Autores: Ajoy Datta y Fletcher Tembo
Indicadores económicos, sociales y de gobernanza
La economía de Ghana no ha dejado de crecer durante los últimos cinco años:
- El PIB per cápita ha subido de 1721 a 2164 dólares estadounidenses
- El PIB global ascendió de 47 700 millones a 65 300 millones de dólares estadounidenses
- El índice de crecimiento aumentó del 2,2 % al 6,5 %
- La tasa de inflación cayó del 17,1 % al 7,9 % (Focus Economics)
En 2020, el Índice de Libertad Económica declaró a la economía ghanesa como «mayormente controlada» desde 2017. Ghana obtuvo una puntuación de 59,4 en el Índice, lo cual sitúa a su economía en el puesto 104 a nivel mundial. El país ocupa la undécima posición de 47 países de la región del África subsahariana, mientras que su puntuación general está muy por encima de la media regional y ligeramente por debajo de la media mundial.
En los últimos dos años, ha ido avanzando lentamente hacia las posiciones de «moderadamente libre», en base a la aceleración en el crecimiento del PIB (aunque gran parte de este proviene de la expansión del sector de gas y petróleo).
El Índice recomienda a Ghana que estimule el crecimiento en los sectores no petroleros mejorando su situación fiscal, no asumiendo más deuda (incluyendo de China) y priorizando nuevas mejoras en derechos de propiedad, la eficacia judicial y la integridad gubernamental.
En cuanto al campo de la TPA, hay mucho trabajo por hacer, tanto en el apoyo a la expansión de sectores de la economía diferentes al gas y petróleo, como en la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en la industria del petróleo y el gas.
En general, Ghana obtiene buenos resultados en los indicadores de gobernanza, lo cual propicia un entorno facilitador para las intervenciones en materia de TPA:
- Índice de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim: Ghana obtiene una puntuación de 45,2 de 100 en transparencia y rendición de cuentas, una tendencia descendente durante los últimos cinco años.
- Los Indicadores Mundiales de Gobernanza puntúan a Ghana con un 65,5 en cuanto a su desempeño en voces y rendición de cuentas, una mejora de 1,5 puntos.
- El Barómetro Global de la Corrupción se centra en qué medida los ciudadanos están de acuerdo con la afirmación de que «las personas corrientes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción», y coloca a Ghana en el puesto 60, con una mejora general en su desempeño de +7 a lo largo de los cinco años.
Contexto político
Ghana es conocida por ser uno de los pocos países africanos en instaurar una democracia sólida, con unas elecciones que, por lo general, son pacíficas, un crecimiento económico continuo, respeto por los derechos humanos y elecciones libres y justas.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos en Ghana están asociados con una frágil capacidad estatal para emprender una transformación estructural profunda que permita que el amplio abanico de grupos de interés contribuya con eficacia a la gobernanza y la democracia.
El presidente Akufo-Addo, del NPP, fue reelegido en 2020, derrotando a su predecesor John Mahama, del Congreso Democrático Nacional (NDC). Estos dos partidos políticos han dominado la escena política de Ghana.
Las elecciones generales siempre han concluido en segundas vueltas o resultados ajustados (con victorias que apenas superan el 50 % de los votos). Como resultado, las campañas suelen ser intensas, lo cual no conlleva sino a sociedades polarizadas. Además, esta situación se ha extendido también a los períodos entre comicios, sofocando lo que podría haber conducido, de otro modo, a debates políticos saludables, ya que hasta la sociedad civil suele posicionarse.
Las campañas de 2016 y 2020 de Akufo-Addo giraron en torno al desarrollo económico. Prometió construir un país que fuera más allá de la ayuda, en el que se suscribe un nuevo contrato social entre el Gobierno y los ciudadanos. Este contrato social aunaría todos los recursos (financieros, humanos, etc.) y los emplearía para la consecución de logros, con efectos inclusivos que sobrepasen los marcos de los donantes internacionales y las instituciones de toma de decisiones.
