Cosechadoras truchas: presentan pericia contable

La Justicia dará un paso más en la investigación tendiente a esclarecer el escándalo de las cosechadoras truchas que marcó a fuego la gestión del exgobernador Sergio Urribarri.
El 2 de marzo último el juez de Transición Nº 2, Pablo Nicolás Zoff, a cargo de la causa, resolvió dar 45 días de plazo a la perito contador del Superior Tribunal de Justicia (STJ), María Florencia Ara, para que entregue el resultado de una pericia contable sobre la empresa Grandes Máquinas SA, que quebró en 2014, y cuyos empresarios –junto a funcionarios- están imputados por supuesta defraudación al Estado en la causa conocida periodísticamente como “Cosechadoras truchas”.

Ese plazo se cumple este lunes 17 de abril.

Tal como informó Entre Ríos Ahora, la pericia contable es clave en la causa que investiga el destino de los $5,5 millones que recibió en concepto de créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA, dinero que fue otorgado por el Gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.

La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.

En la causa por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública se encuentran imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll. Conrado Meier es el abogado de los cuatro.

También están imputados por el mismo delito el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk. Valiero cuenta con el patrocinio legal de Julio Federik y Leopoldo Lambruschini; mientras que Schunk tiene de abogado a Emilio Fouces.

Otros de los funcionarios acusados son Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna). López cuenta con la representación legal de Ignacio Díaz, mientras que Rodríguez nombró al abogado Guillermo Vartorelli.

La orden de producción de la pericia llegó a manos de Ara entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2016. Lo que analiza la profesional del STJ es si la empresa afectaba el dinero de los créditos a la producción de maquinaria. Para ello, deberá revisar la contabilidad de la firma –ya quebrada- que prometió construir las cosechadoras. El único imputado que nombró perito de parte es el ex ministro de Producción, Roberto Schunk. Nombró al contador Leonardo Iturralde.

Zoff: “Priorizo que hagan una buena pericia”

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el juez Pablo Zoff, quien debe resolver si procesa o no a los acusados, confirmó que el pasado 2 de marzo resolvió extenderle el plazo a la perito contadora del STJ, María Florencia Ara, para que entregue el informe contable. Fue ante un pedido de la profesional que argumentó la necesidad de mayor tiempo ante la complejidad del estudio.
La empresa Grandes Máquinas SA. se presentó en concurso preventivo el 18 de septiembre de 2012.

El juez en lo Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, designó como síndico al contador Horacio Larrivey, quien formuló un duro informe sobre la situación de la empresa. Entre otras cosas, Larrivey cuestionó “la irresponsable asistencia financiera”, a una empresa que no era solvente. El síndico advirtió que la firma estaba en cesación de pagos desde el 1º de diciembre de 2011 y que aún así, el Finver le desembolsó créditos en 2012. El juez dispuso la quiebra de la firma el 14 de marzo de 2014.

El juez Zoff señaló que el informe del síndico fue incorporado al expediente: “se pidió toda la información, están las copias de las partes pertinentes, y se incorporaron las de la quiebra. De hecho, de ahí surge la mayoría de la información”.

Al mismo tiempo, el magistrado indicó que además se incorporaron “todos los expedientes administrativos vinculados a los créditos. Es muy voluminosa la cantidad que tienen que analizar”.

Consultado sobre por qué se demoró la pericia, el juez Zoff resaltó que “se han tomado las medidas con la mayor premura posible. Hablamos de un proceso pericial realmente voluminoso, de analizar la contabilidad de una empresa que manejaba millones”.

En ese sentido, subrayó que “hay millones de pesos en operaciones que se tienen que analizar para llevar adelante la pericia”. “Yo priorizo que hagan una buena pericia, prefiero que se atrase la resolución 45 días para tener una pericia de calidad y no decir ‘le doy dos días más, preséntemela’. Me lo va a hacer –la perito- a los ponchazos para cumplir con la manda judicial y no va a tener la calidad que yo espero”, agregó.

“Quiero que hagan un informe de calidad para tener un buen elemento para poder resolver”, finalizó el juez Zoff.

Luego de que la pericia contable llegue a manos del juez de Garantías, se les tomará una nueva declaración indagatoria a los empresarios Senor (padre e hijo), Scrabaglieri y Boll. Esta ampliación de declaración fue solicitada por los acusados. Después de la última declaración que se tome, Zoff tendrá diez días para resolver la situación procesal de los empresarios y funcionarios imputados: dictar un procesamiento sobreseimiento o falta de mérito.

La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas. El expediente, que se tramita por el sistema procesal viejo, está caratulado “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel S/ Estafa en Perjuicio de la Administración Pública”.