El tiempo se acaba para un abogado acusado de estafar a Chevron

El tiempo puede estar acabándose para el abogado de Nueva York, Steven Donziger.

Chevron presentó un informe esta semana, exhortando a la Corte Suprema de los EE. UU. a rechazar la petición de Donziger que pide revocar una sentencia devastadora contra él y contra su mayor logro: una multimillonaria sentencia judicial en un caso ambiental que ha estado presionando por más de 20 años.

La campaña de Donziger contra Chevron alcanzó su cúspide hace seis años, en marzo de 2011, cuando él y un equipo de abogados locales ganaron un veredicto de $18 mil millones — que más tarde se redujo a $9.5 mil millones — en una corte provincial en Lago Agrio, Ecuador, a nombre de los residentes de la región amazónica donde Texaco, adquirida por Chevron en 2001, había perforado de 1964 a 1992.

El veredicto fue aclamado — y aún es aclamado en muchos círculos — como una reivindicación histórica de los reclamos de los pueblos del Tercer Mundo, cuyas tierras y vidas han sido envenenadas desalmadamente por una corporación estadounidense.

“Hemos ganado el caso”, dijo Donziger, de 55 años, en un video de producción propia en su sitio web, “pero todavía estamos luchando”. El experiodista, graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, y defensor público continúa diciendo: “Estamos ante lo que creo es la campaña corporativa de represalias más despiadada y bien financiada de todos los tiempos para destruirnos”.

Él está hablando acerca de lo que ocurrió en febrero de 2011, cuando Chevron demandó a Donziger en una corte federal de Manhattan por crimen organizado. Aunque el Juez de Distrito de los EE. UU., Lewis Kaplan, no emitió ningún fallo acerca de si los residentes de Lago Agrio habían sido víctimas de Texaco, que estaba fuera del alcance de la demanda, él llegó a la conclusión de que Chevron había sido repetidamente victimizada por Donziger, tanto en Ecuador como en los Estados Unidos.

‘El fin no justifica los medios”

En marzo de 2014, después de un juicio de siete semanas, Kaplan emitió un fallo de 485 páginas y 1.842 notas de pie de página, donde dictamina que Donziger y su equipo obtuvieron el veredicto de Lago Agrio a través de una elaborada campaña de varios años utilizando fraude, sobornos, extorsión, lavado de dinero y otros delitos, que fue en gran parte orquestada y financiada desde los Estados Unidos.

Kaplan escribió: “De manera que, aunque Donziger y sus clientes tuvieran una causa justa -y el Tribunal no expresa opinión alguna al respecto- no tenía derecho a corromper el proceso para lograr su objetivo. No se hace justicia imponiendo injusticia. El fin no justifica los medios”.

Específicamente, Kaplan dictaminó que el equipo de Donziger había instruido a sus consultores con base en Denver, a redactar un informe de daños importantes, como si hubiera sido escrito por un perito neutral nombrado por la corte. Cuando Chevron inició el litigio en los EE. UU. para exponer esta farsa, el equipo de Donziger presentó una declaración jurada que contenía “verdades a medias cuando mucho”, dirigida a varios jueces estadounidenses, en un esfuerzo para cubrir sus huellas, continuó Kaplan.

Entonces, cuando la verdad salió a relucir finalmente, el equipo de Donziger sacó la más audaz artimaña de todas: secretamente escribieron toda la opinión final que decidió el caso, que el juez ecuatoriano Nicolás Zambrano firmó como si él fuese el autor, en donde Zambrano pretendía hacer caso omiso del informe fraudulento supuestamente escrito por el perito, pero llegaba a conclusiones esencialmente idénticas. Zambrano permitió al equipo de Donziger escribir su sentencia, dictaminó Kaplan, porque el equipo prometió pagarle $500,000 dólares de dinero eventualmente recuperado de Chevron.

