Niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en la modalidad de violencia familiar y comunitaria (I/II)

IDHIE SJ
IDHIE SJ
Oct 8, 2018 · 9 min read

¿Cómo viven la violencia de género las niñas y adolescentes en México?, ¿qué tipos de violencia se ejerce contra ellas?, ¿a qué tipo de violencia están más expuestas ese grupo etario?, ¿qué diferencia la violencia dirigida a niñas y adolescentes con la de sus pares varones? Estas, son algunas preguntas que nos orientan para abordar una problemática actual bastante cruda y compleja, la violencia de género focalizada en niñas y adolescentes.

Una de las perspectivas teóricas más pertinentes para abordar esta problemática es desde la interseccionalidad, cuyos planteamientos toman en consideración cómo ciertas condiciones, como la raza, la identidad de género, la condición etaria o la clase; cuando se entrecruzan con distintas estructuras de desigualdad y sistemas de discriminación culturales, generan que la dominación y vulnerabilidad de poblaciones específicas para sufrir algún tipo de violencia se agrave debido a las dominaciones múltiples[1] bajo las cuales éstas se circunscriben.

La interseccionalidad a partir de la cual profundizaremos en este texto, se referirá a las condiciones de género y etaria en la violencia de género ejercida contra niñas y adolescentes en el Estado de Puebla. Para ello, en esta primera parte profundizaremos en las modalidades comunitaria y feminicida.

Entre los tipos[2] y modalidades[3] de violencia familiar y comunitaria contra las mujeres, destacan las siguientes expresiones violentas:

Elaboración propia. IDHIE.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (1979), considera que la violencia de género en niñas y adolescentes es:

“toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” (artículo 19).

Con el objetivo de reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, de garantizarlos y de establecer principios rectores que orienten la política nacional en esta materia, en el año 2014[4] en México, el Gobierno Federal decretó la Ley General de los derechos de las niñas y niños y adolescentes[5] (LGDNNA), a partir de la cual se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instancia responsable de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, y las Procuradurías de protección, las cuales tienen por objeto trabajar de forma conjunta con autoridades administrativas en temas de asistencia social, salud, educación y proveer una efectiva protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos esfuerzos institucionales impulsados a partir de la adopción de la LGDNNA y de su armonización a nivel estatal; las cifras de violencia contra niñas y adolescentes nos indican que el Estado no ha logrado garantizar los derechos a una vida libre de violencia y a la protección contra la explotación, el comercio ilegal y los abusos de este grupo etario, tal y como se verá a continuación.

1. Derecho a vivir una vida libre de violencia: feminicidios, desapariciones y trata de personas en niñas y adolescentes

El derecho a la vida es considerado el derecho más fundamental de cualquier ser humano; sin la garantía de éste, los demás derechos humanos no tienen cabida.

Considerando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, que limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales; resulta oportuno decir que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belém Do Pará, establece en su artículo 4° que:

“toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección del derecho a que se respete su vida”.

De ahí que, reconociendo la doble condición de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes a consecuencia de su género y edad, la máxima expresión de la violación al derecho a una vida libre de violencia es el asesinato por razones de género, es decir, la violencia feminicida[6] infantil, entendida como la máxima expresión de violencia contra las mujeres.

A nivel nacional, estos feminicidios han aumentado considerablemente en el primer semestre del 2018 en comparación con años anteriores.

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en adelante SESNSP), de enero a julio del presente año, se han cometido 50 feminicidios contra niñas y mujeres adolescentes, lo cual equivale a un aumento del 42% en comparación de los feminicidios cometidos en el mismo periodo en el 2017; de igual forma, en tan sólo 6 meses se han cometido los mismos feminicidios infantiles que se cometieron en todo el año del 2015.

Por lo que respecta a nivel estatal, el conteo hemerográfico del Observatorio de Violencia Social y de Género Puebla, (OVSG-P) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) registró en el 2017, 20 feminicidios infantiles.

Si bien la gravedad de estos asesinatos resulta evidente, el asesinato por razones de género en niñas es el resultado de una violencia sistemática, sobre todo en espacios privados y domésticos, en los cuales, los principales perpetradores son familiares o personas conocidas.

Otro de los delitos en el que se viola el derecho de las niñas a una vida libre de violencia, es el que se refiere a la desaparición.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de personas Extraviadas o desaparecidas (RNPD), en el 2017, el número de mujeres menores de edad desaparecidas en el Estado de Puebla fue 180, lo que equivale al 48% del total de la población femenina desaparecida en ese año.

Asimismo, el SESNSP ubicó a Puebla en el lugar 11° de los estados con más Alertas Amber activadas en el 2017, con un total de 5 alertas, a pesar de las 147 mujeres de 0 a 17 años que reportó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) como desaparecidas en el mismo año[7].

Lo cual deja entrever que la Alerta Amber, a pesar ser un mecanismo de notificación contra las desapariciones de mujeres menores de edad, no ha sido suficiente para responder frente a todas las desapariciones sucedidas en el Estado de Puebla, dificultando de esta manera el inicio de la búsqueda del paradero de estas víctimas desde las primeras 72 horas de la desaparición, que por más está decirlo, son las más cruciales en la investigación [8].

