Indicadores económicos, sociales y de gobernanza
El Índice de Libertad Económica califica a Senegal como mayormente libre, con una economía en expansión durante los últimos cinco años. Obtiene una puntuación de 58, ocupando el 110º lugar del mundo y la 13ª posición de 47 países del África subsahariana, por encima de la media regional.
Sin embargo, la libertad económica se ve contrarrestada por un sistema judicial deficiente, la escasa integridad del Gobierno y una falta de libertad empresarial (exceptuando unos pocos sectores más destacados, como el turismo y el transporte).
Las perspectivas de crecimiento del PIB de Senegal son, por lo general, favorables, y se prevé que mantengan esta solidez con un 6,8 % en 2020, muestra del aumento de las inversiones y exportaciones. Las tasas de crecimiento podrían superar el 7 % desde 2021 en adelante si la vulnerabilidad fiscal se contiene y las reformas de transformación se ejecutan con vistas a atraer las inversiones del sector privado (comunicado de prensa del Banco Mundial, 2020).
En lo que respecta a los indicadores clave de gobernanza, el Índice de Gobernanza en África de la Fundación Mo Ibrahim otorga al desempeño de Senegal en materia de transparencia y rendición de cuentas una puntuación de 57,2 de 100, lo cual indica una tendencia de ralentización de la mejora durante los últimos cinco años. Los Indicadores Mundiales de Gobernanza otorgan a Senegal una puntuación de 55,7 en voz y rendición de cuentas, una caída de 2 puntos. Sin embargo, según el Barómetro Global de la Corrupción, el 52 % de los ciudadanos está de acuerdo con que «las personas corrientes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción» en Senegal, una mejora de 4 puntos durante los últimos cinco años.
Esto indica una trayectoria positiva en el campo de la transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés), eso sí, a un ritmo de progreso más lento del esperado.
Contexto político
En febrero de 2019, el presidente Macky Sall fue reelegido para un segundo mandato consecutivo, haciéndose con el 58 % de los votos en la primera vuelta y evitando así la segunda vuelta. Dos líderes de la oposición fueron excluidos por condenas anteriores con una gran carga política, acusados de malversación de fondos públicos (Freedom House, 2020).
En mayo de 2019, los legisladores aprobaron una polémica medida para abolir el puesto de primer ministro, firmada por el presidente. Esto provocó el clamor de los críticos, quienes le acusaron de intentar consolidarse en el poder y deteriorar el sistema de control y equilibrio (Freedom House, 2020).
La corrupción sigue siendo un grave problema en Senegal y los altos funcionaros suelen actuar con impunidad. Los organismos anticorrupción hacen respetar la ley de manera desigual y, a veces, se tiene la sensación de que responden a motivaciones políticas (Freedom House, 2020).
En 2014, y de nuevo en 2018, los violentos enfrentamientos entre estudiantes y la policía pusieron de manifiesto el riesgo potencial de conflictos por la grave crisis del sistema educativo. Las cuestiones monetarias y los problemas relacionados con la vivienda también son motivos de enfrentamientos frecuentes, que en ocasiones se politizan. El elevado desempleo juvenil y una sensación de marginación en varios grupos no hacen sino agravar la situación (BTI, 2020: 32).
Las elecciones del 2012 y el referendo de 2016 han fortalecido el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), aunque la participación de la sociedad civil en la gobernanza del país sigue siendo limitada.
En líneas generales, el presidente Macky Sall tiene un estilo de gobernanza más inclusivo que su predecesor y mantiene lazos políticos y personales estrechos con líderes de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación. En términos generales, apoya la actividad de las OSC e implica a estas organizaciones y a sus líderes en los procesos de formulación de políticas.
En mayo de 2016, Sall mantuvo un «diálogo nacional» con la oposición, la sociedad civil y organizaciones religiosas. El acto no consistió en un diálogo, sino más bien en una serie de presentaciones, aunque sí allanó el camino para la liberación y el posterior exilio de Karim Wade.
Sin embargo, no ha habido ningún tipo de seguimiento real (BTI, 2020: 36). Esto sugiere que, a pesar de la existencia de espacios para el diálogo en Senegal, no se sabe realmente cuál es su finalidad real, lo cual podría llevar a pensar que se trata de pura fachada.
De acuerdo con los entrevistados, en Senegal la democracia está consagrada en la legislación, la normativa y la práctica. Hay numerosos marcos jurídicos (incluyendo en la constitución y en otras normativas) que estipulan la necesidad de facilitar la participación ciudadana.
Se han creado instituciones destinadas a facilitar la contribución ciudadana en la formulación de políticas, el monitoreo y la rendición de cuentas. También existen disposiciones para la participación a nivel sectorial, por ejemplo, en la gobernanza de la tierra, se tardó tres años en formular una política específica por las numerosas consultas que se llevaron a cabo. En el sector de la salud, el Gobierno ha establecido una comisión ministerial para ofrecer una cobertura de salud universal en la que se involucró a las OSC, con las que se reúne con frecuencia.
