Crónica de una vinculación anunciada…

Durango, Dgo.- Eran las 9:30 de la mañana del martes 20 de junio de 2017. La Sala de Juicios Orales No 1, estaba lista para iniciar la Audiencia de Plazo Constitucional a las 10:00, como se marcó en el estrado electrónico del Poder Judicial de Durango.

La sala estaba casi al 100, con la presencia de amigos, familiares, y ex empleados del otrora poderoso hombre de la comunicación y política del Gobierno 2010–2016, que encabezó su primo Jorge Herrera Caldera. Sin embargo, el espacio era insuficiente para el desarrollo de la audiencia, pues se esperaba un numeroso grupo de periodistas de Durango, que aún no llegaban.

-Pero no ocurrió-

Tal vez por eso, en los últimos minutos se decidió subir a la Sala №4 que por más amplia, se antojaba con menos problema para albergar a quienes decidieron ser testigos presenciales del mediático proceso.

Justo a las 10:15 apareció Rafael, vistiendo una camisa azul cielo y pantalón azul marino, zapato tipo deportivo, y como es la moda de los últimos tiempos, la barba crecida y entre cana.

Con mucho ánimo, caminó como Juan por su casa, sin que le importara la presencia de sus custodios. De entrada saludó a los abogados de su defensa, Juan Nepomuceno y al poblano Adrián J. y, a quienes se encontraban en las primeras butacas de la zona derecha de la sala.

-¿Conocidos, amigos, o abogados? No supimos, pero sí que estaban inquietos desde temprana hora, por aquello de que hubiera fotografías de la prensa y se revelara su identidad. En cuanto vieron los chalecos, de inmediato preguntaron: ¿ellos pueden tomar fotos, video en la sala? No, les respondieron, y quedaron tranquilos-

Enseguida la encargada de la Sala, anunció la presencia del Juez y solicitó a los presentes ponerse de pie, en tanto el juzgador, saludó y pidió ocupar sus lugares.

Informó sobre los generales del caso y de inmediato dio el uso de la voz a la defensa, no sin antes advertir que el indiciado se había apegado a lo que mandata el artículo 16 de la Constitución, por lo tanto sus datos personales quedaron reservados.

LAS PRUEBAS…

El abogado poblano, llevó la voz de la defensa y atacó directo al contenido de la imputación. En descargo dijo que el indiciado no es propietario de las empresas: “Comunicación Trascendente” e “Iso Diseño”.

Argumentó que de la primera, sólo tiene el 50% de las acciones y el resto está en manos de su esposa e hija. En tanto que de la segunda, los propietarios son sus hijos. Por lo tanto la defensa se centró en la aportación de pruebas de Comunicación Trascendente. Y ofreció la testimonial del mensajero de la empresa.

La documental, consistente en facturas que obran en poder del indiciado, en las que se encuentra la firma y sello de recibido de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, y que además indica que la factura estaba acompañada del “testigo” de cada servicio.

Éstas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que hiciera la valoración y compulsa, con las integradas a la carpeta de investigación, para ello se decretó un receso de 10 minutos, luego del cual, el Representante Social (Ministerio Público), advirtió que las facturas difieren de las originales, y que en ellas se detectó que tanto las firmas como los sellos que se encuentran al calce, son diferentes.

Por ello solicitó al juzgador, que en caso de aceptar las pruebas de la defensa, con base en el artículo 390 del Código de Procedimientos Penales, lo tuviera solicitando la prueba pericial de las documentales ofrecidas por la contraparte.

En tanto que la defensa en voz del abogado Adrián J., pidió al juez declarar improcedente la distinción que hizo el representante social entre las facturas que obran en la carpeta y las ofrecidas por su representado, puesto que lo señalado es derivado del desconocimiento del proceso administrativo y del trato interno de los documentos.

Insistió en que éstos avalaban la prestación del servicio, con la factura, el testigo y el acuse de recibido. Éstos –dijo- son la prueba idónea para comprobar que el servicio se prestó.

Y ofreció 184 “testigos” de videograbaciones para evidenciar que la imputación de fraude simulado no existió, y argumentó que la única forma de comprobarlo es con los medios de prueba ofrecidos: facturas, órdenes de compra y de servicio, y el contenido total de las grabaciones, que obran en discos CDs y una memoria externa. Allí advirtió, que su sola reproducción, llevaría nueve días.

