Inconsistencias en los registros sobre feminicidios aportados por la FGE y el SESNSP
A partir del seguimiento que realiza el Observatorio de Violencia Social de Género Puebla (OVSG-P) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla se han detectado inconsistencias en las cifras de feminicidios reportadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mediante el Reporte de Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género del año 2017 y enero 2018.
A lo largo de estos años, las diferencias entre los registros oficiales de feminicidios, en contraste con los realizados tanto por medios de comunicación como por la sociedad civil en Puebla, han alertado a la población sobre el patrón sistemático de violencia feminicida en la entidad.
Ejemplo de ello, es que, al cierre del 2017, en el OVSG-P se contabilizaron 106[1] casos de probables feminicidios, mientras que la FGE reportó únicamente 77 casos durante la comparecencia del Fiscal ante el Congreso del estado de Puebla; es decir que hay una diferencia de 29 casos entre ambos registros. En lo que va de 2018, el OVSG-P, de enero al 18 de febrero, registró 15 casos de probables feminicidios, en contraste con los 10 casos que la FGE reconoció como tales[2].
A través del seguimiento de distintas fuentes hemerográficas que dan cuenta de la comparecencia del Fiscal General del Estado de Puebla ante el Congreso local[3], se evidencia la debilidad en el cumplimiento por parte del Estado mexicano de la recomendación general 19 del Comité CEDAW[4], que pide que:
los estados informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer e incluyan todos los datos que dispongan acerca de la frecuencia de cada forma de violencia y de los efectos de esa violencia sobre las mujeres y víctimas.
Comprendiendo además que la obligación de recolectar, registrar y producir información permite evaluar las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres para efectos de realizar las modificaciones estructurales necesarias.
La discordancia entre los registros de feminicidios se observa también al comparar datos de la FGE y de la Secretaría de Gobernación (Segob), por conducto del SESNSP. En el registro del año 2017, el SESNSP registró 27 casos de feminicidios en el Reporte de Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género con corte al 31 de diciembre del 2017[5], que difiere en 50 casos menos que los registrados por la FGE, al registrar en este periodo 77 casos. La segunda discordancia fue a inicios de este año, pues la FGE, del 1 al 28 de enero del 2018, registró 5 casos de probables feminicidios[6] en contraste con el único feminicidio albergado en el registro nacional del SENSP con corte al 31 de enero 2018, dejando entrever, en estos periodos de registro, la clara y preocupante diferencia entre ambos registros oficiales.
Tampoco es menor que en el informe del SESNSP del 2017, tres municipios de la entidad se encuentren en la lista de los 100 con más presuntos feminicidios en números absolutos: Puebla en el lugar 14to, Tehuacán en 16to y Atlixco en el 98vo. Más aún, si los 77 registros de la FGE fueran reflejados en el registro del SESNSP, Puebla sería la tercera entidad con más casos de feminicidios registrados, antecedida sólo por Sinaloa (con 82 casos) y Veracruz (con 79).
Ante esta falta de concordancia, el Fiscal Víctor Carrancá ha afirmado que en Puebla “analizamos cada uno de los casos para establecer si estamos ante un posible caso de feminicidio. Sin embargo, el registro que se ha intentado en el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública no tiene lineamientos precisos en cuanto a lo que se debe establecer o tomarse en cuenta para considerar los homicidios dolosos como feminicidios”[7]. Con esta declaración se da cuenta de la falta de coordinación en las instituciones y la falta de metodologías adecuadas para el registro del SESNSP, muy a pesar de lo que en el propio prólogo del informe se afirma al respecto: “el protocolo de investigación en materia de feminicidio en las investigaciones de muertes dolosas de una mujer, no condiciona su registro estadístico[8], ni tampoco implica un cambio en el nivel de incidencia delictiva ni en la tendencia, únicamente brinda información más específica y precisa […][9] Pues al hablar de incidencia delictiva con perspectiva de género, se toma en consideración los feminicidios y registros de víctimas mujeres de otros delitos con base en las denuncias realizadas ante el Ministerio Público en las 32 entidades federativas”[10].
