El alegato de apertura del fiscal durante el juicio por jurados. Foto Matías Subat.

Impugnación y jurados populares

Un tribunal de jueces profesiones absolvió a un imputado que había sido declarado culpable por un jurado popular. Lo hizo basándose en la causal de veredicto contrario a prueba. La resolución generó controversias.

El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Federico Sommer, Raúl Aufranc y Gustavo Ravizzolli, anuló parcialmente el veredicto popular que declaró culpable a un joven como partícipe necesario de un homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego. Lo absolvió el 8 de enero de 2015, en una resolución dictada en plena feria judicial.

El fallo planteó:

la respuesta que da el jurado popular mediante su veredicto con relación a la intervención que supuestamente le cupiera a Cardozo en el hecho ilícito en cuestión, implica un manifiesto apartamiento de las pruebas producidas en juicio al tiempo que supone desoír una instrucción general cual es, la presunción de inocencia, consignada implícitamente en las instrucciones conferidas por el juez técnico
La sentencia del Tribunal de Impugnación que absolvió al imputado.

El fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, anticipó que presentaría una impugnación extraordinaria y cargó contra los jueces que “no respetan la voluntad popular.”

El 2 de febrero de 2015 la fiscalía interpuso el recurso extraordinario:

La presentación de la fiscalía ante el TSJ.

La coordinadora de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial, Leticia Lorenzo, cuestionó la resolución del Tribunal de Impugnación. Dijo:

Se presentan aquí, a mi entender, dos cuestiones a analizar: la primera es la posibilidad de realizar la nueva valoración por parte del Tribunal de Impugnación y la segunda es el método utilizado para realizar esa nueva valoración y los contrastes con el método impuesto al jurado a través de las instrucciones.
El primer artículo de Leticia Lorenzo.

El juez del Tribunal de Impugnación, Alfredo Elosú Larumbe, respondió las críticas. Aseguró:

Las reflexiones de Geréz y Lorenzo parten de una idea equivocada. Creen que en la República Argentina una sentencia de culpabilidad dictada en el marco de un juicio por jurados sólo puede ser revocada por la causal de “veredicto contrario a prueba” en casos de “verdadera excepción”. Piensan que porque en Neuquén adoptamos un método de enjuiciamiento para delitos graves parecido al que tienen países como Canadá o Estados Unidos, todo lo que allí se haga o diga sobre esta materia es automáticamente aplicable a nuestro sistema procesal. En definitiva, se olvidan que el derecho a obtener una revisión amplia e integral de la sentencia de condena tiene jerarquía constitucional en nuestro país desde el año 1994 y que dicha garantía ha sido redefinida a partir de la doctrina que emana de los fallos “Herrera Ulloa” y “Casal”.
El artículo de Alfredo Elosú Larumbe.

Lorenzo contestó el artículo de Elosú Larumbe en un segundo escrito titulado: “Viva la disidencia. O de la importancia de no creernos dueños de la verdad.” Aquí un extracto:

Y técnicamente, lo que espero del Tribunal de Impugnación es que asuma una de las tareas más dificultosas de un sistema con juicio por jurados: darle contenido exacto y estricto al estándar “más allá de toda duda razonable”. Mi posición no tiene que ver, en definitiva, con si el jurado es más razonable que el tribunal de impugnación o viceversa; se vincula con la inexistencia de una definición concreta, objetiva, de qué es lo que debe considerarse para entender que esto está “más allá de toda duda razonable” o no. Esa definición es intentada por los jueces profesionales al brindar las instrucciones al jurado. Sería interesante saber cómo entiende tal definición el Tribunal de Impugnación. Caso contrario, estaremos siempre en la situación de “más allá de toda duda razonable” está lo que yo considero (donde “yo” es el juez técnico de turno en la impugnación) que está “más allá de toda duda razonable” con lo cual, el ámbito de posible arbitrariedad que se genera es importante, sobre todo porque es bastante evidente a esta altura del sistema que no todos los jueces de impugnación tienen el mismo criterio con relación a estos temas y ello genera el riesgo para los acusados de que la decisión no se base en un estándar objetivo sino que dependa del juez que toque a la hora de decidir.
El segundo artículo de Leticia Lorenzo.
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