ESPAÑA: ALGUIEN TIENE QUE CEDER

Semanas atrás la presidente del Parlamento Ana Pastor definió la fecha del debate de investidura y terminó con un elemento más de especulación, negociación y presión: el tiempo. El inicio del proceso sería el 30 de agosto, y a partir de entonces la legislatura tendrá que investir a un nuevo Presidente de Gobierno dentro de un plazo de 60 días o sufrir su disolución si el objetivo no es alcanzado. El candidato y actual presidente en funciones Mariano Rajoy presentó al Congreso de los Diputados su programa de gobierno y solicitó la confianza para formar gobierno en dos instancias. En la primera, que tendrá lugar el miércoles 31/8, necesitará la mayoría absoluta de votos afirmativos sobre el total de la cámara (350 escaños). Si no lo consiguiese, dos días después puede insistir y en esta segunda sesión alcanza la mayoría simple de votos positivos (esto es, que sean más que los negativos, no cuentan las abstenciones).


LOS PARTIDOS, SUS CÁLCULOS, SUS DEFINICIONES Y EXPECTATIVAS.

Los resultados de las elecciones del 26 de junio, en votos y cantidad de bancas, no difirieron sustancialmente a los de diciembre de 2015, pero alcanzaron para modificar la posición de los partidos de cara a las negociaciones para formar un nuevo gobierno. El leve repliegue de las dos fuerzas nacionales de izquierda (más sensible en el caso de Podemos por sus expectativas ,a pesar de ser el peor resultado del Socialismo desde 1977), la caída de Ciudadanos, y la suba del PP en catorce escaños más la ventaja de 52 sobre el PSOE hicieron que el partido de gobierno se viera presionado a aceptar el encargo del rey en lugar de declinarlo como en enero y a iniciar una ronda de negociaciones para obtener de máxima una mayoría y de mínima un acuerdo para formar un gobierno en minoría.

PARTIDO POPULAR
Los costos de Rajoy y del partido de declinar nuevamente el encargo del rey, o de no asistir a las sesiones si no tenía el triunfo asegurado (como se especuló tras su sinuoso discurso de aceptación) serían altos para el candidato, impropios de la aspiración a gobernar pero también de revertir la imagen de un partido oscurecido por episodios de corrupción y reacio a establecer acuerdos de reformas con la oposición. Así las cosas, el cuadro de situación que enfrenta el PP (137 escaños) es el siguiente: 
 *el apoyo de Ciudadanos (32) tras la firma de un acuerdo de reformas el fin de semana, y de Coalición Canaria (1).
*la negativa de Podemos y sus cristalizaciones regionales gallegas, valencianas y catalanas (71 votos), de las fuerzas independentistas de Cataluña (17), y de Bildu (2)
*la casi segura negativa del Partido Nacionalista Vasco (5) y del PSOE (85).
Lo que muestra este escenario es la virtual imposibilidad de que en la primera votación Rajoy coseche los 176 apoyos necesarios para su investidura, y que en la segunda el favor de Ciudadanos o su abstención podrían llegar a ser algo secundario, importando más la decisión del PNV y, sobre todo, del PSOE, que con sus 85 escaños se erige como el árbitro definitivo de las rondas de votación en el Congreso. Así, la primera sesión será una formalidad, pues Rajoy no cuenta con los 176 votos necesarios para ser investido en ella (su partido más Ciudadanos y el voto canario sólo suman 170). La segunda será la crucial, y allí es donde empieza a jugar la postura más codiciada por el actual presidente en funciones para destrabar la situación política, más incluso que el apoyo en la votación: la abstención.

