Economía solidaria y control de precios
Del acuerdo de precios a la organización del consumo
Con mayor o mejor “penetración”, que en definitiva son la medida de su éxito, los acuerdos de precios y/o control ciudadano tarde o temprano llegan al “techo” apuntalado en un esquema de alta concentración empresaria en la comercialización y en la producción.
En el marco de políticas de inclusión social con fuertes impactos en el incremento del consumo, los que terminan teniendo la sartén por el mango son los grandes grupos comercializadores articulados con los grandes grupos productores, relativizando el poder de decisión de los consumidores y los eslabones menores de las cadenas de producción y comercialización y, a la larga o a la corta, dejando a los gobiernos con muy pocas herramientas para acordar políticas de precios a menos que se quiebre el status quo.
Las causas que explican la concentración de la actividad minorista exceden este texto, pero a fines de sustentar la propuesta que formularemos enumeramos las principales conclusiones que diversos trabajos señalan como la “madre del borrego”: A) La fusión de grupos y la adquisición de empresas productoras de alimentos por parte de grandes empresas; B) la unificación de marcas dentro de las empresas (a lo sumo dos o tres marcas, en cada segmento del mercado, con esto el rol de la inversión publicitaria como orientadora del consumo gana terreno); C) La presencia de grandes cadenas de distribución minorista; D) la disminución de componentes pymes en el sistema E) la pérdida de poder organizado de los consumidores.
El proceso de concentración tanto en la producción como en la distribución de alimentos, que comenzó en la década del ochenta y se profundizó con la desregulación de los mercados en los noventa, tuvo como protagonistas iniciales a grandes empresas nacionales que velozmente fueron extranjerizándose o, en el mejor de los casos internacionalizándose.
La articulación entre cadenas de supermercados y grandes firmas son un elemento fuertemente distorsivo del sistema. El apogeo de las grandes cadenas de supermercados propio de los 90 y mutiplicado de allí en más, juega a favor de las líderes. Las pequeñas y medianas empresas, productores familiares, etc. no tienen el poder de negociación para permanecer en las góndolas de los grandes comercios.
El poder para fijar precios y negociar acuerdos de estos grandes grupos no es poco. Citando una nota de Dypra en Tiempo Argentino: “seis grandes cadenas de distribución concentran el 89% de las ventas de productos alimenticios”. Por otra parte, el mercado de producción de alimentos se concentra en 28 empresas, de las que 26 son multinacionales y las 2 restantes de origen argentino, aunque también con una fuerte internacionalización (Arcor y Molinos).
El 80 por ciento del aceite que se consume lo producen dos empresas: Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. En lácteos, un espacio donde la producción cooperativa logró desarrollarse, asumiendo las reglas de juego de un mercado concentrado, el 78% lo manejan La Serenísima y Sancor. En enlatados, como tomates y arvejas, la posición dominante la ejerce Arcor, que concentra el 70%. El 75% del azúcar que se consume es de Ledesma.
Un trabajo presentado hace algunos años por José Sbatella señalaba que los mercados de oferta están muy oligopolizados: no más de 3 empresas concentran la mayor parte de la producción y venta de bienes de consumo masivo.
Otra cifra para hacernos una idea del problema: De las referencias (SKU, en la jerga técnica del supermercadismo) que existen en las góndolas, el 74% pertenecen a estos grupos económicos, desarrollados con el correr de los años 90, donde se permitió el ingreso masivo de las grandes cadenas de supermercados, la concentración y extranjerización de productores de alimentos. Cabe recordar que este ingreso de jugadores internacionales se pudo hacer, en gran medida, tras desarticular el Hogar Obrero.
Esta cooperativa, que lleva la matrícula nro 1, alcanzó a tener casi 2 millones de asociados, una red de supermercados (Supercoop) con 300 sucursales en todo el país y 13.500 empleados. Hasta ese entonces había construido alrededor de 5.000 viviendas familiares y otorgado más de 35.000 créditos hipotecarios a sus asociados destinados a la construcción, refacción o compra de unidades de vivienda.
En 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, el Hogar se vio seriamente afectada por el llamado Plan Bonex, una serie de disposiciones del gobierno que llevó a la cooperativa a perder más del 70% de su capital, lo que provocó una situación de insolvencia pocos meses después.
La situación de concentración, extranjerización y desplazamiento del consumo de base solidaria, lejos estuvo de modificarse con las políticas de reactivación del consumo interno que se desarrollaron desde el 2003 a esta parte. En esta lógica, que encuentra a las cadenas de supermercados como fuertes mediadores de las políticas públicas estratégicas de alta rotación de dinero, no nos permite enfrentarlos sin que nos armen un ‘zafarrancho’.
El “Problema” de los precios, no son “los precios” con los que se marca la mercadería al final de la cadena, sino el que está dado por la matriz productiva y de consumo, vale decir, quienes se benefician y quienes no con esos precios. Si el Estado asume un rol de mero contralor, no alcanza. Si el Estado asume el rol de comercializador (por ejemplo mediante el desarrollo de una oferta de comercialización minorista estatal), tampoco alcanzará.