Donziger, quien sigue siendo muy solicitado como orador en los foros de derechos humanos en las universidades más prestigiosas del país, ha negado enfáticamente cualquier irregularidad. Pero su apelación en el Segundo Circuito fue una impresionante derrota para él. En un fallo de 127 páginas escrito por Amalya Kearse, nombrada por el Presidente Jimmy Carter, el panel de tres jueces confirmó por unanimidad la sentencia de Kaplan en su totalidad.

El fallo de Kaplan ‘es equivocado y no tiene precedentes’

A menos que Donziger pueda convencer a la Corte Suprema de que intervenga, la mancha de la evaluación de Kaplan devastando la sentencia judicial de Lago Agrio — que fue producto de una grotesca corrupción — será indeleble. Para estar seguro, Donziger siempre podrá llevar esa sentencia a cualquier otro país donde Chevron tenga activos y ver si sus cortesestán dispuestas a hacerla cumplir.

El equipo de Donziger, de hecho, ya la ha llevado a las cortes de Canadá, Argentina y Brasil, y todos esos casos están pendientes. Pero si el fallo de Kaplan se convierte en definitivo, difícilmente esos jueces ignorarán las conclusiones del juez que ha investigado el caso más profundamente que nadie (al menos fuera de Ecuador) y cuyos resultados han sido confirmados en apelación por unanimidad. (Hasta ahora, los funcionarios jurídicos principales de Brasil y Argentina han recomendado la no ejecución de la sentencia de Lago Agrio en sus países, citando el fallo de Kaplan, mientras que un juez de Gibraltar dio un gran peso a la opinión de Kaplan en las demandas de fraude que entabló Chevron contra los aliados de Donziger ahí).

El desafío de convencer a la corte de que intervenga ha sido tomado por el abogado en derecho constitucional y especialista en apelaciones, Deepak Gupta, de Gupta Wessler, de Washington, D.C. Sabiamente, en un caso en el que abundan dichas acusaciones repugnantes, Gupta está pidiendo que la corte se enfoque con ecuanimidad académica y precisión quirúrgica, en dos misteriosas, pero poderosas, cuestiones jurídicas.

Para empezar, él afirma que Chevron carece de “legitimidad” para entablar la demanda — es decir, no ha sufrido daño suficiente — porque los demandantes de Lago Agrio no han intentado ejecutar la sentencia en los Estados Unidos, y de hecho han rechazado cualquier plan para hacerlo. Este tipo de “ataque preventivo colateral” a una sentencia judicial en moneda extranjera, sostiene, es “tan errado comosin precedentes”.

“Si no se corrige”, continúa Gupta, “los litigantes descontentos de todo el mundo acudirán a Manhattan para exponer sus quejas y solicitar una opinión consultiva de un juez de Nueva York”. Esto, a su vez, obligará a los “tribunales de Estados Unidos a colocarse como árbitros de los sistemas judiciales del mundo, con graves costos para la cortesía internacional”, escribió. La cortesía se refiere al respeto que nuestras cortes generalmente deberían mostrar hacia cortes de otros países, y que nuestro poder judicial no intervenga en asuntos de relaciones exteriores, donde se supone que las ramas políticas del gobierno (el presidente y el Congreso) deben establecer las políticas.

Ted Olson: Una división ‘latente y superficial’ del circuito

En respuesta, los abogados de Chevron, liderados en la Corte Suprema por el exprocurador general de los Estados Unidos, Theodore Olson, ahora parte del bufete de abogados Gibson Dunn & Crutcher, sostienen que el caso de Chevron “no era ni un ataque preventivo ni un ataque colateral”. Más bien, escribieron, “Chevron alegó y probó un patrón de crimen organizado y fraude, que va mucho más allá de la mala conducta en el proceso ecuatoriano, e incluye una amplia gama de actividades en los Estados Unidos y en sus tribunales, así como en otras agencias federales”. El hecho de que Chevron esté ahora operando bajo una sentencia judicial de $9.5 mil millones que Donziger está tratando activamente de ejecutar en el extranjero, los abogados de Chevron agregan, brinda a la compañía más que una legitimidad adecuada.

