España sin CO2

La descarbonización de la economía española, la transición a las energías renovables

El 22 de junio del 2016, los 200 países reunidos en la Cumbre del Clima en París firmaron un acuerdo global para hacer frente al cambio climático, por el cual, los firmantes se comprometen a limitar sus emisiones, con el objetivo de evitar el aumento de la temperatura por encima de los dos grados a final de siglo.

Tras la firma del Acuerdo de París el gobierno español se comprometió a llevar a cabo una ley contra el cambio climático que recortase el 30% de las emisiones de CO2 para 2030. El estudio ‘Claves de la descarbonización del modelo energético en España’, publicado por Monitor Deloitte en el mes de marzo del año pasado, va más allá y señala que descarbonizar la economía española supondría un ahorro anual de 25.000 millones de euros.

El estudio de 67 páginas elaborado por Deloitte, una de las auditoras más grandes del mundo, resalta cinco medidas: poner precio a las emisiones, apoyar la eficiencia energética, un 90% de electricidad renovable, que todos coches sean eléctricos para 2050 y electrificar otros sectores (calefacción, industria, transporte, etcétera).

Desgranando Deloitte

Para desgranar los pros y los contras de este informe acudo a Emilio de las Heras, en el pasado, y entre otras muchas cosas, ingeniero de centrales eléctricas y hoy autor del blog ‘Cambio climático y economía’ en el diario Expansión.

Marco su teléfono y no tengo que esperar demasiado, al tercer toque Emilio me recibe con un cordial “buenos días”. Tras las presentaciones y el tanteo mutuo de dos personas que se acaban de conocer, le pregunto por su opinión sobre el informe, “lo critiqué en mi blog” me responde abiertamente. De las Heras reconoce que el informe es “muy bueno” pero que “tiene cosas mejorables”.

También tiene tiempo para criticar el recibimiento que la prensa nacional dio al informe, “cuando salió toda la prensa hablaba de que realizar una transición energética en España costaría 10.000 millones de euros al año”. Los costes que supondría una transición energética para llegar a una España descarbonizada serían de 348.000 millones de euros en 35 años.

Las cuentas son correctas, sin embargo el columnista apunta que “si uno leía con detenimiento, el documento decía que una vez realizada la transición el ahorro en la factura de los españoles sería de 150€”, lo que supondría un ahorro de 25.000 millones de euros al año a los consumidores españoles.

Intereses lógicos

“¿Quién se ahorra los 25.000 millones de euros? Los consumidores españoles, ¿quién los paga? ¿Quién los deja de ganar? Las energéticas en general”, así de tajante se muestra Emilio, que añade, “lo que propone el documento, la electrificación de la calefacción y del transporte entre otras, dejaría sin trabajo a Repsol y Cepsa”. De las Heras va más lejos y apunta a que en 2050 todas las petroleras se quedarán sin negocio cuando se complete la electrificación y la electricidad sea renovable.

Las compañías eléctricas también se verían afectadas, “se les cerraría el carbón, el gas, las nucleares”, pero señala que serían participes del proceso de electrificación, de la sustitución de las energías fósiles por las renovables, y de los servicios que surgirán cuando lleguen los coches y las casas eléctricas. “Las que tengan mucho carbón, nuclear y gas, como Endesa y Gas Natural Fenosa, serán las que más sufran”, detalla.

“En esta quimera, o lo conseguimos, o tu generación y la de mis hijos va a sufrir bastante”, y añade, “será una transición en la que se arruinarán todas las petroleras y gaseras, y las eléctricas tendrán que cambiar de negocio”. Emilio arguye que las empresas son conocedoras de que sus negocios no son sostenibles en el tiempo y que en 2050 no habrá combustibles fósiles, y sin embargo siguen adelante, “están siendo unos irresponsables”.