Concretó que los servicios prestados a través de la empresa “Comunicación Trascendente” tenían que ver con la producción de spots y la transmisión de publicidad en el programa dominical “TV tu Día”, y que justo el programa completo, se guardaba como testigo de la prestación del servicio. Tanto la producción como la trasmisión de publicidad del Gobierno del Estado, se hicieron atendiendo a la orden de servicio, duración y objetivo planteado.

Tras lo anterior el juzgador solicitó a la defensa, informe ¿cómo pretende incorporar las pruebas ofrecidas al proceso? Después de un largo silencio, la defensa indicó que sería mediante la testimonial ofrecida.

Sin embargo el Ministerio Público, se opuso a la incorporación de las pruebas y justificó su dicho, en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica que sólo pueden ser incorporadas aquellas que fueren previamente acreditadas, y que no existe un soporte legal que le permita hacerlo en la etapa procesal que se desarrolla.

En ese momento, el Juez advierte que las pruebas no pueden ser incorporadas, porque que éstas, debieron ser remitidas al Ministerio Público dentro del plazo constitucional y no durante la audiencia.

Y aunque la testimonial corría la misma suerte, en apego a lo estipulado en el artículo 20 constitucional, el juez decidió recibir el testimonio de Oscar Andrés, el mensajero de “Comunicación Trascendente”, que finalmente fue desechado a petición del MP por imparcial.

LA DEFENSA OBJETA PRUEBAS DEL MP

1. De entrada el folio 170 que se refiere a la excitativa de la Subsecretaria de Egresos para que informe sobre la prestación de diversos servicios, pagados en los años 2012 al 2016, pagados y no comprobados. Información que deberá ser remitida a dos correos electrónicos de auditores externos de la autoridad estatal.

Sin embargo, argumenta la defensa, que la notificación no fue hecha conforme a la ley, no contiene apercibimiento alguno, por lo que carece de valor jurídico.

2. El dictamen pericial contable, por considerar que resulta inverosímil que el experto haya sido nombrado, ratificado y realizado el dictamen contable en tan solo 6 horas con 40 minutos. ¿Cómo hizo para en corto tiempo analizar más de 300 facturas, cuentas bancarias, órdenes de compra y servicios?

3. La rapidez con que se integró la carpeta de investigación, se obsequió la orden de aprehensión y se solicitó el exhorto a la Procuraduría de Jalisco, para que el 14 de junio de 2017, a las 12:30 horas fuera detenido el primo hermano del ex gobernador Jorge Herrera Caldera.

“La sorpresiva integración, pone en duda la veracidad de las pruebas”. Ese razonamiento es suficiente para la “No Vinculación a Proceso”, dijo el abogado de la defensa. Y sugiere además, que no obstante que las pruebas aportadas fueron desechadas, no existen elementos para vincular a proceso a su defendido.

DEL ACTO SIMULADO

Comete del delito de fraude: Quien realice o celebre un acto jurídico, convenio, contrato, acto o escrito judicial, simulados con perjuicio de otro o para obtener un beneficio indebido |Artículo 211 fracción X del Código Penal en el Estado de Durango|

Tras hacer alusión a lo anterior, el abogado de la defensa alegó la no existencia del tipo legal, ya que para el caso medió la existencia de un contrato para la prestación de un servicio, en el que no existe un tercero perjudicado,

Y que de acuerdo con la tesis jurisprudencial 162130, “para que se actualice el ilícito de fraude por simulación mediante la realización de contrato, es requisito indispensable que exista una bilateralidad, en cuanto a la realización del acto simulado, esto es, que haya un concierto entre dos personas, y que ello sea en perjuicio de otro (un tercero) para la obtención de cualquier beneficio indebido”.

Apuntó que para que se dé la simulación es necesario que los otorgantes, de mutuo acuerdo, finjan o aparenten la creación o trasferencia de obligaciones y derechos, lo que implica la participación consciente y mentirosa de los contratantes.

Y en el caso que nos ocupa:

  • Solo una de las partes presuntamente incurre en la simulación
  • No hay bilateralidad en el acuerdo de falsedad
  • No existe un tercero que reciba el detrimento de la acción simulada

Por lo tanto, al no configurarse los requisitos para el fraude simulado, el accionista del 50% de “Comunicación Trascendente” no puede ser vinculado a proceso, en todo caso la responsabilidad recaería en la empresa, y si el Estado se considera parte perjudicada, deberá recurrir a la vía Civil para hacer valer su derecho. Dijo la defensa.

