FUNDAECO renunció a seguir criminalizando a un pescador artesanal
Por: Nelton Rivera. Fotografías Jerson Xitumul.

El 29 de julio, en el pueblo de El Estor se corrió la voz de alarma, Eduardo Bin había sido secuestrado en un vehículo como los que estilan los gerentes de la minera, afirmaron algunos testigos. Fue un grupo de hombres el que ejecutó el secuestro. En la calle dejaron tirada la bicicleta del pescador. Horas después se supo que existía una orden de detención en su contra, solicitada por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación –Fundaeco-. Un mes después decidieron dejar de criminalizarlo y buscan que se cierre el proceso penal en su contra porque no tienen pruebas para acusarlo.
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Al vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales lo sacaron del municipio a través del lago de Izabal, usaron una lancha y luego fue trasladado a la comisaria de Santo Tomás de Castilla. Ahí asumieron toda la responsabilidad los agentes de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), según consta en documento oficial.
Dos meses han pasado y él ha permanecido en prisión preventiva, ubicado en uno de los sectores de “La Penitenciaría” o “La Peni”, como popularmente se le conoce al Preventivo de Puerto Barrios.
Fundaeco, una fundación que trabaja en Izabal, lo denunció penalmente en el año 2015, acusándolo por el delito de “usurpación agravada” de la reserva natural en el cerro San Gil, una montaña ubicada en Livingston, Izabal. Después de la detención, Fundaeco decidió desistir de la acusación y solicitó al juez pluripersonal de Puerto Barrios cerrar el caso.
En Izabal tres años atrás se instaló una mesa de diálogo con distintas instituciones estatales, para resolver el problema de la tierra con varias comunidades Q’eqchi’es. En esa mesa Eduardo Bin los representó junto a otros dirigentes comunitarios.
Su participación en esa mesa de diálogo fue usada como excusa para realizar la acusación, así lo confirmó el mismo pescador. No es el único, hay una lista con más dirigentes indígenas.
El delito de usurpación tiene derecho a medida sustitutiva, pero el juez Alex Eleodoro Cifuentes Almengor, del juzgado pluripersonal de Puerto Barrios, el 16 de agosto, decidió que el pescador debía quedarse en la cárcel.
En esa misma audiencia el director de Fundaeco, el ingeniero Crístofer López, llegó junto a un abogado para solicitar al juez el cierre de la persecución penal en contra del pescador y se adhirió a la petición de la defensa de beneficiarlo con una medida que lo dejara salir de la cárcel.
“Creemos que hay algunos intereses detrás de esta situación, queremos compartirles que apoyamos las luchas comunitarias, en algunos casos compartimos las mismas posturas políticas, como es el caso de no a la minería, para Fundaeco la minería a cielo abierto para el país no es ningún negocio, ni provoca desarrollo en las actuales condiciones.” Afirmo López.
La audiencia del 16 de agosto
El juez Alex Cifuentes programó para ese día una nueva audiencia para el pescador. El objetivo era permitir que se constituyeran dos querellantes más en la acusación: Fundaeco y dos comunitarios q’eqchíes que vivían asentados en el cerro San Gil en el año 2015. De nuevo lo trasladaron esposado de las manos y encadenado de los pies.
La defesa de Eduardo Bin solicitó que la prisión preventiva se modificara y que al pescador se le beneficiara con otra medida para salir de la cárcel, pero el fiscal del Ministerio Público se negó, a pesar de que el representante de Fundaeco ya había externado su interés en renunciar a la acusación.
Frente a la decisión de Fundaeco, el fiscal argumentó con vehemencia que para la fiscalía era más que suficiente los dos testigos para continuar con la acusación. De esa cuenta, la fundación se retractó de seguir con la criminalización del pescador, argumentando que no existen pruebas para sostener tal acusación.
Eduardo Bin, es padre de tres menores de edad, su trabajo es la principal fuente de sustento económico para su familia. Fundaeco expresó su respaldo a la petición del pescador y solicitó al juez que se le diera una oportunidad y le retirara la medida de la prisión preventiva.A pesar de esto, el fiscal se opuso a la medida sustitutiva y el juez resolvió negar la petición de la defensa del pescador.
El 24 de agosto, el representante de Fundaeco podrá ampliar su declaración, la defensa espera que en esta audiencia de ampliación se pueda desjudicializar la acusación en contra del pescador.
La audiencia tuvo un retraso de tres horas. Durante todo ese tiempo, el pescador permaneció esposado de las manos y encadenado de los pies.



