La importancia de la política

El acta Bakershop: Lochner versus New York. Un caso judicial emblemático de cómo la política influye en las decisiones cotidianas.

Lochner vs New York

En 1895 y tras algunos debates, la legislatura de Nueva York promulga el acta Bakershop. Como se infiere de su nombre, esta legislación regulaba la actividad relacionada a las panaderías, principalmente a aquella parte vinculada con el trabajo. En ella se estipulaba que cualquier individuo se encontraba con prohibición tanto de trabajar o de contratar a personas por más de diez horas al día o bien sesenta horas en toda la semana. Esta acta vino de alguna forma a contradecir uno de los principios básicos inscritos en la Constitución norteamericana referente a la imposibilidad que tendría el gobierno de inmiscuirse en los acuerdos voluntarios entre dos partes adultas. Habremos de recordar que la sospecha hacia cualquier poder que pudiese intervenir la libertad de una persona, de su propiedad e incluso de su vida, es un principio fuertemente arraigado en esa Constitución, una sospecha que se sostiene inclusive (y especialmente) hacia el gobierno. El acta Bakershop entonces, al prohibir una eventual decisión de trabajar más de diez horas se contrapone a la Constitución. En ocasiones, tales contradicciones no son necesarias de someter a debate o de indagar con profundidad crítica, ya que no existen situaciones humanas que las convoquen. Pero en el infinito de interacciones humanas no tardan en surgir situaciones que nos llevan a reflexionar sobre las normas que nos rigen, en especial aquellas que presentan contradicciones.

En 1905, el dueño de Lochner’s Home Bakery, Joseph Lochner fue multado por segunda vez por la Corte del Condado de Oneida con $50 por permitir que uno de sus empleados trabajara más de sesenta horas al día y sentenciado a permanecer en la cárcel si no pagaba esa multa en un periodo de cincuenta días. Privado de libertad e imposibilitado de pagar, Lochner apeló en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde no encontró más que una reafirmación de la sentencia de la Corte del Condado de Oneida. Convencido tal vez por su propio razonamiento de que su accionar no presentaba ningún tipo de contradicción moral y, por ende, ningún delito, Lochner decidió llevar su caso a la Corte Suprema.

Para “suerte” de Lochner, el juez Rufus Peckham consideró que la sentencia en la cárcel y la multa impuesta debían eliminarse. El argumento del juez indicaba que el acta Bakershop era inconstitucional. Interpretó esa inconstitucionalidad en el hecho que el acta contradecía un principio inscrito en la décimo cuarta enmienda de la Constitución federal, la que refiere “al derecho de contrato entre empleador y empleado”, la cual es una parte fundamental que garantiza la libertad individual. Si bien algunas excepciones surgen en torno a esa libertad entre empleador y empleado, como por ejemplo en el caso del trabajo minero (amparados en el argumento de la dificultad del trabajo y posible efecto nocivo sobre la salud del trabajador), para el juez esa excepción no aplica en el trabajo de panadero ya que no presenta los riesgos a la salud que el trabajo minero sí. La Corte Suprema entonces dictaminó que sí aplica aquella libertad en donde el empleado puede vender su trabajo a quien desee y por el tiempo que él estime conveniente y, por consiguiente, el empleador puede buscar empleados que estén dispuestos y accedan voluntariamente a transar trabajo por dinero en las condiciones que ambos estipulen. El caso ‘Lochner vs Nueva York’ es recordado hasta el día de hoy como un triunfo de la libertad individual.

Reflexiones en torno al juicio

Es necesario recordar que previo a esta sentencia de la Corte Suprema, el origen del acta Bakershop genera algunos cuestionamientos importantes de sopesar. En lo oficial, el acta surge como una forma de proteger al trabajador del empleador que pudiese exigir, a cambio de preservar el empleo, horas adicionales de trabajo aun cuando en términos salariales la paga de esas horas adicionales se mantiene dentro de una normativa legal. Esto genera indirectamente una competencia entre trabajadores, que puede resultar en una explotación amparada bajo la ley, ya que todos los trabajadores habrían de mostrarse “a favor” de vender más de sus horas a cambio de mantener el trabajo. La competición se traslada no sólo a las habilidades de producir un mejor pan, sino que en la disposición a trabajar según demande el empleador. Esta competición a su vez actúa en desmedro del trabajador, ya que lo obliga a competir con otros en un área ajena a la producción de pan, sino que a su capacidad de soportar larguísimas jornadas de trabajo. De ser este el argumento, parece razonable apoyar la protección que otorga el acta Bakershop a los trabajadores, ya que la exigencia de sostener largas jornadas de trabajo no podría materializarse e induciría a los empleadores del rubro a mantenerse dentro de los límites de trabajo que estipula el acta. Es decir, no estarían obligados a trabajar largas jornadas. La competencia sólo sería admisible en la capacidad de producir un muy buen pan y no en trabajar extensas horas de trabajo.

Sin embargo, algunos argumentos contrarios expresan que el acta Bakershop surge de la iniciativa de empresarios ligados a la producción de pan, que vieron en la creciente mano de obra panadera inmigrante una competencia que los podría llevar a perder parte del dominio del mercado que mantienen. Algunos inmigrantes, al estar dispuestos a trabajar larguísimas jornadas laborales, producen más pan del que producen las antiguas panaderías. Produciendo la misma calidad de pan, pero en mayores cantidades producto de las extensas jornadas laborales, obtienen mayores beneficios que los antiguos productores, quienes estaban acostumbrados a trabajar esas horas. Como los antiguos panaderos no desean aumentar sus horas de trabajo, se ven perjudicados por la creciente mano de obra inmigrante. Reaccionando ante esto surgen las demandas desde el rubro panadero hasta las autoridades del Estado para establecer límites a las jornadas laborales de los panaderos, concretándose así el acta Bakershop. Nadie puede trabajar más de diez horas al día ni más de sesenta horas a la semana. Es decir, al menos un día de la semana será destinado al descanso por obligación. Quien pretenda trabajar más en el mismo rubro, será multado por la Corte del Condado.

