¡Se acabó el Carnaval!

La causa contra el Drag Sethlas se archivó, al fin la sardina se quemó. Después de dos semanas convulsas en las que desde algunas instituciones se ha intentado sentar a un colectivo en el banquillo de los investigados por una sátira, la fiscalía archivó la denuncia. ¿Qué delito hay en una parodia?

Esta pregunta lleva haciéndosela la Fiscalía de Las Palmas cuando anunció hace unas semanas que estudiaba si había delito en la gala Drag Queen. Lo hizo de oficio y posteriormente abrió diligencias después de que la Asociación de abogados cristianos presentase una denuncia.

¡Menos mal que hay colapso judicial!

Entre tanto lapsus y prisas puede ser que hayan olvidado que nos encontramos ante el ejercicio de un derecho fundamental: la libertad de creación de una obra artística, que se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión. Pero, mezclamos la libertad de expresarse sobre un tema con crear un formato que no tiene porqué manifestar el punto de vista del creador. Este hecho es clave para el análisis del tipo penal que se pretende investigar, si existe.

La creación de una obra de arte que se va a mostrar en un concurso de Drags Queen tiene como finalidad principal la de ganar el concurso. La generación de un espectáculo en un formato artístico dentro de un evento burlesco como es el Carnaval, elimina toda voluntad deliberada de ofender. Más, si cabe, cuando se trata de un concurso de temática libre y cuando no obraba en autos “que nadie de la organización hubiera advertido a Casillas (Drag Sethlas) de que su actuación pudiera ser ofensiva para los sentimientos religiosos desde la comisión de una infracción penal”.

Ante dicha ausencia de dolo (voluntad maliciosa), no se comprende que se haya judicializado la cuestión basándose en el artículo 525 del Código Penal. Dicho artículo castiga a: “Los que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente (…) escarnio de sus dogmas”.

“No basta con que concurra un sentimiento de ofensa”

Por tanto, “no basta con que concurra un sentimiento de ofensa”, tal y como argumentó el fiscal en el auto de archivo de la denuncia. Sobre todo, cuando el ejercicio del propio derecho fundamental y del contexto en el que se produce la actuación están muy alejados del ánimo de ofender sentimientos religiosos. Todo ello, “permite valorar como razonable la ausencia de conciencia y (…) de voluntad delictiva”.

Nos encontramos ante lo que el fiscal ha calificado de una actuación irrespetuosa, lo que no lleva aparejada necesariamente una conducta ilícita. Olvidamos constantemente que el derecho penal es la última ratio, es decir, la sanción máxima del ordenamiento jurídico. ¡Qué lástima utilizar los recursos públicos de esta manera! En fin, la religión sigue siendo tabú y el derecho penal un arma arrojadiza con la que amedrentar. Sin embargo, reinó la cordura.

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