
Jornaleros de San Quintín
La lucha activa por los derechos laborales.
En el Valle de San Quintín, Baja California, un grupo de jornaleros se han organizado para exigir de manera colectiva el cumplimiento de sus derechos laborales, mismos que han sido aplastados por los empleadores durante años, privando a los trabajadores de una vida digna. Las condiciones en que trabajan los Jornaleros de San Quintín son precarias: jornadas laborales de 15 horas, trabajo bajo el sol, contacto con químicos peligrosos y un salario aproximado de 110 pesos al día. Entre las labores que los jornaleros realizan están la siembra, cosecha y empacamiento de frutas y vegetales.

Uno de los factores que permiten que las condiciones laborales pobres se perpetúen es la existencia de dos contratos: primero, un contrato colectivo firmado y negociado por sindicatos nacionales como la CROM y la CRAC, a través del cual los trabajadores acceden a prescindir de aguinaldo, doble paga para el domingo, días festivos, vacaciones, prima vacacional y reparto de utilidades; y un contrato individual, donde se establecen las condiciones laborales.
La exigencia de los Jornaleros de San Quintín comenzó el 15 de octubre de 2014, cuando los trabajadores presentaron un pliego petitorio al gobierno estatal de Baja California con la intención de establecer una mesa de diálogo con los empleadores y exigir mejores condiciones de trabajo. No obstante, al 17 de marzo de 2015 los jornaleros no habían recibido respuesta de las autoridades. Ante la falta de atención, los trabajadores optaron por llamar a un paro laboral que (según cifras de los jornaleros) involucró a 80,000 trabajadores. Además, se bloqueó la autopista Transpeninsular, suceso que llevó a enfrentamientos con las fuerzas armadas.

Desde entonces, los Jornaleros de San Quintín han continuado su lucha por conseguir mejores condiciones laborales. Las demandas del movimiento son el aumento salarial a 300 pesos por jornada; que sus condiciones laborales sean constitucionales; revocación del contrato colectivo firmado por los sindicatos; y, sobre todo, que les garanticen los beneficios que éste niega. Finalmente, los jornaleros exigen que se respete el derecho de antigüedad de los trabajadores y que se incremente el pago por producto. El 27 de marzo de 2015 empezó el diálogo entre el gobierno, los líderes de los Jornaleros y los empresarios. Las negociaciones resultaron en el aumento de un 15% en los salarios, es decir, un aproximado de 17 pesos más por día. Algunos jornaleros accedieron a las negociaciones; sin embargo, los líderes del movimiento se rehusaron a aceptar algo menor a 200 pesos por día.
En mayo de 2015 se acordaron los cambios en las condiciones laborales y se negociaron 13 puntos, entre los que destacan la afiliación al IMSS; la no retención de salarios por parte de los contratistas; mejorar la calidad de vida de los trabajadores; certificación de ausencia de trabajo infantil; el registro del sindicato Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatal y Municipal por la Justicia Social; la liberación de los jornaleros detenidos por el levantamiento del 17 de marzo; y la resolución de los conflictos de manera pacífica y a través del diálogo. A pesar de estos acuerdos, hoy los Jornaleros de San Quintín denuncian su incumplimiento y anuncian su retiro de la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación.

Los Jornaleros de San Quintín se ha transformado en un movimiento nacional de jornaleros que exige salarios justos y vida digna para los trabajadores agrícolas. El pasado 17 de marzo de 2017, ante el incumplimiento a los acuerdos con el gobierno federal y estatal, marcharon desde Baja California hasta la Ciudad de México con el propósito de entrevistarse con distintas autoridades, desde la Secretaría del Trabajador y Previsión Social, el IMSS, la Segob, CNDH y la Organización Internacional del Trabajo
El 20 de febrero de 2017 — día mundial de la Justicia Social — la CNDH emitió una recomendación dirigida a los tres niveles de gobierno sobre la situación de los jornaleros. La resolución surgió a partir del levantamiento del 17 de marzo de 2015, ya que la Comisión denunció el uso injustificado de armas de goma y bombas de humo, además de lesiones a personas y viviendas, así como la detención arbitraria de aproximadamente 200 personas, entre ellas 50 menores de edad. Las recomendaciones estuvieron dirigidas al gobierno municipal de Ensenada, al gobierno de Baja California, la SEDESOL, la STPS, SEP y el IMSS, todas con el objetivo de proteger y garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

