Feminicidios, homicidios y suicidios de mujeres en Puebla

“Queremos contar, queremos saber cuántas son y queremos saber quiénes eran todas esas mujeres. Todas tienen una biografía, y todas esas mujeres tienen un después, ahí están sus familias, ahí están sus comunidades, ahí está su sociedad, ahí está todo el país, y ahí estamos todas las mujeres en este país”. Marcela Lagarde

IDHIE SJ
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Dec 12, 2017 · 10 min read

Con frecuencia, la información oficial difundida por parte del Estado relativa a la violencia contra las mujeres, resulta escasa, incompleta y sin facilidades de acceso, complejizando el entendimiento y consulta de estas cifras actualizadas. Ello evidencia el incumplimiento del Estado mexicano y del gobierno del estado con el registro de las muertes violentas de mujeres, pues el artículo 8 de la Convención Belem do Pará establece como una obligación de los Estados:

Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios.

Las múltiples muertes violentas de mujeres por razones de género en el Estado de Puebla, las desapariciones, violaciones sexuales, acoso y expresiones de violencia simbólica hacia las mujeres, han alertado fuertemente a la sociedad del contexto violento que las mujeres viven en la entidad, siendo estos hechos motivos suficientes para exigir al Estado tomar cartas en el asunto, debido a su responsabilidad en “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el acceso a una vida libre de violencia a todas las mujeres”. [1]

La violencia contra las mujeres es definida en la Convención Belém do Pará, como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. [2]

Concebida así la violencia, resulta insuficiente hablar únicamente de delitos tipificados como feminicidios.

Ante el evidente panorama de violencia contra las mujeres en la entidad, la sociedad civil y espacios académicos como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Puebla (OVSG-P) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ hemos contrastado la información brindada por las instituciones del gobierno del estado de Puebla con la publicada por medios de comunicación.

El OVSG-P solicita periódicamente a la Fiscalía General del Estado (Fiscalía), o a la Institución de gobierno pertinente, cifras y datos de interés desagregados, a fin de conocer todos aquellos valores absolutos que evidencien manifestaciones violentas contra las mujeres y su frecuencia, y que, a su vez, puedan funcionar como insumos potencialmente comparables con aquellos albergados en nuestros propios registros, así como con datos de otras organizaciones de otras entidades federativas; las solicitudes se basan en criterios contenidos tanto en el Artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla, como en el Modelo de protocolo de investigación de las muertes violentas por razones de género (femicidio/feminicidio)(en adelante Modelo de protocolo).

Se han focalizado las recientes solicitudes de información del OVSG-P en el periodo de 2015 a la fecha, esto es, un año antes de la solicitud de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) por feminicidio para Puebla (2015), el año transcurrido de la solicitud (2016) y el año en curso (2017). [3]

Con la finalidad de hacer un reconocimiento más específico del contexto de violencia en este periodo, a continuación, se abordan tres tipos de muertes violentas de mujeres en Puebla, 1) feminicidios, 2) homicidios dolosos y 3) suicidios.


FEMINICIDIOS

Para el caso de feminicidios se presenta una comparación de los registros obtenidos de la Fiscalía con los del OVSG-P, cuya discrepancia es notable. Cabe resaltar que, a pesar de los datos discordantes entre la Fiscalía y el OVSG-P, en ambos casos existe un incremento de feminicidios, lo cual evidencia que tanto la misoginia como el odio hacia las mujeres siguen siendo constructos culturales que permiten la perpetuación y naturalización de estas muertes.

De acuerdo al Código Penal del Estado Puebla[4], comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer, es decir cuando con la privación de la vida concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I.- que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres;

II.- por celos extremos respecto a la víctima;

III.- cuando existan datos que establezcan en la víctima, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

IV.- cuando existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima. La sanción por cometer este delito en Puebla es de cuarenta a sesenta años de prisión y una multa de 500 a mil días de salario mínimo, de acuerdo al artículo 338 Bis del mismo Código.

