Ejercer “ilegalmente” en informática podría ser penado hasta con dos años de cárcel

Dos proyectos de ley pretenden declarar ilegal, y penado hasta con 2 años de cárcel, el ejercicio de la informática y la computación en Costa Rica, para quienes ejerzan sin “habilitación” previa de un colegio.

Oposición

¿Quiere oponerse a ambos proyectos de ley? Puede:

1. Firmar esta petición en línea: No a la obligatoriedad a pertenecer al CPIC
2. Enviar sus cartas de oposición a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa
3. Enviar sus cartas de protesta al Colegio de Profesionales en Informática y Computación

Cobertura

• CAMTIC solicita rechazar y archivar proyectos de ley que impondrían colegiatura obligatoria a informáticos en Costa Rica. Ver más
• MICITT considera “no prudentes” iniciativas que colegiaría a informáticos. Ver más
• Casi cinco mil firmas recolectadas en oposición a los proyectos. Ver más

Colegas

En este momento, en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, se discuten dos proyectos de ley que proponen reformas parciales o integrales a la Ley Nº 7537, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).

En términos casi idénticos, ambos proyectos buscan restringir y limitar el ejercicio de nuestra profesión (informática o computación), en el sector público o privado, exclusivamente a personas habilitadas por dicho colegio, so pena de cárcel para quienes ejerzan la profesión sin la respectiva habilitación.

El Código Penal vigente establece:

Artículo 322.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, al que ejerciere una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin haber obtenido la autorización correspondiente.

Mediante los proyectos de ley en cuestión, la informática y la computación pasarían a ser profesiones reguladas, que requerirían habilitación especial, y por lo tanto, sujetas a artículo del Código Penal antes indicado.

Proyecto Nº 18919

Artículo 15.- Habilitación del ejercicio profesional. Todo técnico y/o profesional en Informática y Computación solo podrá ejercer su profesión cuando se encuentre incorporado al Colegio de Profesionales en Informática y Computación, que será el encargado de emitir la habilitación para el ejercicio profesional. Tanto en las instituciones del sector público como en todas las instituciones privadas solo tendrán la condición de profesionales en Informática y Computación, debidamente habilitados para ejercer la profesión, aquellos que estén incorporados al Colegio. De igual forma, solo podrán desempeñarse en el área de la Informática y la Computación, debidamente habilitados para ello, las personas que sean técnicos y/o diplomados en Informática y Computación debidamente titulados en los centros costarricenses y/o extranjeros que se incorporen al Colegio.

Además de lo anterior, este proyecto de ley propone una gran cantidad de reformas adicionales a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, que no me son relevantes en este momento.

Quienes estén interesados en conocer y analizar el texto completo, lo pueden descargar en el sitio de la Asamblea Legislativa: Proyecto Nº 18919

Proyecto Nº 18928

Artículo 3 bis.- Habilitación del ejercicio profesional. Todo profesional en Informática y Computación solo podrá ejercer su profesión cuando se encuentre incorporado al Colegio de Profesionales en Informática y Computación, que será el encargado de emitir la habilitación para el ejercicio profesional. Tanto en las instituciones del sector público como en todas las instituciones privadas solo tendrán la condición de profesionales en Informática y Computación, debidamente habilitados para ejercer la profesión, aquellos que estén incorporados al Colegio.

A diferencia del proyecto de ley anterior, que es una reforma integral a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, este artículo es la única reforma puntual que propone el proyecto de ley.

La única diferencia que considero importante resaltar entre ambos artículos es que el primero regula la habilitación para “todo técnico y/o profesional” mientras que el segundo lo hace para “todo profesional.”

Quienes estén interesados en conocer y analizar el texto completo, lo pueden descargar en el sitio de la Asamblea Legislativa: Proyecto Nº 18928

Opinión personal

Me opongo a que el Estado costarricense otorgue potestades exclusivas de limitar y restringir el ejercicio profesional de la informática y la computación, no sólo para el sector público sino también en la empresa privada, al Colegio de Profesionales en Informática y Computación.