Si un individuo encuentra satisfacción en el “arte culinario de la producción de pan” deseando trabajar más de diez horas al día y más de seis días a la semana, el acta Bakershop pone un límite a esa satisfacción. Del mismo modo, si un individuo desea someterse a larguísimas jornadas de trabajo a la producción de pan con el propósito de perfeccionarse en esa técnica, el acta Bakershop pone fin a esa opción. De otra forma, si alguien optara voluntariamente por trabajar setenta horas a la semana porque sólo así podrá darse el nivel económico que él desea para sí mismo o para su familia, el acta Bakershop limita esa decisión. Las motivaciones para trabajar cuantas horas desee pueden ser infinitas y las que un individuo invoque para realizar la actividad que él desee están aseguradas en la Constitución. Según esta, en eso radica su libertad.

No obstante, podremos invocar un nuevo elemento a esta discusión. ¿Qué ocurre con las condiciones en que se encuentra el individuo al momento de tomar una decisión?, ¿qué ocurre si, producto de la necesidad, el individuo se ve obligado a trabajar cuantas horas le exija su empleador no invocando las motivaciones antes mencionadas, sino que la pura necesidad de obtener un sueldo?. Si el trabajador carece de trabajo y de recursos para alcanzar un mínimo que le asegure al menos su subsistencia, estará dispuesto a trabajar cuantas horas exija el empleador, generando así una competencia ajena al rubro panadero y aumentando el nivel de explotación laboral en el rubro. La pobreza y la necesidad son el motivo real de la decisión del trabajador, argumentan los defensores del acta Bakershop.

Vemos en esta discusión un importante intercambio de argumentos que buscan fundamentalmente asegurar el bienestar del hombre. Para algunos esa satisfacción se alcanza al garantizar la libertad individual, esa que la Constitución norteamericana protege y que actuó en favor de Lochner. Ella garantiza la posibilidad de que dos adultos entren en un contrato de mutuo acuerdo sin interferencia de una tercera parte. Para otros, esa satisfacción se alcanza en la medida que los límites que trazan las leyes sobre el actuar ciudadano impidan que el exceso de libertad los ponga en una situación desventajosa. Para estos últimos, la absoluta libertad es el origen de las disparidades entre los individuos, disparidad que se expresa en términos económicos, culturales y probablemente el más nocivo de todos, desigualdad ante la ley.

Al comprender este debate se revela también la importancia de la instancia donde se materializa una postura por sobre la otra. Esa instancia se da fundamentalmente en el espacio público, aquel sitio donde acontece el arte legislativo, cuya tarea es lidiar con estos asuntos. La política, entonces, es el momento cuando los argumentos que defienden una postura se conocen, luchan entre sí, intentan acomodarse para dar origen a la legislación que ha sido considerada como la apropiada para asegurar el bienestar de la comunidad.

La política escarba en los argumentos. Intenta definirlos y redefinirlos ateniéndose a la experiencia adquirida por la infinita gama de interacciones humanas. Entonces cuando una ley que parecía apropiada y justa es contradicha por el razonamiento de un individuo que se ha visto inmerso en una situación que invoca aquella ley, lo que hacemos es profundizar en los argumentos y especificar elementos que definen la causa justa de esa legislación. Lochner intuyó que existía algo erróneo en el hecho de legislar sobre la capacidad de un individuo para elegir su jornada laboral, tal vez en un principio no fue capaz de verbalizarlo, pero el sentido común le indicó que si su empleado no expresó descontento alguno al momento de aceptar el contrato de largas jornadas de trabajo, existía una falta a la libertad en la legislación existente y que debía de ser enmendada. Al insistir en su razonamiento y también en la búsqueda de antecedentes legales (en este caso la decimocuarta enmienda de la Constitución) Lochner fue capaz de verbalizar sus argumentos, someterlo a debate y encontrar razón en ellos. Esa es precisamente la esencia de la política. Es una actividad que expresa en palabras aquello que el individuo siente como justo y adecuado, lo comparte con la comunidad, lo somete a revisión y finalmente se materializa en una legislación operante.

No está demás decir que la actividad política requiere de una actitud noble hacia la comprensión de visiones distintas a la propia. El hecho de que seamos capaces de articular en palabras aquello que intuimos como justo, no implica que nuestro razonamiento se encuentre del todo en lo correcto. Es usual que en un principio nuestro juicio esté basado en pocos supuestos, en la escasa información que manejamos sobre el tema y, muchas veces, en las pasiones o subjetividades que nos mueven cotidianamente.

Al leer la primera parte del veredicto del caso Lochner v/s Nueva York, es probable que el lector haya considerado el fallo como justo, ya que suponemos que nadie desearía interferencia de una tercera parte en un contrato voluntario entre dos personas. Sin embargo, al entregar mayores antecedente del caso como la supuesta confabulación de antiguos trabajadores del rubro en contra de los nuevos trabajadores inmigrantes, o la incorporación del argumento de la pobreza y la necesidad del trabajador, existen aún más perspectivas a considerar que podrían dilucidar un mejor fallo, uno más justo. La actitud de apertura mental y la disposición a escuchar otros argumentos que no sean los nuestros, resultan esenciales en la actividad política, ya que sin estos, sería difícil llegar a acuerdos y alcanzar una legislación justa.

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