Una de las razones del por qué las desapariciones de niñas y adolescentes incurren en violencia de género, es debido a su posible estrecha relación con las múltiples redes nacionales e internacionales de trata de personas, explotación sexual y corrupción de menores que, en los tres casos, demuestran cómo la sexualización del cuerpo de las niñas y adolescentes, dentro de la sociedad patriarcal en la que vivimos, sigue siendo un negocio altamente rentable[9] a causa de la simbolización que existe detrás de estos cuerpos infantojuveniles: la irrupción falo céntrica de la virginidad y pureza que se extrae del cuerpo femenino para ser poseído y ultrajado por el varón, y con ello, la propiedad simbólica que le enviste a éste como primer “dueño” de ese cuerpo femenino.

Por tanto, es importante mencionar que actualmente Puebla ocupa la 8° posición de los estados con más casos de víctimas de trata de mujeres, y que, junto con Tlaxcala, forma parte de uno de los corredores de la trata de personas[10] más importantes a nivel mundial, por la ubicación territorial y estratégica en el que se encuentra.

De acuerdo con datos del SESNSP, entre enero de 2017 y junio de 2018, en el 52% de los estados en donde han existido casos de trata de personas, más de la mitad de las víctimas (11) son menores de edad. Mientras que, en el mismo periodo, se registraron 1,813 casos de corrupción de menores[11].

La complejidad de ambos delitos y las cifras actuales disponibles a nivel nacional, nos muestran tal y como lo menciona el último informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2015), que la mayoría de las cuestiones planteadas en las Observaciones Finales a México con relación a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, no se han cumplido, continuando así, las preocupaciones respecto a “la persistencia de la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual, en particular, la niñez en situación de migración, la indígena, y las niñas y adolescentes, que se ven especialmente afectados; la alta prevalencia de la explotación sexual de niñas y niños, incluido el turismo sexual infantil, y la impunidad en general que gozan los autores de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo(p. 23).

De ahí la necesidad urgente de que estos delitos, merezcan una especial atención y análisis interseccional por parte del Estado para hacer frente a esta problemática, a causa de la doble condición de vulnerabilidad de este grupo etario, el género y la edad de estas niñas y adolescentes poblanas.


Referencias bibliográficas:

CEDAW (2011). Convención sobre los derechos del niño. Disponible en: file:///C:/Users/colaborador2_dh/Downloads/G1144193%20(1).pdf

Diario Cambio. (2016). Puebla, paraíso del delito de trata de personas. Disponible en: https://www.diariocambio.com.mx/2016/opinion/el-vuelo-del-tabano/item/24806-puebla-paraiso-del-delito-de-trata-de-personas

SENSP. (2018). Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Centro Nacional de Información con corte al 30 de junio de 2018. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_JUN2018.pdf

ONU. (2015) Comité de los Derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto, consolidados en México. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf

[1] Término acuñado por María Lugones, feminista y educadora popular que las define como marcas potentes de sujeción o dominación» que actúan de tal forma que ninguna de ellas, al estar oprimiendo, moldea y reduce a una persona sin estar tocada por o separada de las otras marcas que, al estar también oprimiendo, moldean y reducen a esa persona”. Lugones, M (2008). Colonialidad y género. Tabula Rasa, (9), 73–101.

[2] Física, psicológica, económica, patrimonial, sexual y obstétrica.

[3] Familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional y feminicida.

[4] Última reforma publicada en junio del 2018.

[5] Diario Oficial de la Federación Ley General de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339082/LGDNNA__Con__ltimas_reformas_2018__hasta_la_del_20_de_junio_.pdf

[6] “La Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. (Artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

[7] Respuesta a la solicitud de información con número de folio 00899817 realizada a la Fiscalía General del Estado de Puebla con fecha del 2 de enero del 2018.

[8] La reciente instalación del Grupo Técnico de Colaboración para la implementación del Protocolo Alba en Puebla en el mes de septiembre, se espera que abone para “coordinar los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno en la promoción y ejecución de acciones para la localización inmediata de mujeres con reporte de extravío, con el fin de proteger su vida, libertad e integridad”.

Milenio.(2018). Instaló Gali Grupo técnico de colaboración para el Protocolo Alba. Disponible en: http://www.milenio.com/politica/gobierno/instalan-grupo-tecnico-implementar-protocolo-alba-puebla

[9] “Hoy en día, este delito es considerado el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, que cada año genera ganancias que van de 32 mil a 36 mil millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las Naciones Unidas.” Diario cambio,2016

[10] La trata de personas es considerada una violación a los derechos humanos compleja, que incluye un proceso de captación, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza con fines de explotación. (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, 2000).

[11] Mientras que, la corrupción de menores definida en el artículo 217 del Código Penal de Puebla, es el delito que comete quien, con relación a un menor de dieciocho años de edad, obligue, procure, facilite, induzca, fomente, proporcione o favorezca a 1) realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, consumo habitual de bebidas alcohólicas o psicotrópicos, permita el acceso de un menor a espectáculos de carácter sexual, a formar parte de una pandilla o asociación delictuosa.

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IDHIE SJ

Promoción y defensa de los derechos humanos a través del diálogo universitario con diferentes actores civiles y sociales y las instituciones del Estado mexicano

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