Los jornaleros que se atrevieron a pedir legalidad


Por Gibrán Mena @ElGibsteria / @Factico_mx

Con un salario de 135 pesos al día por 10 o más horas de trabajo al día, durante los sietes días de la semana que trabajan, tomaría 142 años de trabajo sin descanso a estos jornaleros pagar la multa.

En contraste, en redes sociales se exhibió la multa a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán y acusado de encubrir a Servando Goméz Martínez “La Tuta”, quien pagó 7 mil pesos para enfrentar su juicio en libertad.

Vallejo aparece en este video junto al presunto líder del cártel de Los Caballeros Templarios.

La multa equivale a menos de quince días del salario de cualquier funcionario público.

De acuerdo con organizaciones de jornaleros locales, la mañana del sábado fuerzas de los tres órdenes de Gobierno entraron a “La Triqui”, zona donde viven los jornaleros, de origen indígena, en San Quintín.

De acuerdo con estos testimonios 20 patrullas y un tanque dispararon con balas de goma a la población en al menos cinco domicilios, con un saldo de 70 heridos, de los cuales 60 fueron oaxaqueños.

Esos domicilios donde viven muchos de los jornaleros, sin agua potable, electricidad ni drenaje. Los jornaleros exigen cumplimiento de leyes laborales: contratos de trabajo, jornadas laborales de ocho horas, un día de descanso a la semana, incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que las jornaleras dejen de ser abusadas sexualmente, además del incremento de su salario a 200 pesos diarios.


La migración al norte

La sobreoferta de productos agrícolas producidos de manera industrializada tiene desde hace décadas paralizada al campo mexicano.

Los productores que dependen de técnicas tradicionales no pueden competir contra la tecnología de los grandes productores locales.

En respuesta, hay una migración masiva de campesinos oaxaqueños hacia Estados Unidos. A este estado le siguen Chiapas, Durango y Zacatecas.

Algunos prefieren no cruzar la frontera, pero igual van al norte. Se quedan anclados en las promesas de empresas nacionales como Santa María de los Pinos y Valladolid Aragonés. La segunda de ellas es dirigida por un ex funcionario de Baja California.

Pero las autoridades mexicanas, que exigen a Barack Obama un trato justo para los campesinos migrantes en Estados Unidos, no exigen a los dueños de las agrícolas mexicanas lo mismo.

De acuerdo con medios locales, el 14 de octubre de 2014 y en enero de 2015 hubieron dos mesas de trabajo para discutir temas de derechos laborales para los fumigadores de San Quintín.

Convocó la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (AONEMJUS).

Los jornaleros trabajan en condiciones infrahumanas. Las empresas acusadas de mantenerlos así ya son investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las exigencias de los jornaleros resultaron excesivas para los patrones: exigían que las mujeres no fueran abusadas sexualmente por mayordomos (modernos capataces) y patrones, y que todos ganaran 300 pesos al mes.

Se atrevieron también a pedir afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, derecho a vacaciones, horas extras pagadas y aguinaldo.

Se atrevieron a pedir legalidad.


El bloqueo y los robos

Sus peticiones fueron desoídas. Como respuesta, los miles de jornaleros asociados comenzaron paro de labores y bloquearon durante 26 horas la carretera transpeninsular.

Fidel Sánchez, líder de la asociación, giró instrucciones precisas para evitar el bloqueo a autobuses de turistas y evitar el saqueo.

En tres ubicaciones dichas instrucciones fueron desoídas. Durante la manifestación, gente con el rostro cubierto robó víveres del mercado El Reloj, mercado Padre Kino y un Oxxo.

Francisco Vega De Lamadrid, gobernador de Baja California mejor conocido por su participación en grandes producciones como “Las mujeres están re buenas para cuidar niños”, dijo que ningún productor será solapado y que se tomarían cartas en el asunto.

No mencionó si tomará medidas adicionales a las de la presentación de denuncias por parte de los agricultores.

El Secretario de Desarrollo Económico se alarmó de la gravedad del asunto: de seguir el paro el estado va a perder mucho dinero.


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