Previo a la tipificación del feminicidio en Puebla, la feminista mexicana Marcela Lagarde (2006), confirió al concepto de feminicidio un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Señala Lagarde que “la mayor parte de las mujeres víctimas de homicidios dolosos o culposos en México han sido víctimas de sus conocidos, de sus próximos, parientes o personas que están en relación con ellas, todo tipo de parientes, hermanos, padres, padrastros, primos, hijos y, desde luego, sus parejas, ex parejas” (2006:224)[5]. Esta situación, coincide con los datos del OVSG-P.

Una comparación entre los datos de la Fiscalía, obtenidos mediante la solictud con folio 00514717 el 29 de agosto de 2017, y el registro hemerográfico del OVSG-P nos arroja esta gráfica.

Elaboración propia con base en datos de la Fiscalía y del OVSG-P

En el 2015 la Fiscalía registró 37 probables feminicidios, en contraste con los 81 del OVSG-P, difiriendo en 44 casos. En el 2016 ambos registros aumentaron, mientras que la Fiscalía registró 49, el OVSG-P obtuvo 85, discordando así por 36 casos. Y finalmente, entre los meses de enero a agosto del 2017, la Fiscalía contabilizó únicamente 29 casos a diferencia de los 78 casos reportados por en OVSG-P, difiriendo con esto, en 49 casos.

Esta última cifra resulta preocupante tanto por el incremento sostenido de los feminicidos, como por la postura de las instituciones locales respecto de estos crímenes. Recientemente Nadia Navarro, titular del Instituto Poblano de las Mujeres señaló: “definitivamente Puebla, no está en una emergencia, creo yo que siempre va a haber áreas de oportunidad, la alerta de género se ha emitido en otros estados, cuando no se han dado los resultados que se están pretendiendo”[6], con lo cual deja entre ver tanto la minimización del mecanismo que implica la declaratoria de la AVG y la gravedad del asunto, así como la tolerancia de la violencia contra las mujeres desde el gobierno estatal, pues cabe recalcar que entre el 2012 y hasta mayo del 2017 únicamente se han imputado 12 sentencias condenatorias dictadas por delito de feminicidio.[7]


HOMICIDIOS DOLOSOS

Un homicidio doloso contra una mujer, en términos de la legislación penal vigente[8], sucede cuando un sujeto priva de vida a una mujer y se diferencia de un feminicidio cuando no se encontraron pruebas suficientes para decir que la muerte fue por razones de odio a causa de su género. A pesar de ello, muchos de los homicidios, aunque no se consideran o tipifican por parte de la Fiscalía como feminicidios, podrían conllevar un velo de dominación masculina. De ahí la necesidad de que la Fiscalía acate los elementos para la actuación investigativa en todos los casos de muertes violentas de mujeres, expresados en el Modelo de protocolo, a fin de distinguir claramente estos dos delitos y castigar debidamente al perpetrador de un homicidio o un feminicidio.

Con base en la solicitud de información presentada a la Fiscalía con folio 004116716 el 9 de septiembre de 2017, desde el año 2015 hasta el mes de mayo del 2017, se han presentado 228 homicidios dolosos contra mujeres en el estado de Puebla, distribuidos de la siguiente manera:

Elaboración propia con datos de la Fiscalía

De acuerdo al registro de la Fiscalía, los homicidios dolosos contra las mujeres han disminuido mientras que los feminicidios han aumentado. Dicha correlación nos llevaría a suponer, dadas las tendencias, que en un futuro próximo, en Puebla, será más probable la muerte de una mujer como consecuencia de su género, que a causa de un accidente o un asalto. Tal situación deja ver la gravedad de la misoginia perpetuada y naturalizada en la entidad.[9]


