El contexto feminicida en el estado de Puebla

Recuento de la solicitud (y negativa) de declaratoria de la Alerta de la Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla (II/II)
(
Parte 1: ¿Por qué la AVG?)

Observatorio de Violencia Social y de Género Puebla

A las acciones emanadas del marco jurídico existente para la solicitud de la AVG en Puebla, se adiciona a finales del primer semestre 2017 el incremento de muertes violentas de mujeres por razones de género en la entidad. Conforme avanzaron las semanas después de la resolución de Conavim, se superó la cifra de 85 feminicidios ocurridos el año 2016, de acuerdo con datos del OVSG Puebla, que registra hasta octubre de este año, más de 90 casos; además, tan sólo 10 semanas después de la negativa de la declaratoria ocurrió la desaparición y feminicidio de Mara Fernanda Castilla, estudiante universitaria de la UPAEP. El reclamo de la sociedad en los ámbitos municipal, local, nacional e internacional se hizo sentir en redes sociales, pronunciamientos, concentraciones y manifestaciones en Puebla y en once ciudades de nuestro país,[1] el cual tuvo eco en instancias cuyo fin es promover el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y la igualdad de género, como el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.

No es menor que el Gobierno Estatal aceptara cumplir las 11 recomendaciones, de igual modo que Antonio Gali Fayad ha afirmado: “si hubiera una alerta sería bienvenida, y lo digo abiertamente, no es algo que sea decisión del Estado, es una autoridad federal la que lo tiene que normar, pero en Puebla estamos totalmente abiertos”. Y más adelante indicó: “en Puebla, sea lo que sea y pase lo que pase, todas las indicaciones de la Conavim, que fueron 11 y luego 8, las hemos venido cumpliendo. Cuando tú incumples es cuando esta autoridad te dice ‘vamos a poner la alerta de género’. Yo creo que sí hemos venido cumpliendo, por eso no se ha dado”. Dentro del mismo nivel de gobierno, el Secretario de gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco Altamirano, señalado por distintos medios de comunicación como un funcionario público que ha frenado la AVG, ha respondido: “es una publicidad gratuita de mis detractores. Nosotros no somos autoridad para operar la alerta de género, nosotros cumplimos con el programa que tenemos”.

Si bien es cierto que el gobierno del Estado no puede declarar por sí mismo la AVG, sí le compete cumplir con la ejecución plena de las recomendaciones otorgadas por la Conavim, las cuales hasta la fecha siguen sin cumplirse, al menos, a decir de la reiteración de dos recomendaciones. De ahí que recientemente el 16 de octubre, ante la falta de capacidad para reducir los elevados índices de feminicidios, el Observatorio Ciudadano Laboral ha pedido la destitución de Victor Carrancá, titular de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el Instituto Poblano de las Mujeres, organismo encargado de promover la igualdad de género, así como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la entidad, ha minimizado los alcances de la emisión de la AVG y cuestionado el ejercicio del derecho de las poblanas a la AVG, aseverando que “el gobierno de Puebla ha tomado las medidas correspondientes para disminuir la violencia contra las mujeres y disminuir con ello el número de feminicidios […] ya que con alerta o sin alerta, estamos haciendo acciones como si existiera la alerta de género, muchas personas piensan que la alerta va modificar o inducir de manera directa en la disminución de feminicidios y lamentablemente no”.

En marzo de 2017, el OVSG de la IBERO Puebla tenía un registro de 17 probables feminicidios para este año. Para octubre, la cifra asciende a 94

A esta declaración se suma el posterior silencio de la titular del Instituto Poblano de las Mujeres, incluso después de sostener una reunión con titulares estatales en la que se proponía dar seguimiento a las observaciones de la Conavim y analizar la viabilidad legal para aprobar la iniciativa para tipificar todos los homicidios dolosos contra mujeres como feminicidio. La única comunicación pública al concluir la reunión fue de Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, quien afirmó que “Nadia Navarro explicó el procedimiento con ley en mano, lo que concluye la directora del IPM es que la alerta de género no fue necesaria porque el gobierno del estado en su totalidad ha venido haciendo lo que tenía que hacerse”. Sin embargo, entonces, como hasta ahora, no ha explicado que aún no concluye el trámite de la solicitud (y negativa) de declaratoria de AVG realizada en febrero de 2016, pues dada la extensión del plazo de seis meses para implementar 6 recomendaciones nuevas y 2 incumplidas, éste concluirá hasta los primeros días de enero de 2018.

Desde el ámbito empresarial en la entidad no hay consenso, pues mientras el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana, después de la muerte de Mara Castilla pidió que se emitiera de inmediato la AVG, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Quintana Gómez, señaló que “si es necesario que se determine la Alerta de Género, pues que se haga, pero hay que tener cuidado, porque el hecho de etiquetar a la entidad con una Alerta de Género, podría ser factor para que el desarrollo económico, el turismo y las nuevas inversiones se pudieran detener o espantar de Puebla”.