El segundo punto de Gupta es sencillo y claro. Durante mucho tiempo ha habido un circuito “dividido”, es decir, existe un desacuerdo entre dos cortes de apelaciones del circuito federal — acerca si un demandante privado bajo la ley contra el crimen organizado (RICO) puede obtener una orden judicial, que es la única acción judicial que Chevron solicitó o recibió en este caso. (Chevron renunció a daños poco antes del juicio, que es el motivo por el que el juez Kaplan fue capaz de tratar el caso sin jurado. De esta manera, la compañía sabía que recibiría una sentencia por escrito — algo que podría mostrar a otras cortes en todo el mundo — en lugar de un simple veredicto del jurado de “sí” o “no”. Además por supuesto, privó a Donziger, un hábil orador, de la posibilidad de apelar a las emociones de los jurados y a las sensibilidades políticas).

Debido a que una misión clave de la Corte Suprema es resolver divisiones en el circuito, Gupta insta a la Corte a resolver esta división.

Olson, en respuesta, admite que la división en el circuito existe, pero la minimiza diciendo que es “latente y superficial”, porque se basa en una decisión de 1986 del tribunal federal de apelaciones de San Francisco, que no ha sido seguida por ningún otro tribunal federal de apelaciones durante los siguientes 31 años. (La corte federal de apelaciones que se encuentra en Chicago dictaminó de la misma manera en que lo hizo el Segundo Circuito en 2001).

“Los litigantes descontentos acudirán a Manhattan”

Además, Olson argumenta que cuando Kaplan emitió su mandato (orden judicial), él colocó su ámbito no solo en la ley RICO, sino también en el estado de derecho común, el cual la Corte Suprema no tiene facultades para abordar. En consecuencia, concluye Olson, resolver la división del circuito no cambiaría el resultado de este juicio, ya que en este caso es “una instancia inadecuada” para hacerlo.

Aun así, de los dos argumentos de Gupta, el segundo parece tener una mejor oportunidad de atraer la atención de la Corte. A pesar de su advertencia sobre “litigantes descontentos…acudiendo a Manhattan para expresar sus quejas”, los hechos de este caso son, gracias a Dios, no comunes. Parece poco probable que las cortes de Estados Unidos se vean incontrolablemente inundadas con solicitudes de corporaciones estadounidenses que deseen demostrar que abogados estadounidenses han planeado inmensas conspiraciones de crimen organizado, orquestadas y financiadas desde los Estados Unidos, que dieron lugar a las sentencias judiciales extranjeras corruptas.

Por otro lado, si la corte se considera competente para resolver la antigua división del circuito, nadie lo sabe. Asimismo, si la corte toma el caso, el cómo lo decidirán puede ir en un sentido u otro.

En un correo electrónico, Donziger escribió que a pesar de las “cuestiones de importancia crítica” que su equipo ha planteado en su petición, “en última instancia las cuestiones fácticas y jurídicas clave, serán decididas en Canadá y en otras jurisdicciones donde las cortes examinarán las pruebas que devastan las conclusiones de la corte de distrito”.

Un vocero de Chevron, también escribió en un mensaje de correo electrónico: “Una cortede los EE. UU. dictaminó que Steven Donziger y sus colaboradores cometieron asociación delictiva, extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico, manipulación de testigos y obstrucción de justicia al obtener una sentencia judicial ecuatoriana contra Chevron. Esa decisión se confirmó por unanimidad…No consideramos que el último intento de Donziger para distraer y ocultar su comportamiento fraudulento, sea digno de una revisión de la Suprema Corte de Justicia”.

La petición de Donziger probablemente será considerada por los jueces en una conferencia en junio, y se decidirá poco después.

Si la corte resuelve denegar la revisión, el caso volvería al juez Kaplan, donde Chevron ha presentado una moción que busca que Donziger pague por los honorarios de abogados. Kaplan aplazó la sentencia para hasta después de que las apelaciones se agoten. En el momento en que la moción fue presentada, hace más de tres años, Chevron pedía que Donziger pagara $32,334,584.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí

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