Rafael, es sólo accionista de la empresa y no ostenta ninguna representación de la sociedad. RHP en su calidad de accionista no celebró ningún contrato, ni representó a la sociedad.

Y ejemplificó el litigante de la defensa: Si la empresa TELMEX incurre en una responsabilidad similar a la aludida, ¿Tendrán que responder todos los ciudadanos que ostentan una línea telefónica? Entonces estaríamos en el supuesto de vincular a proceso a una persona física por la presunta responsabilidad de una persona moral.

Y fue más allá en sus argumentos, al precisar que el tipo que se le imputa a su defendido, no es un delito de tracto continuo, sino instantáneo, y lo justificó bajo el argumento de que las facturas que soportan el proceso corresponden a las emitidas durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en cuyos casos se encuentran prescritas por el tiempo trascurrido desde su emisión, pero además porque ya fueron aprobadas dentro de la Cuentas Publicas que examinó el legislativo. Más la tesis jurisprudencial 309014 denominada “Delitos Continuos”.

Por su parte el Ministerio Público, en su intervención reiteró, la solicitud de vinculación a proceso del indiciado. Advirtió que las pruebas que soportan el proceso, están totalmente validadas con la certificación y sello que aparece en el reverso de los documentos.

Se refirió al artículo 382 del Código Nacional de Procedimientos Penales para solicitar la prevalencia de las pruebas aportadas, en vista de que hasta ese momento no había ninguna que las invalidara.

Se mantuvo en la existencia del “fraude simulado” el cual consideró suficientemente fundado y motivado. Advirtió que no se prestó el servicio de acuerdo a la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

Pero además, las empresas Comunicación Trascendente e Iso Diseño, se mantuvieron omisas al requerimiento de comprobación de la prestación de servicios de los años 2012–2016, y se negaron a remitir la información a los correos electrónicos indicados, y a la dirección de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

En lo referente al peritaje del Contador Público, minimizó la referencia de la defensa respecto a los tiempos en que fue nombrado, ratificado y entregó el dictamen contable, y decidió no entrar en controversia con la defensa.

Respecto a la teoría de la “Bilateralidad del Acto Simulado y el Tercero Perjudicado” el Ministerio Público concluyó: que sí existe el tercero perjudicado, que en este caso es el “Pueblo” porque es el que sufre el detrimento de los recursos públicos.

Dijo que la relación tripartita queda configurada con la relación: Gobierno-Proveedor de Servicios-Pueblo. Porque en este caso los socios de la entidad moral, no pueden desconocer que recibieron beneficios por el orden de 24.6 millones de pesos. Por lo tanto no puede decirse que no se configura el delito de “fraude específico”, cuando la relación tripartita existe.

Dicho lo anterior, el juzgador decretó una hora de receso para resolver…

DE LA RESOLUCIÓN

Sustentado en el artículo 19 constitucional, que prevé que ninguna detención ante la autoridad puede exceder de 72 horas desde que haya sido puesto a disposición y sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se exprese el delito que se le imputa al indiciado, el juez de la causa enumeró los hechos que la soportan.

1. Que Verónica T., Directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Durango, hizo del conocimiento de los hechos, al licenciado Galdino Torrecillas, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, del daño ocasionado por las empresas “Comunicación Trascendente e Iso Diseño”, por pagos emitidos durante los años 2012–2016, sin comprobar la prestación del servicio por el orden de 24.6 millones de pesos.

2. Que en el proceso administrativo del presunto delito de fraude simulado, intervinieron: De la Secretaría de Finanzas y Administración, Johana Paola; la Directora de Comunicación Social, Arlen C; la responsable Administrativa, contadora Guadalupe y Delia María, Coordinadora de Medios Electrónicos.

3. Que entre los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, se encuentra la denuncia por “fraude simulado” en contra de Rafael H., por parte del Consejero Jurídico del Estado, licenciado Galdino Torrecillas, quien se acredita con nombramiento expedido por el gobernador José Rosas Aispuro Torres, el 16 de enero de 2017. Y que para ello se apoya en la denuncia de Silvia Verónica, directora de Comunicación Social, con nombramiento de fecha 22 de septiembre del presente año.

4. Que una vez que el 25 de mayo se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración, copias certificadas de los documentos, el 1 de junio se formularon los hechos de denuncia, en el que se acompañó un informe pericial y la relación de 184 facturas.