En septiembre de 2020, Akufo-Addo firmó la Ley sobre Vigilantismo y Delitos Conexos, por la que se prohíben todos los grupos políticos de vigilancia parapolicial, o de otro tipo, y establece sanciones de hasta 15 años de prisión por actos de vigilancia parapolicial. Los efectos prácticos de esta nueva ley aún están por ver (Freedom House, 2020).
La corrupción vinculada a la política sigue siendo un problema en Ghana, a pesar de la amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, la existencia de leyes e instituciones bastante sólidas y las iniciativas gubernamentales contra la corrupción. La legislación promulgada en 2017 supuso el establecimiento de la Fiscalía Especial para investigar la corrupción política.
El presidente Akufo-Addo nombró al antiguo fiscal general, Martin Amidu, militante del NDC (partido de la oposición), como fiscal especial en 2018. Sin embargo, Amidu se ha quejado públicamente sobre la falta de financiamiento estatal para las actividades de la Fiscalía Especial. Desde su creación, la Fiscalía Especial ha investigado varios casos, pero aún no ha establecido un historial de enjuiciamientos contra funcionarios públicos (Freedom House, 2020).
En mayo de 2019, Akufo-Addo firmó la Ley de Derecho a la Información, resultado de casi dos décadas de debate, con la que se otorga a los ciudadanos el derecho a solicitar, acceder y recibir información sobre instituciones públicas y algunas entidades privadas (Freedom House, 2020).
El debate privado es libre y dinámico: el Gobierno no restringe la libertad de expresión en las redes sociales. El derecho de reunión pacífica está garantizado por la Constitución y, generalmente, se respeta. No se requieren permisos para celebrar reuniones o manifestaciones. La legislación pretende promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en asuntos públicos.
En diciembre de 2018, Ghana puso en marcha el Tablero de Mando Nacional para la Elaboración de Informes contra la Corrupción, una herramienta en línea para la elaboración de informes, con el objetivo de coordinar los esfuerzos contra la corrupción de diferentes organismos, de conformidad con lo establecido en el Plan de Acción Nacional Anticorrupción. Esta herramienta ha sido utilizada por un total de 169 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para informar sobre sus esfuerzos contra la corrupción en el país (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2019: 14).
En Ghana abundan leyes y normativas que fomentan un entorno propicio para la gobernanza, pero ahora es necesario que estas funcionen en aras de una mejor transparencia, participación y rendición de cuentas entre las sociedades en Ghana.
Sociedad civil y participación ciudadana
Por lo general, las ONG pueden desarrollar su actividad sin trabas, y desempeñan un importante papel a la hora de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental. En el último análisis de Bertelsmann Stiftung sobre la gobernanza en Ghana se destaca que el país cuenta con una tradición de sociedad civil relativamente bien asentada, respaldada por la ayuda de los donantes, un marco normativo y una cultura política que permite la libertad de organización y de expresión (BTI, 2018).
Los grupos de la sociedad civil son francos y están bien preparados para usar los medios de comunicación a fin de expresar sus opiniones e interactuar con el Gobierno. Sin embargo, en ocasiones, los políticos utilizan activamente a las OSC para sus propios fines (BTI, 2018: 30), y no siempre es fácil diferenciar entre las ONG verdaderamente independientes y aquellas que sostienen vínculos muy estrechos con un partido político o con una figura política prominente.
La relativa constancia del crecimiento económico ha hecho que el dinero fluya hacia los bolsillos de una clase media urbana (la columna vertebral de las ONG) que, a pesar de no ser extensa, crece sistemáticamente. En zonas rurales persisten formas más tradicionales de organización. Las organizaciones religiosas, en especial el siempre creciente número de iglesias pentecostales e iglesias independientes africanas, junto con las instituciones que las acompañan, desempeñan un papel cada vez más importante, incluyendo la prestación de servicios esenciales para la sociedad.