Por eso, para salir del laberinto como dice el Federico Bernal en su nota: Contra la “reacción en cadena: Supermercados YPF” (1), no necesariamente hay que mirar para arriba. Una YPF haciendo el papel de gran cadena, como propone Bernal, compitiendo desde la oferta aun con buenos precios, sin compromiso de los consumidores, no alcanza, y se caerá antes de vender la primera lata de tomates. Es más, montar una red en YPF es tan evidente y tan concentrada la iniciativa “Estado”, que el ataque de lobby será muy simple y se llegará a un acuerdo de precios “preventivo” para desactivarlo de inmediato.
Sobre cómo desactivar la “competencia”, el sector concentrado tiene experiencia. Por ejemplo, como sostiene el periodista Roberto Navarro: “en varias ocasiones surgieron empresas medianas que se hicieron fuertes en algunas provincias vendiendo productos de la misma calidad que las primeras marcas a precios hasta un 50 por ciento más baratos. La estrategia de las líderes fue disminuir sus precios sólo en las zonas en que veían peligrar su porción de mercado”.
Cabe recordar la “trampa” que hicieron a los precios acordados entre los grandes productores y las grandes cadenas, recurriendo al cambios de envases, discontinuación de productos tradicionales y reemplazo por otros nuevos y envíos a cuentagotas de los que forman parte de los acuerdos. También se recurre al envío de productos premium para evitar llos precios “congelados”.
En esta cuestión hay que mirar para abajo y en articulación con el Estado. Como sostiene el periodista cordobés Javier De Pascuale: “Sacarle a estos “dueños del consumo” el compromiso de cuidar los precios de 200 productos de la canasta básica puede ser el inicio, pero sin dudas no el fin de una política de gestión de la distribución masiva de productos en la Argentina”. Debemos reconstruir el tejido local y regional destruido por décadas de neoliberalismo. Consumidores y comercio minorista debe ser ‘uno’ para A) dispersar los flancos de ataque y B) meter a la pelea por los precios en el seno de la sociedad.
La disputa por mejores precios, no es un problema de acuerdo sobre determinados productos, en realidad debe ser pelea por el control democrático del excedente social. La iniciativa de precios cuidados debe y puede ser apropiada por organizaciones ad hoc, logrando que sean beneficiarias directas y permanentes de los logros obtenidos. La buena noticia, es que no hay que inventar casi nada. Solo mirar unos años (no tantos) atrás e identificar con una mirada amplia las posibilidades existentes.
(Re) activar la red de proveedurías sindicales y mutuales, poner en marcha proveedurías en cooperativas de servicios eléctricos, gas y agua (Más de 900 en casi el 40% de las localidades del país y se articulan casi 15 millones de personas), pondrían en manos de los propios consumidores no solo una buena parte de los costos, también la calidad, el financiamiento (descuento por planillas, cobro como ítem de facturas de servicios, etc.), la re inversión del excedente, la selección de proveedores locales y regionales (cooperativos, agricultura familiar, pymes, etc.).
Cada cooperativa eléctrica, de agua y gas de las 900 que hay en todo el país puede transformarse en un punto de venta de alimentos, electrodomésticos, etc. Una extensa red de supermercados, trabajando articulados con almacenes locales, presente en el 40% de las localidades del país. Los consumidores pasarían a ser asociados cooperativos, eliminando eslabones de la cadena, y a controlar los márgenes que se reinvertirían en beneficio social a nivel local.
Están las experiencias del Hogar Obrero y actualmente de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que tiene un millón y medio de asociados (la segunda cooperativa de consumo de América Latina). El cooperativismo, con solo articularse, apoyado por instrumentos que hoy tiene el Estado pero que se aplican sin mirada lo suficientemente estratégica, puede ser el 20% de toda la economía nacional, con presencia en casi todos los sectores y subsectores de la producción y los servicios.
En muchos ámbitos llega a ese porcentaje, pero se pierde la capacidad de articulación, por lo tanto el peso específico político/económico. La economía solidaria puede generar precios pero también prácticas testigos de control democrático de la actividad económica. La recreación de las redes locales de provisión fortalece las economías regionales y por ende, la cultura y la vida de los grupos sociales involucrados. Reestructurar las redes de provisión en manos de los consumidores destruye el corsé social que trae aparejada la concentración económica.
Si a esto le sumamos la conformación en cooperativas de servicios de pymes de almaceneros, para hacer logística, compras al por mayor, cadena de frío, etc. y la articulación con cooperativas de transporte, con muy poco, la charla comienza a ser otra.
Este tipo de iniciativas también permitirían reemplazar el consumismo por la idea de calidad alimentaria y decidir, por ejemplo, la incorporación de alimentos beneficiosos a la dieta, como Omega 3, suplementos vitamínicos, más fibra alimenticia, tratamiento adecuado de residuos, etc. La Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, con sus 90 años, su millón y medio de asociados, sus programas educativos y de consumo saludable, etc. tiene mucho para enseñarnos en este sentido.
Es más, hay dos componentes “parasitarios” de la cadena de consumo minorista que, más allá de las cadenas de producción, agregados de valor y “pasamanos”, casi nunca se tienen en cuenta: la publicidad y la intermediación financiera. La segunda, como si fuera poco, está casi en su totalidad extranjerizada y aparece a los ojos del consumidor como “aliada” porque comprar con “plástico” es más barato y en cuotas.
Un esquema con consumidores a la vez distribuidores minoristas, control democrático del consumo, aplasta los “parásitos”, elimina intermediarios y lucha de manera ventajosa por el control de precios.