De las Heras apuesta por una transición paulatina e ir cerrando las centrales nucleares y de carbón en sus fechas, “no es de golpe y hay sobrecapacidad de gas natural, ciclo combinado y renovables, se pueden ir cerrando”. Rechaza una transición prorrogando la energía de carbón y nuclear, tras el reciente anuncio de que el CSN aprobaba la reapertura de Garoña.

Además de apostar por una mayor sobrecapacidad de renovables dispersas por la península, Emilio señala que habría que desarrollar “interconexiones con países adyacentes (Portugal, Francia y Marruecos), si a ellos les sobra energía cuando nosotros nos falte que nos la venda y viceversa”. También señala que se debería invertir en investigar nuevas formas de acumular la energía.

Esfuerzo insuficiente

María García, secretaria de Estado de Medio Ambiente, defendió el pasado 27 de mayo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia de cambio climático se situaran en los 52 millones de euros. La oposición considera que la cantidad será insuficiente para cumplir con el acuerdo de París.

Las inversiones en materia de cambio climático se engloban en el mismo capitulo que las del agua, infraestructuras hidráulicas, incendios, ecosistemas y protección de la costa, entre otras, a las que se destinará una partida de 1.723 millones de euros, un 8,1 por ciento menos con respecto al ejercicio anterior. De esta manera, 2017 es el segundo año consecutivo en el que se recorta dicha partida, en 2016 dicha partida fue de 1.900 millones de euros y de 2.000 millones en 2015.

https://www.transportenvironment.org/press/just-three-eu-countries-step-plate-paris-climate-deal-–-ranking

Un ranking de 28 países europeos elaborado por la fundación europea Transport and Environment, que mide la ambición para cumplir el Acuerdo de París, sitúa a España en el puesto 21, por detrás de países como Bulgaria y República Checa, y obtiene la valoración de “muy pobre”. En el informe se señala la poca ambición del gobierno español en sus propuestas en las conversiones comunitarias y su falta de estrategia a largo plazo para combatir el cambio climático.

En la misma dirección van las críticas de Greenpeace que denuncia que España carece de planificación energética de cara a cumplir el cumplir el Acuerdo de París. La ONG se hace eco de un estudio publicado por Overseas Development Institute que analiza las subvenciones al carbón de diez países europeos y concluye que España está lejos de poner fin a las subvenciones a las centrales térmicas de carbón. Dicho estudio sitúa a España en el tercer puesto con una inversión al carbón de 754 millones de euros entre 2005 y 2016.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/inline-gifs/coal_map_website_0.gif

Greenpeace exige al gobierno español seriedad en el cumplimiento del Acuerdo de París y en las políticas climáticas. La organización considera necesario incluir en el desarrollo de la ley de cambio climático y transición energética, que quiere poner en marcha el gobierno del Partido Popular, la planificación del cierre de las térmicas de carbón antes de 2025.

El pasado 21 de abril la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina invitó a las ONG ambientales a formar parte de la conferencia multisectorial que el gobierno esta organizando para los días 25 y 26 de mayo, tras la cual se redactará la ley de Cambio Climático y transición energética que ha de afrontar los acuerdos climáticos firmados en París.

Al mismo tiempo, durante un foro organizado por la Fundación alternativas, la directora de la oficina climática del Gobierno, Valvanera Ulargui adelantó que los objetivos para 2030 de generación de energías renovables y eficiencia energética, para cumplir así con los plazos de la Comisión Europea con el fin de alcanzar los compromisos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, estarán listos antes de que termine el presente año.

En aquel mismo foro Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, ONG que lucha contra el cambio climático, criticó duramente la inacción de los distintos gobiernos en las últimas décadas y señaló la inseguridad jurídica que ocasionan unas regulaciones “poco claras” y el nulo apoyo a las nuevas tecnologías para combatir el cambio climático.

Ruiz recordó el caso de Holanda, en el cuál el tribunal de La Haya falló en contra del gobierno holandés por inacción frente al cambio climático, y ha concluido, “sería lamentable que los ciudadanos tengamos que acudir al único poder que nos queda, el judicial, para pedir protección frente al cambio climático”.