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio también ha cuestionado el registro del SENSP, identificando una falta de registro de casos de feminicidios: “el subregistro y la falta de investigación de muchos casos, que son investigados por otras causales, que no sean la de probable feminicidio, deriva no sólo en su invisibilización sino en la impunidad y prevalencia”[11].
En conjunto, ello evidencia la falta de coordinación en los niveles de gobierno (estatal y federal) y el incumplimiento del Estado mexicano en su obligación de garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia, y a la sociedad, el derecho a la información pública, tal como se ha puntualizado a través de la ONU:
Los Estados deben asegurar la reunión y difusión sistemáticas y coordinadas de datos, así como su análisis, en particular en lo que respecta a la prevalencia, la frecuencia, las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y el impacto de las medidas que se adopten para combatir esa violencia[12].
Por ello resulta necesario que tanto la FGE como el SENSP realicen una aclaración metodológica que explique las discordancias en los registros reconocidos como feminicidios. Es importante también un registro confiable y fidedigno de feminicidios, y cifras históricas de incidencia delictiva que faciliten comparar datos que muestren las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres en el estado de Puebla, así como velar y garantizar la consistencia de los datos estatales albergados en los registros nacionales.
Hacer público el número de homicidios dolosos contra las mujeres de los que tiene registro la Fiscalía, y aquellos registrados bajo los lineamientos, formatos de registro y desgloses de la nueva metodología del SESNSP, así como un análisis completo del registro de fenómeno delictivo con perspectiva de género en el estado de Puebla, permitiría a las organizaciones de la sociedad civil, a espacios académicos y a la ciudadanía allegarse de datos que permitan dar seguimiento a los feminicidios a fin de aportar sugerencias para posibles soluciones, y al Estado diseñar estrategias efectivas de prevención de la violencia feminicida.
Las cifras que aportan las instituciones públicas nos ayudan a visibilizar una problemática tan grave como la violencia extrema contra las mujeres; detrás de cada número existe una mujer a la que se negó su derecho de vivir una vida libre de violencia. Cualquier omisión en el conteo se traduce en impunidad, reproduce la tolerancia social y la naturalización de la violencia feminicida en nuestra comunidad.
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[1] A inicios del 2018, el OVSG-P agregó dos casos más de probables feminicidios sucedidos en el 2017, gracias a la información referida en dos fuentes hemerográficas; un caso citado en una nota periodística, y otro en el boletín número 676 de la FGE.
[2] FGE (2018). Política pública integral para prevenir y combatir la violencia de género en el Estado del 12 al 18 de febrero del 2018. Infografía
[3] Excélsior (2017). Reconoce Carrancá déficit en materia de agencias del MP.
El Popular (2017). Reporta fiscalía 77 feminicidios en 2017.
[4] ACNUDH — CEDAW (1992). Recomendación general 19.
[5] La principal ventaja de esta información brindada en el reporte, es que por primera vez se pone a disposición del público, cifras de incidencia delictiva en el caso de feminicidios (SEGOB — SESNSP, 2017:4).
[6] FGE (2018). Política pública integral para prevenir y combatir la violencia de género en el Estado del 22 al 28 de enero del 2018. Infografía
[7] Periódico Central (2017) Respondió el fiscal al ser cuestionado por la diputada Carolina Beauregard.
[8] SEGOB — SESNSP (2017). Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género con corte al 31 de diciembre del 2017. Prologo 1, inciso V. (.pdf)
[9] Idem. ¿Sabías que contamos con una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos? Infografía. (.pdf)
[10] SEGOB — SESNSP (2017). Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género con corte al 31 de diciembre del 2017. P.4. (.pdf)
[11] OCNF (2018) Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México. Comunicado.
[12] OEA, CIDH (2015). Acceso a la información, violencia contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, p. 49.