Y me opongo rotundamente a convertir en delito el ejercicio de estas profesiones sin la “habilitación” de dicho colegio, so pena de cárcel.

Las razones de mi oposición son las siguientes:

1. El interés público vs. el derecho al trabajo

Puedo comprender y hasta compartir que existen intereses públicos legítimos para que el ejercicio de ciertas profesiones esté regulado, ya sea por el Estado, por colegios profesionales, o por ambos.

Me refiero a aquellas profesiones en las que, por ejemplo, cada decisión del profesional puede arrebatar o extender la vida de otras personas, o a profesiones cuyo mal ejercicio puede significar la cárcel para otras personas. En concreto, me refiero a profesionales de la salud y del derecho.

Entonces, si y sólo si, están en juego los derechos fundamentales de otras personas, puedo comprender y aceptar la limitación y restricción de otro derecho fundamental de todas las personas: el derecho al trabajo.

En 15 años de ejercicio profesional en informática y computación que acumulo, jamás he estado ni un ápice de cerca de tener semejante responsabilidad, de poner en riesgo con alguna de mis decisiones algún derecho fundamental como la vida o la libertad de otras personas.

¡Valientes los médicos! Entre otras razones, para evitar el peso de semejante responsabilidad es que estudié computación, no medicina.

No soy la excepción. Les invito a consultar a otros informáticos cuán frecuente toman decisiones de vida o muerte, libertad o cárcel, de otras personas.

Por lo tanto, desde una perspectiva de ponderación de derechos fundamentales, me resulta inaceptable limitar y restringir el derecho al trabajo de personas que ejerzan en informática y computación, cuando sus decisiones rara vez (más bien nunca) tienen relación con el ejercicio de derechos fundamentales de otras personas.

Por lo tanto, desde esta perspectiva, no encuentro ningún interés público legítimo para cercenar el derecho fundamental al trabajo de quienes han decidido ejercer en los campos de la informática y la computación.

2. Sala IV anuló obligación en caso del Colegio de Periodistas

En el Voto 2313-95 del 9 de mayo de 1995, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, que igualmente exigía la incorporación obligatoria a dicho colegio para poder ejercer el periodismo.

El artículo declarado inconstitucional establecía:

Las funciones propias del periodista, sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio.

El razonamiento de los magistrados constitucionales es similar al que desarrollé anteriormente, pues en dicho caso ponderaba los supuestos intereses públicos de la colegiatura obligada en cuestión vs. el derecho fundamental a la libertad de expresión de todos los ciudadanos.

3. Situación actual del mercado laboral

El país demanda alrededor de unos 7.000 puestos especializados más de trabajo, en el sector de tecnologías de información, que el mercado laboral no logra satisfacer. (+info).

Ese es el “Happy Problem” del éxito de la industria nacional de desarrollo, exportación y prestación de servicios de tecnologías de información (+info):

• El 1.3% del PIB de Costa Rica son exportaciones y servicios de software
• Esto representa un incremento del 594% en los últimos 10 años
• Las exportaciones en software ya superan a las de café

Hemos sido tan exitosos en convertirnos en una potencia regional de producción y desarrollo de software, que ya no damos a basto. Además, es un problema feliz porque los miles de empleos que genera esta pujante industria nacional son de muy alta remuneración y son de gran valor agregado.