En contraparte, actoras/es sociales y políticos han insistido en declarar la AVG para Puebla; entre ellas se encuentran las diputadas locales Geraldine González Cervantes y Silvia Tanús Osorio, quien preside la comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, y quien entregó en el mes de septiembre un escrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para “solicitar la emisión de la Alerta de Género para el municipio de Puebla y su área conurbada, San Martin Texmelucan y Tehuacán, así como la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que generan la violación de los derechos humanos de las víctimas”. Cabe recordar que los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, pueden solicitar la AVG.

Por su parte, la mesa de Seguimiento de la Solicitud de AVG (conformada por ocho organizaciones del estado de Puebla), la Mesa de Género de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos de Puebla, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y la Red Todos los derechos para Todas y Todos (conformadas por 40 y 80 organizaciones del país, respectivamente), emitieron a finales de septiembre del presente año un pronunciamiento que condenó la muerte de Mara Castilla, y exigió a las autoridades correspondientes hacer frente a la violencia feminicida en Puebla para 1) actuar en el esclarecimiento de la muerte de Mara y sancionar a los responsables de su muerte, 2) acatar las once conclusiones emitidas para atender la solicitud de la AVG en Puebla, las cuales no han sido implementadas de manera efectiva ni adecuada;[2] y 3) generar estrategias de prevención con indicadores efectivos de implementación, seguimiento y evaluación.

A nivel federal, la senadora Lucero Saldaña, a través del Congreso de la Unión, ha exigido la activación de la AVG, exhortando a que todas las autoridades federales, estatales y municipales se sumen a la demanda de la sociedad civil: “si no aceptamos que se necesita la alerta de género, estamos siendo cómplices y no respondiendo a nuestras funciones […]”.

Mientras que, el también senador Armando Ríos Piter presentó un punto de acuerdo al Senado para exhortar a Segob a cambiar las y los integrantes del grupo de trabajo para reconsiderar la negativa de AVG.

En escenarios educativos y universitarios, el consorcio Universitario Puebla, integrado por la Universidad Anáhuac, la IBERO, el TEC de Monterrey, la Universidad Madero, la UDLAP y la UPAEP, ha señalado la necesidad de activar la AVG ante la creciente violencia contra las mujeres. Destacan los pronunciamientos del rector de la IBERO, Fernando Fernández Font, afirmando que “hoy en día tampoco la ley termina de apoyar a la mujer para garantizar en sus derechos más básicos, que son la vida, el respeto y su dignidad. Cada vez es más urgente un llamado a una Alerta de Género”. A su vez, Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP, afirmó que “es una verdad objetiva, lo que creemos es que la alerta de género pondría el foco en una situación que es grave y que no son coyunturas aisladas, y que necesitamos atender de otra manera. Son una serie de recursos que se recibirían y canalizarían para atender de forma más efectiva esta problemática […], si hay mecanismos institucionales a nivel federal para coadyuvar en la lucha contra esta problemática social, pues los tenemos que aprovechar, que no nos dé miedo”. Mientras el Rector de la Benemérita Universidad de Puebla, Alonso Esparza Ortiz, en su informe de actividades, condenó los actos violentos hacia las mujeres pidiendo “ni una muerte más”.

El incremento en la violencia feminicida, aunado al reclamo social y a las inconsistencias en la negativa a declarar la AVG en el estado, son el contexto en el que la CNDH solicitó el 20 de octubre pasado, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que en todo Puebla se declarara la AVG, a fin de que las autoridades locales cumplan con su responsabilidad de atender la violencia feminicida. Habrá que esperar la admisión de tal solicitud, y el avance en el procedimiento.

En este panorama, el gobierno del estado de Puebla (y sus instituciones), tiene una nueva posibilidad para cumplir, con su obligación de respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de una herramienta básica que es la AVG. Es muy probable que las familias y redes de apoyo de las víctimas de feminicidio (que también son víctimas), las organizaciones de la sociedad civil expertas en género, el ámbito académico, las personas líderes de opinión, mujeres y hombres preocupados por el incremento de la violencia contra las mujeres, observen más de cerca la respuesta de las instituciones del estado de Puebla; también es muy posible que no disminuyan su preocupación, a menos que se reduzca la violencia contra las mujeres y su manifestación extrema, lo que ocurrirá únicamente con acciones sustantivas y efectivas que vayan más allá de las acciones plasmadas en documentos.

[1] Las protestas se realizaron en los estados de Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México (La Jornada Zacatecas, 2017/ http://ljz.mx/2017/09/18/marchas-en-11-entidades-por-el-asesinato-de-mara/).

[2] Especialmente las referentes a el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio y el Protocolo para la Investigación, Preparación a Juicio de los Delitos en Materia de Trata de personas y la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia.

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