DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

Durante la última dictadura cívico militar denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, la represión hacia los derechos de las personas terminó con 30 mil desaparecidos. Sin embargo, a 31 años de la vuelta a la democracia las desapariciones de personas no han dejado de existir. Ni nacieron con la dictadura, ni terminaron con ella.

La Convención Interamericana dice en su artículo 2°: “Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Las estadísticas que hay no son construidas por los organismos estatales, sino por organizaciones populares que se dedican a denunciar la represión como política de Estado. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) cuenta con un relevamiento de 216 desaparecidos registrados, aunque son conscientes de que hay muchos más que no pueden datar. De estos 216, más del 45% son casos donde las personas aparecen al costado de una ruta o al costado de una autopista, como el caso de Luciano Arruga.

Un delito como privar ilegítimamente a una persona de su libertad debería penarse con el Artículo 142 del Código Penal que va de 2 a 6 años y si tiene agravantes se impone una pena mayor. Pero la Justicia del país también es cómplice de que sucedan. La ineficiencia jurídica, las trabas engorrosas para sus familias y los delitos sin esclarecer dentro de una mala investigación, concluyen en dejar el tema en el olvido, sin poder dar respuesta a esas familias que reclaman justicia.

Matías Levonian, integrante y militante de CORREPI, asegura que las fuerzas policiales y la Justicia en conjunto, son parte del aparato represivo del Estado. “Cuando nosotros decimos que los desaparecidos son responsabilidad del Estado, en parte también apuntamos a los responsables del aparato represivo”, aseguró. Por otra parte Julio Avinceto, integrante de H.I.J.O.S de La Plata, dijo que la Justicia de clase no investiga al Estado del que es parte.

CORREPI sostiene que la creciente militarización de los barrios es una de las causas del incremento de corrupción policial tanto en los casos de gatillo fácil, como en las torturas y muchas veces en la desaparición de los jóvenes más vulnerables de la sociedad. Acuden a los sectores más pobres para poder vincularse con lo ilegal por medio de ellos y mantenerlos con vida o no, dependiendo de si la persona es funcional a sus “necesidades”.

“La policía gestiona todos los grandes delitos que dice combatir: drogas, tráfico de personas, armas, prostitución, desarmaderos, coimas para que esas actividades funcionen y agencias de seguridad privada. El único delito que no les es rentable es la tortura y el gatillo fácil. Hoy se desaparece para ocultar los crímenes que se cometen en sede policial, y también se da un mensaje al resto de la sociedad: a quien es conflictivo le sucede esto” aseguró Avinceto.

La falta de decisiones para resolver los temas inaugura una nueva categoría de crimen social y este tipo de organizaciones, articuladas con muchas otras, acompañan a las familias de las víctimas. Su participación va desde marchas, reclamos de justicia, hasta su apoyo en los juicios para sostener el lema de “que los desaparecidos no dejen de aparecer”.

CORREPI declaró que solo cuatro casos del total de las desapariciones fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia y que al total de los desaparecidos se suman alrededor de 4.300 muertos por policías, identificados como casos de gatillo fácil, torturas y muertes. Los políticos en sus campañas prometen cambios frente a la inseguridad pero estos organismos insisten en que así incrementan más esta problemática.

“No habrá menos asesinatos de parte del Estado si no se resuelven las desigualdades estructurales que tiene nuestro país y que el kirchnerismo no hizo más que acentuar. La década ganada se inició en 2003 con la desaparición forzada de Iván Torres en Chubut y se cerró en 2012 con la de Facundo Rivera en Córdoba. En La Plata tenemos los casos de Andrés Núñez (1990), Miguel Bru (1993) y Jorge Julio López (2006) como muestra de que las desapariciones forzadas nunca dejaron de ser herramienta de control social en democracia” concluyó Avinceto.

Desaparecidos y los medios de comunicación

Desde una mirada de cómo los medios de comunicación tratan el tema, diferentes organismos e instituciones militantes, mantienen que los medios masivos son empresas que se manejan con la lógica del sensacionalismo y la rentabilidad. Los diferentes casos que utilizan causan un impacto en la sociedad por la historia de nuestro país, pero no se trata el tema desde su estructura, ni se realizan investigaciones serias.