Quiero compartirles algunas particularidades de esta pujante industria, y algunas anécdotas personales que reflejan su realidad:

1. Una gran cantidad de personas que estudiamos informática costeamos nuestros estudios universitarios gracias a que el mercado nos invitó a ejercer profesionalmente aún mucho tiempo antes de graduarnos.
2. Con tan solo veinte años de edad y dos de carrera, yo ya ejercía como consultor en migraciones de software para una reconocida empresa nacional y trabajaba en proyectos para clientes de los EEUU, Europa y toda Latinoamérica.
3. Muchos amigos y colegas (quizá lamentablemente) nunca terminaron sus carreras universitarias en informática y computación, y no por ello el mercado laboral los rechaza; las empresas nacionales de tecnologías de información reconocen a los profesionales en informática y computación no por la cantidad de cartones que cuelgan en su pared, sino por la experiencia y calidad del trabajo que constatan cada día.
4. Más aún, muchos colegas profesionales que hoy en día ejercen en informática y computación en esta pujante industria ni siquiera cursaron carreras universitarias de informática. Son ingenieros de otras disciplinas, administradores, físicos, matemáticos, biotecnólogos, o simplemente geniecillos y apasionados de la informática.

Sé que otras profesiones están saturadas en el mercado, están mal remuneradas y sufren de malas condiciones laborales. ¡Pero este no es el caso de la industria de tecnologías de información del país!

Me atrevo a decir que todas las empresas de tecnologías de información de Costa Rica (micro, pequeñas, medianas o grandes) tendrían que despedir una buena proporción de sus actuales profesionales en informática y computación, porque muchos no podrían cumplir los requisitos para estar “habilitados” para ejercer la profesión.

Suponen algunas personas, erradamente porque sus premisas están equivocadas, que estos proyectos de ley beneficiarían a todos los profesionales sí “habilitados” del gremio, pues tendrían más y mejores oportunidades laborales:

• En el mercado laboral de tecnologías de información ya faltan 7.000 puestos especializados de trabajo aún no cubiertos.
• Los salarios de los informáticos ya son de los mejores en el país.
• Las condiciones laborales no-económicas de los profesionales en informática ya son de las mejores en el país.

Entonces, la prohibición de ejercer en los campos de la informática y computación para miles de personas, por no estar “habilitados” para ello, lo que causaría no son más y mejores oportunidades laborales para quienes sí están habilitados, sino el colapso de la industria nacional de tecnologías de información.

4. Garantía de calidad

Se suele justificar la limitación y restricción al ejercicio de una profesión, esto es al derecho fundamental al trabajo, al factor “calidad.”

Independientemente de la profesión, ya de por sí me resulta chocante que se pretenda cercenar el derecho fundamental al trabajo de una persona, sin que exista un interés público legítimo, y utilizando el aparato represivo del Estado: la cárcel.

En la ponderación de un derecho fundamental vs. una “supuesta” garantía de calidad en una profesión que no pone en riesgo los derechos fundamentales de otras personas, no cabe limitar el primero de ninguna manera.

La calidad se puede y debe medir continuamente. La calidad no se logra a priori con un cartón de ingeniero y un cartón de habilitación profesional. Tampoco se mantiene en el tiempo, sólo por dichos cartones.

Quien piense así, lamentablemente, desconoce profundamente la materia de procesos de calidad. Al profesional de informática y computación que ejerza mal su profesión, y con ello afecte la calidad de los resultados de su trabajo, se le debe capacitar o se le debe despedir.

Puedo comprender que en el Estado, en donde es imposible despedir hasta al más incompetente de los funcionarios, haya una marcada tendencia de darle más preponderancia a los cartones que a otros factores de evaluación, como si estos fueran un “filtro de calidad” apropiado. Lo hacen así porque la cantidad de cartones es fácil de medir antes de la contratación. Pero con esta medición, están muy lejos de garantizar calidad. La pertenencia al Colegio de Profesionales en Informática y Computación ya es un requisito para poder trabajar en casi todas las instituciones del Estado. Y yo me pregunto:

• ¿Cuántos funcionarios de informática del Estado han sido inhabilitados por el CPIC por ejercer mal su profesión?
• ¿Cuántos funcionarios de informática del Estado ha sido despedidos sin responsabilidad patronal por haber sido sancionados por el CPIC?

