Cumbre Mercosur: las cuentas que no cierran

E l Tribunal de Cuentas de Entre Ríos reiteró un oficio a Cancillería para que informe sobre una estimación de gastos efectuada para la organización de la 47 ª Cumbre del Mercosur y la Cumbre Social del Mercosur, que se celebraron en diciembre de 2014, en Paraná, durante el gobierno de Sergio Urribarri.

El organismo de control solicitó la información hace cinco meses, pero aún no ha tenido respuestas. Como se indicó oportunamente, el Tribunal de Cuentas libró un oficio el 15 de septiembre de 2016 al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, “con el objeto de conocer los antecedentes disponibles en ese Ministerio sobre estimaciones de costos y/o gastos que se realizaran con motivo de la organización de la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común de los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados, y de la Cumbre Social del Mercosur”.

Consultado al respecto, el presidente interino del Tribunal, Federico Tomas, señaló que en su momento “se hizo un oficio, se mandó por escrito, fue recibido por Cancillería, pero no contestó”.

Tomas recordó que el pedido de información “es porque cuando se hizo la Cumbre del Mercosur, muchos de los requerimientos a cumplir fueron solicitados por Cancillería. Había un requerimiento y por eso fue que se pidió” esa información.

En ese sentido, explicó que “había un cálculo presupuestario de lo que se iba a necesitar para los servicios mínimos a cubrir” en la organización de la Cumbre de presidentes y también de militantes — la Cumbre Social-. “Ahora se hizo un oficio reiteratorio”, informó Tomas. El requerimiento fue dirigido a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría Legal y Técnica y a la Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Qué se pide

En abril del año pasado, el periodista de elentrerios.com y accesolibre.org, Oscar Londero, contó que Cancillería acordó el 4 de diciembre de 2014 transferirle al Gobierno de Entre Ríos $18 millones para la organización de la Cumbre del Mercosur y para la Cumbre Social. Unos meses después, el Ejecutivo entrerriano informó a Cancillería que efectuó pagos por $26.360.177,43. O sea, $ 8,3 millones de más de lo que originalmente se había calculado.

Londero señaló que el 14 de mayo de 2015, el entonces gobernador Sergio Urribarri firmó una nota junto al coordinador general de la Unidad Operativa Cumbre Mercosur (UOCM), Hugo Céspedes, donde reconoció que se superó el gasto “tope” dado por Cancillería: “En planilla elaborada obra detallada cada factura que compone el ítem rendido y por el total adquirido que, en todos los casos, excede el monto tope y cuya diferencia ha sido devengada del presupuesto de esta Provincia de Entre Ríos por lo que no quedan saldos pendientes de rendir o pagar en ningún concepto”, decía la misiva.

A través de un pedido de información pública, el periodista accedió a la rendición de cuentas que la Unidad Operativa Mercosur presentó ante Cancillería, tal como se lo exigía la cláusula novena del acuerdo firmado el 4 diciembre de 2014, y que figura en el decreto Nº 5265.

Toda esa información fue revelada a fuerza de pedido a de información pública. Lo llamativo es que el Tribunal de Cuentas aún no haya accedido a la misma documental.

Cumbres

En diciembre de 2014 se realizaron dos cumbres en Paraná. La llamada Cumbre Social se realizó los días 11 y 12 de diciembre y reunió a militantes de organizaciones políticas y sociales de América del Sur. En tanto, la Cumbre de Presidentes del Mercosur se dio entre el 13 y el 17 de diciembre. A la cita asistieron Nicolás Maduro (Venezuela), José Mujica (Uruguay), Dilma Roussef (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay), Evo Morales (Bolivia) y la anfitriona del cónclave, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Investigación judicial

La Ley N° 10.327, promulgada el 20 de octubre de 2014, declaró de interés la 47° Cumbre del Mercosur, y facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, entre otras operaciones. Mediante esa ley se creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, que fue facultada para realizar contrataciones directas, es decir, sin hacer licitaciones públicas.

El coordinador general de la Unidad Operativa fue Hugo Félix Céspedes, y el coordinador contable, Gustavo Javier Tortul. El primero se desempeñaba entonces como subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, y el segundo sigue al frente de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación.

El ente también estuvo integrado por el empresario Miguel Marizza, presidente de Caballi S.A. Lo hizo en representación de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Precisamente, la firma de Marizza cobró un monto de $11.722.585 por diferentes trabajos durante el cónclave de presidente de la región. Así consta en las planillas que el entonces gobierno de Urribarri remitió en marzo de 2015 a la Legislatura, donde informó que el evento insumió, en total, $84.577.000,29.

Las publicaciones periodísticas que dieron cuenta de los gastos de la Cumbre motivaron que el Ministerio Público Fiscal comience a investigar si hubo irregularidades. El delito que se investiga es el de fraude contra la Administración Pública.

La causa tuvo varios movimientos en 2016: en marzo, el fiscal Santiago Brugo solicitó a la Cámara de Diputados la rendición final de los gastos de la Cumbre de presidentes. Más tarde, en octubre, por orden del fiscal Juan Malvasio, fueron allanadas las oficinas de las empresas constructoras Caballi SA, de Marizza; Szczech & Szczech, a cargo de Iván Szczech; y Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi. El procedimiento también se realizó en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Ahora, hay dos frentes de investigación sobre cómo se gastó y cuánto se gastó en la Cumbre, y que tienen en la mira al exgobernador Sergio Urribarri: el que lleva adelante la Justicia, y la auditoría a cargo del Tribunal de Cuentas.


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