SUICIDIOS

Otro tipo de muerte de mujeres que no puede exceptuarse al abordar la violencia de género es el suicidio, pues de acuerdo al Modelo de protocolo, éste debe ser investigado con perspectiva de género, porque muchos de ellos son consecuencia de la violencia previa sufrida por las mujeres, además porque son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor, presentando la muerte de la mujer como un suicidio (o muerte accidental), o incluso porque puede ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, en respuesta a la solicitud 00514517 el 29 de agosto de 2017, en el año 2015, se registraron 79 suicidios de mujeres; en el 2016, 55 y entre los meses de enero y mayo del 2017 se contabilizaron 38. Durante este periodo, ocurrieron 172 suicidios femeninos, y resalta que la edad promedio de las mujeres fuera de 28 años en los tres periodos.

Elaboración propia con datos de la Fiscalía

Si bien, a primera vista se observa que los suicidios han disminuido conforme han pasado los años, a partir del comportamiento de los primeros cinco meses del presente año (y considerando que faltan datos a esta fecha) podríamos suponer que, a finales del año, el número de suicidios en 2017 aumentaría considerablemente con relación a los ocurridos el año pasado.

Ahora bien, bajo las premisas citadas con anterioridad que muestran la fuerte correlación entre muertes violentas de mujeres a causa de razón de género y los suicidios, se distingue la necesidad de una respuesta por parte del Estado, mediante la atención oportuna de mujeres en riesgo de cometer un suicidio y a partir de su registro, conocer de manera más detallada el perfil y el contexto socio-cultural en el que se presentan, pues

[…]la percepción de las violencias de género propias de esas otras escenas, públicas y bélicas, presionan para transformar la imaginación socialmente compartida y la orientan hacia una comprensión del género como una dimensión no particular, no privada de la existencia humana, sino pública, política y de impacto general en la historia de las colectividades.[10]

Finalmente, tener un registro de cómo bajo un contexto claro de violencia contra las mujeres que siguen muriendo en Puebla evidencia el deber del Estado para hacerle frente. La muerte violenta de mujeres por razón de género es un tema complejo que necesita, por un lado, ser abordado multidimensionalmente, y por otro, un manejo tal que evite a toda costa la aceptación de la impunidad y la omisión de las múltiples responsabilidades que el Estado tiene para hacer frente a este grave problema.

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[1] Art. 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Art. 1 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

[2] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, adoptada por la Asamblea General, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994, ratificada por México en 1998. Dicha ratificación le confiere un carácter vinculatorio a tal Convención.

[3] El 7 de julio de éste año, la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, determinó no declarar la AVG; sin embargo emitió ocho medidas específicas para ser cumplidas por el estado de Puebla, dos de las cuales ya se habían solicitado previamente en el conjunto de las primeras 11 recomendaciones realizadas por Conavim.

[4] Gobierno del Estado de Puebla (2017). Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Artículo 338.

[5]Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. En: Desde el jardín de Freud. Num 6. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

[6] Milenio (2017). “CNDH y Fiscalía difieren por feminicidios en Puebla”. 4 de octubre 2017

[7] Dato obtenido del oficio 115/2017 del Departamento de control y evaluación del Tribunal Superior de Justicia con fecha del 31 de agosto 2017.

[8] Gobierno del Estado de Puebla (1986) Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Artículo 312.

[9] De acuerdo al registro de la Fiscalía, la edad promedio de las víctimas de homicidios es de 37 años, los municipios en donde ocurrieron estos homicidios con más frecuencia en el 2015 fueron: la ciudad de Puebla, Acateno y Xicotepec; en el 2016 la ciudad de Puebla, Tehuacán y Coxcatlán; y de Enero a Mayo del 2017, Puebla y Atlixco.

[10] Segato, R. (2012). Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación.

IDHIE SJ

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IDHIE SJ

Promoción y defensa de los derechos humanos a través del diálogo universitario con diferentes actores civiles y sociales y las instituciones del Estado mexicano

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