Las instituciones del Estado están en todo su derecho de establecer los requisitos que gusten para contratar profesionales. Yo como ciudadano puedo considerarlos absurdos, inútiles, inefectivos y luchar contra ellos por las vías pertinentes.

Pero el frío no está en las cobijas. Si el Estado tiene malos procesos de contratación, que resultan en la contratación de malos profesionales en informática y computación, ¡que lo resuelva, y pronto!

Sin las restricciones y limitaciones que promueven estos proyectos de ley, la industria de tecnologías de información de Costa Rica ya es pujante, ya es reconocida en la región por su calidad.

Yo me pregunto:

• ¿Por qué si el problema es por un lado, la solución anda por otro lado?
• ¿Por qué prohibirles trabajar y amenazarles con cárcel a todos los nacionales y extranjeros que trabajamos en la pujante industria de tecnologías de información de Costa Rica?
• ¿Cuáles son los verdaderos intereses del Colegio de Profesionales en Informática y Computación?

Les comparto una anécdota:

La única vez que asistí a una asamblea del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, hace algunos años, el único tema de fondo discutido por casi cinco horas fue: ¿cómo obligar a a todos los informáticos del país a colegiarse, porque sólo con los empleados públicos no alcanzan las cuotas, para poder financiar la construcción de las instalaciones de un centro de recreación para los colegiados?

¡El país, particularmente el Estado, tiene verdaderos problemas en materia de adquisición, implementación y gestión de tecnologías de información, como para que nuestro gremio esté discutiendo semejantes tonterías!

5. Quiénes son los informáticos del siglo XXI

La última y más importane razón por la que me opongo a regular el ejercicio de la informática y computación es porque, para esta industria, estas regulaciones son anacrónicas.

Thomas Suarez es un informático, desarrollador de software. Le gusta programar en los lenguajes Python, Java, y C. Está fundando su propia empresa llamada “CarrotCorp.” Aprendió por sí mismo a desarrollar aplicaciones para “iPhone”. Es conferencista, siendo su más famosa conferencia la impartida en el evento “TEDxManhattanBeach” en 2011, la cual ha sido vista casi dos millones de veces en los últimos tres años.

Thomas Suarez, actualmente, tiene 15 años de edad.

Fuente: TED.com

Thomas Suarez no cumpliría ni uno solo de los requisitos para pertenecer al Colegio de Profesionales en Informática y Computación. De aprobarse estos proyectos de ley y de estar en Costa Rica, este adolescente estaría ejerciendo ilegalmente la profesión y podría ser condenado hasta dos años de cárcel.

Aún si técnicamente Thomas no pudiera ser condenado a cárcel, por ser menor de edad, esta situación de ejemplo deja al descubierto la anacronía de estos proyectos de ley.

Dice Thomas que muchos niños quieren hacer sus propios programas, pero que lamentablemente no tienen adónde acudir para aprender a programar (como sí las tienen para aprender a nadar, a jugar fútbol, a tocar violín, pues sí abundan escuelas para eso), por lo que tienen que aprender por sí mismos, como decidió hacer él.

¡En el sigo XXI todos debemos ser informáticos! Mientras en Costa Rica se discuten proyectos de ley anacrónicos para limitar y restringir el ejercicio de la informática y la computación, en los EEUU reconocidas figuras como Bill Gates, Mark Zuckenberg y Jack Dorsey (fundadores respectivamente de Microsoft, Facebook y Twitter) opinan que todo niño debería aprender a programar. (Fuente: CNN.com)

A la luz del dinamismo global de la industria de las tecnologías de información, estas propuestas de ley palidecen y deberían avergonzar a quienes bien-intencionadamente (asumo) las proponen. No se han dado cuenta que están proponiendo atar a Costa Rica al subdesarrollo, especialmente a a las nuevas generaciones, para quienes los modelos educativos vigentes ya son obsoletos.