Por otra parte, el sindicalismo continúa siendo relativamente frágil y solo es visible ocasionalmente en la organización del descontento popular (BTI, 2020: 12). De acuerdo con fuentes de sitios web gubernamentales, hay unas 300 000 ONG registradas con el Ministerio de Trabajo, Educación y Juventud de Ghana, el órgano regulador del Estado, sin contar a las ONG internacionales (BTI, 2020: 13).
Además de permitir que la sociedad civil actúe con libertad, hay una sensación generalizada de que el Gobierno ghanés está abriendo el espacio para la participación de la sociedad civil. Durante las últimas dos décadas, las OSC han evolucionado, pasando de una implicación mínima a convertirse en actores activos en diferentes etapas del ciclo de formulación de políticas.
El Gobierno alienta la participación de los actores de la sociedad civil en el establecimiento de agendas y la formulación de políticas hasta cierto punto, sobre todo cuando quiere demostrar un compromiso para con la transparencia o abordar algunos asuntos apremiantes.
El Gobierno también implica a la sociedad civil cuando su contribución se requiere inequívocamente para prestar servicios necesarios para la población (como es el caso del sistema de salud). A veces, se emplean los conocimientos de ONG especializadas para subsanar una falta de conocimientos de las instituciones estatales, sobre todo si su financiamiento es extranjero. En el ámbito educativo, el Gobierno también ha involucrado de forma activa a agentes de la sociedad civil, convirtiéndolos en partes interesadas a fin de acelerar el progreso de las reformas emprendidas.
Por lo general, la élite política ha aceptado el papel que desempeña una sociedad civil activa, incluso si en ocasiones las relaciones pueden volverse tensas (BTI, 2020: 33). Sin embargo, los políticos elegidos y los funcionarios de la administración pública consideran que las críticas o las preguntas de los agentes de la sociedad civil no están justificadas y son irrespetuosas.
La adopción o no por parte de los ministerios y otros organismos gubernamentales de una cultura de apertura y colaboración con la sociedad civil depende, en última instancia, de las personas que conforman esas instituciones. Como se menciona en el análisis de la gobernanza en Ghana de Bertelsmann Stiftung, el establecimiento de agendas y la planificación estratégica está en manos de personas poderosas, y si una estrategia no es capaz de obtener el apoyo del ministro correspondiente quedará en papel mojado (BTI, 2018: 26). Un representante de SEND-Ghana expresó algo similar:
«En Ghana, el problema no es el grado de apertura del Gobierno, sino la calidad de esa apertura; deberían escucharnos y trabajar con nosotros. A menudo, este problema está relacionado con las personas en sí. A algunos funcionarios de los ministerios les entusiasma este tema, pero a otros no. Por lo tanto, en ese sentido no podemos hablar del Gobierno como un organismo unificado». (Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)
En Ghana, la participación ciudadana es mejor a escala subnacional (a nivel de distritos o comunidades). A nivel nacional, algunas personas muestran apatía, mientras que otras tiran la toalla y sacan la conclusión de que todos los actores políticos son iguales.
Los ciudadanos en Ghana también participan a través de sus jefes, como demuestra el decisivo papel que ha desempeñado la Cámara Nacional de Jefes en la promoción de un proceso electoral pacífico, gracias a lo cual se han celebrado elecciones creíbles. En 2016, por ejemplo, la Cámara Nacional de Jefes fue clave a la hora de facilitar la cohesión nacional y la paz electoral mediante la firma de otro pacto de paz durante un foro en Accra (IDEG, 2016). En ese foro, los candidatos presidenciales se comprometieron a tomar medidas contra todas las formas de violencia que socaven la credibilidad y la integridad de las elecciones y sus resultados. Esto contribuyó a garantizar la colaboración entre actores políticos nacionales para salvar al país de los estragos potenciales que ocasiona la violencia electoral.