«Si echamos la vista atrás, hemos pasado de los enfrentamientos y las protestas a ser una «máquina de hacer propuestas», que el Gobierno puede tener en cuenta ahora con más facilidad en su toma de decisiones. Por ejemplo, la ley sobre la cobertura médica universal se inspiró en gran medida de las contribuciones y las investigaciones de las OSC. El espacio político es lo suficientemente amplio como para dar cabida a la participación de la TPA en esta «maquinaria de propuestas», y el Gobierno puede beneficiarse de muchas ideas del sector privado, de las OSC y de otros actores». (Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)
Existe una gran variedad de medios de comunicación libres (radio, televisión y retransmisión), tal y como indicó un entrevistado:
«Si escuchas la radio en Senegal uno se pregunta, ¿cómo puede aceptar esto el Gobierno? También se adoptó la Ley de Acceso a la Información, para la que tuvimos que esperar mucho tiempo y realizar incidencia durante 25- 26 años, pero ya queda poco camino por recorrer. Además, en la Asamblea Nacional se celebran audiencias en las que se pide a las OSC que presenten las actividades en las que están trabajando». (Entrevista con una fuente clave, noviembre de 2020)
Sociedad civil y participación ciudadana
La participación cívica en Senegal tiene dos vertientes diferentes: (1) la participación en la esfera política y (2) la participación relacionada con la prestación de servicios, según nos informaron los entrevistados. En el ámbito político, hay una percepción generalizada de que las OSC adoptan el discurso político y sus posturas para interactuar con el Gobierno, lo cual resulta problemático. En la prestación de servicios, se considera que la participación suele obtener más logros que en el terreno político, ya que las OSC trabajan en asuntos temáticos que repercuten en las vidas y los medios de subsistencia de la población.
Los partidos de la oposición, la sociedad civil y los grupos de interés han criticado el estado de deterioro de las instituciones democráticas. Todavía está por ver si las recientes reformas constitucionales del referendo de 2016, algunas de las cuales no se han aplicado aún, mejorarán la situación (BTI, 2020: 14). A finales de 2018, el movimiento de oposición Front de Résistance Nationale (FRN), formado principalmente por jóvenes, organizó mítines para protestar contra el parrainage, o patrocinio, así como la falta de transparencia en el proceso electoral y la exclusión de Karim Wade y Khalifa Sall (BTI, 2020: 15).
Los sindicatos senegaleses trabajan activamente, pero sus efectos siguen siendo relativamente insignificantes, ya que tan solo representan a una parte de la población activa. La economía formal de Senegal, donde los sindicatos son fuertes, tiene un tamaño reducido y se está contrayendo, como demuestra la cifra de tan solo 500 000 personas empleadas en los sectores público y privado en total. Los sindicatos senegaleses apenas inician su actividad en la economía informal, de mucha más envergadura y que representa el 95 % de la economía del país.
La economía informal está sumamente autoorganizada. Algunas organizaciones informales tienen representación nacional y/o presencia en Dakar. Otras se encuentran en una fase de transición, pasando de ser grupos ad hoc a convertirse en organizaciones formales en las comunidades periféricas de Dakar. Algunas de estas organizaciones han decidido unirse a grandes sindicatos centrales como la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal y la Confédération des Syndicats Autonomes (Abizaid, 2019).
En 2018, el Ministerio del Interior de Senegal reconoció a la Confederación de Organizaciones de la Economía Informal como la federación de sindicatos oficial para los trabajadores del sector informal. De esta forma, se concede acceso a los trabajadores a diferentes beneficios, como la cobertura médica universal.
Una decisión reciente de introducir un umbral del 10 % para nominar a federaciones para el diálogo social tripartito con motivo de las elecciones podría conllevar una consolidación y una mayor unidad organizativa entre sindicatos, lo cual multiplicaría su influencia (BTI, 2002: 16).
En Senegal, el panorama asociativo es prolífero (para los estándares del África subsahariana), como demuestra el gran número de ONG muy activas que trabajan en el país.
Sin embargo, muchos grupos comunitarios y ONG sufren una falta de recursos. A menudo, las ONG dependen excesivamente del financiamiento de donantes internacionales, lo cual puede minar su credibilidad a los ojos del Gobierno y los ciudadanos.
Hay una mezcla de OSC cooptadas y OSC críticas. Algunas organizaciones, que desempeñaron un papel esencial en la derrota del presidente Wade en las elecciones de 2012 y en la consiguiente transición pacífica del poder, han sido cooptadas en el Gobierno del presidente Sall. Otras han retomado su función como organizaciones externas críticas.
En el período previo a las elecciones presidenciales del 2019, el Gobierno impuso varias restricciones a la sociedad civil, incluyendo la anulación de su inscripción en los registros públicos. Sin embargo, no quedaba claro cuál era el motivo, si se debía al nerviosismo por las elecciones o si marcaba el inicio de un cambio permanente (BTI, 2020: 31).
Los medios de comunicación y las OSC desempeñan un papel activo en el estímulo y la facilitación del debate público. Además, la población de Senegal está interactuando activamente con el Gobierno.
Sin embargo, los activistas de los derechos han expresado su inquietud por la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en noviembre de 2018, de un proyecto de ley sobre las comunicaciones electrónicas. El proyecto de ley incluía una disposición redactada de manera imprecisa que ampliaba las competencias reguladoras del Gobierno en perjuicio de las empresas de redes sociales, y que podría utilizarse para cerrar, gravar o vigilar las comunicaciones de plataformas de redes sociales populares (Freedom House, 2020).
Por lo general, los derechos de las empresas privadas están protegidos adecuadamente. Senegal está entre los países africanos con mejor puntuación en términos de transparencia y rendición de cuentas de las decisiones gubernamentales. Sin embargo, la corrupción y las acciones arbitrarias tomadas por el Gobierno siguen siendo un problema (BTI, 2020: 24).
Los líderes religiosos, como las hermandades sufíes y sus respectivos imanes, ejercen una influencia y un poder político informal considerable.