CIUDADANOS
El caso de Ciudadanos es el de un partido que apunta a mostrarse como garante de estabilidad y reforma del potencial gobierno. Con una pérdida de ocho bancas en relación a las elecciones de diciembre, el rol de la formación encabezada por Albert Rivera pasa a ser el de un actor secundario de una coalición o un pacto de gobierno que matiza con su agenda el programa político de la fuerza a la que auxilia. Así fue que primero con PSOE y luego con PP intentó acordar reformas tendientes a reducción del gasto en la administración pública, transparencia y lucha contra la corrupción y cambios en el sistema electoral (especialmente tras el 26J, en el que el porcentaje de escaños obtenidos fue visiblemente menor al de los votos). El dilema de Ciudadanos es mantener la imagen de formación renovadora a pesar de los acuerdos de investidura que selló con los dos partidos mayoritarios, y mostrarse a su vez “responsable” y dador de gobernabilidad con el riesgo de ser percibido como un garante del continuisimo de los vicios formales de la llamada “casta”. De momento, en vista de la pérdida de votos hacia el PP que tuvo y no poder ser un árbitro como el Socialismo, optó por reforzar la imagen de partido acuerdista y moderado, promotor de consensos, y poniendo como banderas innegociables la integridad territorial, la lucha contra la corrupción y una sinuosa defensa de reivindicaciones de clase media. En tanto, las intervenciones de Rivera advirtiendo de la reversibilidad de los acuerdos si no se cumplen las cláusulas de regeneración institucional, así como la táctica previa al acuerdo vigente de votar NO en primera sesión y abstenerse en la segunda como señal de responsabilidad buscan un equilibrio contra las acusaciones de ser furgón de cola de los Populares.

PODEMOS
La agrupación morada conducida por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón tiene una postura más clara y que no varió desde diciembre: no es posible otra respuesta que NO a la candidatura del PP, cualquiera sea en nombre o programa de gobierno. Las discusiones internas pasaron a un segundo plano por la performance electoral por debajo de lo esperado (apuntando a quitar a PSOE el segundo lugar y adoptar el rol de principal fuerza de oposición) y quedaron expectantes de la decisión socialista sobre la investidura de Rajoy, trasladando la presión hacia ellos y aprovechando su disputa interna. Conforme el socialismo fue decantantando hacia el NO en las dos rondas de votaciones la formación retomó los escarceos con Sánchez y la llamada “solución Iceta” (por el referente socialista catalán que promueve un gobierno de izquierda con acuerdos de investidura con el nacionalismo).

PSOE
De las fuerzas de alcance nacional el PSOE, por su ubicación en el espectro político y la cantidad de escaños de los que dispone, se erige como el auténtico árbitro de la disputa. Es también el que exhibe mayores tensiones internas cuya resolución pueden definir la formación (o no) de un nuevo gobierno y su integración, por lo que conviene detenerse algo más en él.
La posición oficial es, desde la noche misma del escrutinio ,que el PP como primera minoría debe intentar formar gobierno, que para ello debe negociar con las fuerzas afines en el especio del centroderecha, y que el Socialismo se ubicará en el rol de opositor no aceptando formar parte de un gobierno de gran coalición junto y votando NO en las sesiones de investidura. Sus promotores son la conducción nacional del partido, encabezado por su Secretario General Pedro Sánchez Castejón. Sin embargo esta posición no es unánime, y cómo votar en la sesión de investidura de Rajoy es un asunto más en el que se manifiesta la disputa interna entre el sector de los llamados barones (encabezados por Susana Díaz y Guillermo Fernánde Vara, presidentes de Andalucía y Extremadura en orden respectivo) y Sánchez. Díaz de hecho reeditó las declaraciones que hizo tras la elección de diciembre: el partido debe abstenerse en el pleno de investidura, permitir que España tenga un gobierno y ubicarse como formación principal de oposición en el Congreso (rol que deberá disputar con Podemos). A su posición se suman dirigentes de otras comunidades autonómicas y hasta el ex presidente Felipe González, quien sugirió que la abstención sería la opción más sensata. De parte de la conducción, no obstante, mantienen que el NO es innegociable, aunque dirigentes de segunda y tercera línea aceptan en reserva que una opción in extremis de abstenerse en segunda votación es improbable pero no debe ser descartada de plano. Como fuere, cualquier cambio al respecto debería darse tras un congreso federal del partido que por el momento no tiene fecha de convocatoria, y que los llamados barones no parecen urgidos en convocar por varios motivos: especular con las consecuencias que afrontaría Sánchez por bloquear la formación de gobierno mediante el NO a Rajoy, por tensiones con el gobierno central alrededor de deudas con las comunidades, y por la debilidad con la que salieron del proceso electoral (en Andalucía, clásico bastión socialista, el PSOE sólo ganó tres de las ocho provincias, y en Extremadura cedió el primer lugar al PP en las dos).
Del lado de Sánchez, el dilema pasa por sopesar los costos y beneficios de mantenerse en la negativa o mudar a la abstención. Un NO haría que tanto la virtud de la coherencia como la opción de poner en evidencia el aislamiento sistémico del PP y su incapacidad de llegar a acuerdos de gobierno compitan con el costo de ser el responsible del bloqueo, de unas nuevas elecciones y de las consecuencias negativas en lo presupuestario y comunitario que causaría mantener un gobierno “en funciones” incapaz de tomar decisiones políticas, económicas y comunitarias de fondo. En tanto, ceder una abstención para demostrar responsabilidad institucional y reorganizar el partido galvanizaría un voto de centro pero también daría la razón a una porción importante de la ciudadanía que reprocha a los dos principales partidos una escasa diferenciación programática y prácticas de acuerdos y transfuguismo sobradamente repudiadas, al punto de ser este rechazo una de las claves de la reconfiguración del sistema de partidos español. En todo caso, de fracasar Rajoy en sus dos intentos, la disputa interna de los socialistas será la clave para deducir la viabilidad de un nuevo intento de formar gobierno, ya sea por el propio Rajoy o por otro candidato.

