Voto Electrónico: La Democracia Privatizada
punteros 2.0 // el sistema fue vulnerado en 2015 // tecnocracia en campaña // si no es secreto, no es voto
La celeridad en el recuento del voto y la presunta eliminación del robo de boletas son las banderas del gobierno para la panacea de la tecnificación del voto. El poder ejecutivo tiene previsto partidas millonarias en la difusión e implementación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), integrado como parte de la campaña electoral para el año que viene. “El presupuesto está asegurado y en enorme aumento, pero está en manos del poder ejecutivo.” dice Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre. “Se está buscando llegar con la propaganda electoral hasta el ultimo minuto en el cual la persona está votando con campaña oficialista.”
Desde el proyecto del PRO se intenta impulsar la idea de que la Boleta Única Electrónica es una propuesta superadora, que las falencias del voto electrónico han sido superadas. La propuesta de imprimir una boleta como salvaguarda a las vulnerabilidades de recuento. Al respecto, el ministro de Gobierno de la Ciudad Bruno Screnci declaró: “El problema es cuando el voto es puramente electrónico. Lo importante de la BUE es que hay una constancia física de papel, es fácil verificar si alguien quiso hacer algo que no corresponde. Y para eso también hay fiscales”. Si bien la presencia del papel prevendría la copia o la “quema” digital de votos (posible con un celular de media gama), la presencia de boletas no elimina la rastreabilidad del voto. La capacidad de conectar un voto con una persona, la pérdida del anonimato. Esta posible vuelta al voto rastreable viene a digitalizar los punteros territoriales hacia aplicaciones 2.0.
Existe un apartado en el proyecto de ley que establece que las maquinas no deben poseer memoria para almacenar la información, pero este apartado ya existía para la aplicación en Buenos Aires y no se cumplió: Las maquinas que se usaron en la Ciudad de Buenos Aires tienen la capacidad de almacenar información. “Fue probado por tecnicos. Pudieron desarmarlas y auditarlas plenamente. Las maquinas tienen memoria.” cuenta Busaniche, “Queda por ver quien va a corroborar que esas maquinas no tengan memoria, no se auditó de manera oficial. Se puede aplicar desde la ley, pero no hay capacidad viable.”
Una de las premisas de la democracia involucra que el ciudadano de a pie pueda participar en el control de la misma. El sistema aplicado para las elecciones tendría que estimular y permitir la participación ciudadana. La tecnificación de los fiscales no solo reduce ampliamente el margen del proceso, sino que elimina la capacidad de control democrático como proceso global. ¿Cómo saber si cada máquina fue intervenida? ¿Cómo saber de que manera? Especialistas en diversas disciplinas serían necesarios: Software, electrónica, transmisión de ondas entre otros. Estos análisis deberían hacerse urna por urna. Donde antes era fácilmente supervisado por ciudadanos, la capacidad de fiscalizar se vuelve ahora inalcanzable.
El proceso de control democrático y de transparencia del voto quedaría en manos de las empresas privadas de seguridad informática. Y claro está, este proceso no sería gratis. Vendría de la mano de millonarias concesiones por otorgar el servicio: la privatización de la democracia. El único control ejercido sería entonces de quienes tengan al Estado como cliente, de quienes vendan el presuntamente infranqueable servicio. ¿Como confiar en que el mismo albañil que contratamos para construir nuestras rejas todos los años nos diga que las mismas son inútiles? Incluso peor, el albañil que ya nos dijo que la última reja que construyó fue vulnerada.
La empresa Magic Software Argentina (MSA) reconoció el 1 de Julio de 2015, 4 días antes de las elecciones a Jefe de Gobierno, que su sistema había sido vulnerado el 29 de junio. Si la empresa a la cual se le entrega en bandeja la democracia es hackeada una semana antes, una demora de tres días en la denuncia es inadmisible. Por sobre eso, el perito enviado por la Policia Metropolitana para investigar el tema detectó ingresos antes de los que había denunciado MSA, evidenciando ocultamiento (por no decir nada antes) o negligencia (que ni se dieron cuenta). Tras mayores investigaciones encontraron un total de cinco (!) ingresos al sistema, dos desde Estados Unidos. Uno de ellos fue por Joaquín Sorianello. Quien tras ingresar, le avisó a la empresa y denunció en redes esta falla para que se solucionara cuanto antes (y por eso fue encarcelado y luego sobreseído). Los otros cuatro conocidos, realizaron numerosas modificaciones al sistema electoral. Lograron crear personas, “delegados, técnicos, mesas y establecimientos”. Lo más grave es que aún se desconoce si hubo más ingresos al sistema, ya que no fue terminado el análisis.
La vulnerabilidad del sistema no está en cuestión. Todo sistema informático puede ser vulnerado y en el caso de la empresa supuestamente garante de nuestros derechos constitucionales, sabemos que ya lo fue. Queda ahora preguntarse si la rapidez en el conteo de votos, o la supuesta facilidad en la emisión son suficiente razón para poner en jaque el sistema electoral argentino. Ante la propuesta de tener un plan de resguardo en caso de que el sistema fallara, el diputado del PRO Pablo Tonelli, principal impulsor de la reforma, dió una respuesta contundente, pero absolutamente errónea, en vistas de lo ocurrido el año pasado: “El sistema no va a fallar.”