5. El juez da lectura a las 184 facturas que integran el paquete de la empresa “Comunicación Trascedente”, que implican un monto de más de 13 millones de pesos, reseñando: número, fecha, monto y servicio. De la lectura se desprende que algunas no registran fecha ni monto.

-Justo a las 15:15 horas se decreta un receso de 5 minutos, y se reanuda a las 15:27 horas-

6. El juzgador continúa la lectura de 134 facturas bajo la razón social de “Iso Diseño”, propiedad de los hijos de Rafael H. Estas implican un monto total de 11.5 millones de pesos, igual que con la facturación de la otra empresa, reseño: número, fecha, monto y servicio.

De allí que destaquen pagos por “Servicios a Medios” por el orden de los 360 mil pesos, y de manera reiterada por el mismo concepto, en apariencia mensual de 116 mil pesos.

Pagos por diseños de libros que van desde los 58 mil hasta los 134 mil pesos, diseños de campañas, asesoría en mercadotecnia, impresión y diseño de revistas, lonas, pendones, anuncios espectaculares y hasta volantes.

-A las 16:35 horas se ordena un receso por 10 minutos y se reanuda la audiencia a las 16:45 horas-

De todo lo anterior se desprende:

a). Que existe un acto jurídico celebrado entre el Gobierno del Estado y las entidades morales citadas, con perjuicio para el Estado.

b). Que el delito de “fraude Simulado” no ha prescrito, porque es hasta que se realiza el cambio de administración, que Silvia Verónica se percata del quebranto al erario público.

c).Que desde que el ofendido tuvo conocimiento del quebranto patrimonial ocasionado durante los años 2012–2016 por parte de “Comunicación Trascendente” e “Iso Diseño”, no ha rebasado el término de una año.

d). Que en el fraude específico del contrato, medió la simulación de la titular de Comunicación Social, Arlen C., quien autorizó a un sólo proveedor la contratación del servicio, cuando debió darlo también a otros.

e). La acción de Arlen C., provocó el monopolio, porque de las pruebas aportadas por el MP, se desprende que las facturas emitidas todas están seriadas. Ejemplo: factura 188, 189, 196, 197, 198, 201, 202… sucesivamente todas las compras eran para Gobierno del Estado.

f). Que participaron en la simulación: Johana de Gasto Público de la Secretaría de Finanzas y Administración; Arlen C., de la Dirección de Comunicación Social; Guadalupe R., responsable administrativa y Delia María de la coordinación de medios Electrónicos.

g). Que la defensa no aportó datos de prueba, por no cumplir con las formalidades del proceso. La defensa debió incorporar como prueba a las personas que elaboraron, las facturas o video.

h). La testimonial ofrecida quedo sin efecto, porque el mensajero no realizaba la facturación ni los videos.

i). El Ministerio Público si comprobó que se provocó un daño y quebranto al patrimonio del Estado.

j). Sí tiene valor probatorio el peritaje financiero del Contador Público y la denuncia del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Durango.

k). Los datos de prueba dejan evidencia del quebranto al Estado.

l). Hay datos suficientes que acreditan la responsabilidad en la etapa de juicio oral de Rafael H., por lo que a las 17:19 horas del día 20 de junio de 2017, se dicta auto de vinculación a proceso.

En el acto, las partes se dan por notificadas y se les informa que la resolución es apelable.

***

Enseguida el Ministerio Público solicita el uso de la voz, y con base en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita al juzgador fije un plazo de 3 meses para completar la investigación.

Lo justifica en la necesidad de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Bancaria y de Valores, la certificación de las 318 operaciones realizadas (184 de Comunicación Trascendente y 134 de Iso Diseño), para aclarar los hechos.

Y tomando en cuenta que ambas dependencias se tardan entre 2 y 3 meses en contestar, pide al juez lo considere para fijar la fecha de la siguiente audiencia.

Ahí mismo, el representante social solicitó la declaración de todas y cada una de las personas que participaron en el proceso, para que se presenten en la etapa de cierre de investigación.

Tras lo anterior el Juez fija el día 20 de septiembre de 2017, para celebrar la siguiente audiencia.

Y pregunta a la defensa si tiene algo que alegar, y ésta, solicita la devolución de los datos de prueba aportados; el juez decreta un receso de 5 minutos para que se cumpla con la solicitud de la defensa.

Fin…

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