadas como tales para encubrir. Constituyen una herramienta para el ocultamiento. La duda sobre el paradero de la víctima, la apariencia de que son casos aislados y la presunta culpabilidad que los medios tradicionales otorgan al desaparecido tuercen la opinión pública de estos casos. La falta de investigaciones de fondo por parte del poder judicial y el rol esencial de los miembros de las fuerzas de represión en los procesos legales habilita a que la problemática real no sea realmente cuestionada. El gatillo fácil, ese eufemismo favorito para el asesinato policial, lava culpas y justifica ejecuciones. Son chorros de barrio, jovenes, locos, ladrones, drogadictos, fumadores de paco y desde allí, los medios de comunicación construyen las noticias sobre la violencia institucional, la necesidad de incremento de las fuerzas de control y el aparato de represión. Desde la vuelta a la democracia hasta finales del año pasado, la CORREPI registró 4644 casos de asesinatos a cargo de los recursos del aparato del estado. Mientras tanto, la esperanza de que la cantidad de nuevos casos descienda, en un contexto actual en que la acción policial es alentada para reprimir la protesta social, suena utópica.

Fuentes:

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