PARTIDOS REGIONALES
Finalmente las fuerzas regionales. A excepción del escaño de Coalición Canaria, las fuerzas catalanas y vascas votan NO. El caso catalán es explicable por la creciente hostilidad y desatención del gobierno de Rajoy a las demandas del proceso independentista, y con los partidos vascos había un pequeño atisbo de duda: descontado el NO de Bildu, había especulaciones con que el PNV podría acceder a la abstención a cambio de que el PP vasco hiciera lo propio de ser necesario para formar gobierno regional luego de las elecciones de setiembre, o reeditar un acuerdo mínimo como el que tuvo lugar para votar a Pastor como presidente del Congreso. No obstante está casi descartado que pueda darse un acuerdo, posiblemente porque la negociación con fuerzas enfrentadas a las demandas autonómicas del País Vasco resentirían su desempeño en los comicios del 25 de setiembre, perdiendo más que lo que ganarían con un acuerdo regional post-electoral.


QUÉ SE PUEDE ESPERAR

La situación sería la siguiente: 170 votos a favor de Rajoy (de su partido, Ciudadanos y Coalición Canaria) y 180 en contra (PSOE, Podemos y confluencias regionales, y fuerzas vascas y catalanas). El resultado posiblemente sea el mismo en la primera y en la segunda votación y no se darían las al menos seis abstenciones necesarias para que el viernes se forme gobierno por mayoría simple de votos afirmativos.

De confirmarse este pronóstico, a partir del sábado 3 y hasta el 31 de octubre corre el tiempo para que Felipe VI pueda ofrecer a otro candidato (o nuevamente a Rajoy) el encargo de formar gobierno. Los escenarios posibles son la insistencia del actual presidente con mayores concesiones para presionar a PSOE hacia la abstención, una nueva oferta suya de gobierno de coalición amplia con socialistas y Ciudadanos, que el PP presente un candidato o candidata distinto, que PSOE y Podemos intenten formar gobierno con apoyo de los partidos nacionalistas (remarcamos “apoyo”, dado que las abstenciones serían numéricamente insuficientes), o que se acuerde la formación de gobierno alrededor de un candidato independiente o que no sea una figura de los principales partidos nacionales. Nuestra apuesta es que esta enumeración de alternativas va en orden decreciente de posibilidades de que se concreten. Y que, a pesar de que no se puedan descartar unas terceras elecciones, el riesgo y el costo de cargar con la responsabilidad de llegar a ellas sería muy alto como para que al menos no intenten acuerdos y negociaciones más radicales que los que tuvieron lugar hasta el momento. Pero para eso alguien tiene que ceder.

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