Además de los medios más conocidos, también existen medios militantes independientes y alternativos que se hacen eco todos los días de los desaparecidos y recuerdan cada caso. La Red Nacional de Medios Alternativos acompaña a los familiares y a quienes militan por las víctimas, no solo desde su difusión, sino desde la participación. “Lo hacen porque funcionan como una visión militante de la información, porque cotejan de otra manera y desde la memoria, con una posición política transformadora que nunca se va a encontrar en los medios convencionales”, sostienen integrantes de organizaciones contra la represión.

Nora Cortiñas

Desde la oficina de Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Piedras al 100 en el primer piso de un edificio en el barrio de Monserrat, está sentada en un sillón. Nora Morales de Cortiñas, cofundadora e integrante del movimiento de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, es una luchadora de los derechos humanos desde el día que su hijo Gustavo, desapareció durante la última dictadura del país.

- ¿Cómo define usted a los desaparecidos?

- La desaparición de personas es el crimen de crímenes, es cuando a una persona se la priva absolutamente de todos sus derechos, donde pasa a ser nadie, pasa a ser un número. Ni él sabe que paso con su familia, ni la familia sabe que paso con él. Es el crimen más horrendo que se comete en los actos de represión.

- ¿Las Madres de Plaza de Mayo participan en el tema de desaparecidos en democracia?

- Cada caso de desaparición las madres somos convocadas por los familiares y para apoyar esa búsqueda que debe ser inmediata. En democracia no concebimos que el aparato de represión use este mecanismo aberrante y siniestro. Tenemos muchísimos casos de desaparición forzada en 20 años de gobiernos democráticos y para hacer desaparecer a una persona hay organismos del Estado de por medio.

- ¿Usted considera que las fuerzas policiales y judiciales están vinculadas a algunas desapariciones?

- Si totalmente, en todas tiene que ver la policía, la complicidad de jueces y de los servicios de seguridad. No todos los jueces y no todos los integrantes del poder judicial, pero si en mucha medida tiene complicidad judicial y saben y ocultan mucha información.

- Partiendo del caso Luciano Arruga, ¿la policía utiliza al desaparecido para vincularse a lo ilegal?

- La policía en todas las pruebas que sostenemos, tiene que ver con la desaparición y después con el uso del desaparecido mientras lo tienen y está con vida. La policía no necesita ser socio de un poder extra, sino que es para ellos mismos el mecanismo del uso del desaparecido. En el caso de Luciano Arruga, ahora que apareció el cuerpo se puede comprobar que todos los poderes del Estado tienen y tuvieron que ver con la participación.

- ¿Son víctimas de los “males” de la sociedad?

- Tiene que ver la pobreza, el mecanismo que se usa para reprimir es para las clases pobres y el color de piel también tiene que ver. Es un mecanismo que no cesa en ningún momento porque hay combinación de poderes. Hay un motivo a veces, como en la corrupción policial, usar a un joven especial, perseguirlo porque está más desprotegido socialmente y hacer ese negocio infame de usarlo es para hacerlo robar para ellos y para actividades ilegales.

- A menos de un año de las elecciones, ¿el próximo gobierno debería cambiar las políticas para con la corrupción o refuerzo sobre los derecho humanos de las personas?

- Uno no sabe cómo va a ser el próximo gobierno, pero nosotros desde luego, con el gobierno que haya vamos a seguir luchando y enfrentando, como lo hacemos desde la dictadura nefasta. Así que el próximo gobierno no venga a destruir los avances y lo que está mal y tenga que modificarse lo haga.

- ¿Cada desaparición de hoy te remite a aquellos años?

- Desde luego. Cada desaparición es una repetición de esta metodología que nunca más tendría que darse y tendría que haber una forma de búsqueda inmediata cuando una familia denuncia. No se pueden dar las respuestas que nos daban durante el terrorismo de estado, hay que actuar rápidamente.

�R: Martina Ponce.

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