¿LIBERALES? DE LA TOLERANCIA AL COMPLIANCE

Todavía hoy cuando oímos hablar de tolerancia, pensamos en la actitud respetuosa frente a formas de comportamiento o ideas que no cuadran con la “moral tradicional” supuestamente hegemónica, impuesta con el apoyo de las instituciones. Pero la realidad es que el sentido común moral de nuestras sociedades ha dado un vuelco, y ha surgido una nueva forma de ortodoxia hegemónica, en particular en materia “de género”. Por eso la pregunta sobre si somos tolerantes o no, debería hacerse en ambas direcciones. Es decir, deberíamos preguntarnos también si quienes defienden la nueva visión mayoritaria sobre la moral respetan modos de comportarse e ideas que no son las suyas. Porque a la vista de los hechos, parece que la cultura liberal ha pasado de ser una cultura de la tolerancia a estar centrada en el “compliance”.

La tolerancia es un elemento clave de la cultura política liberal, por otro lado tan ambigua. Tolerancia no en los términos en que la define la filosofía clásica (que entiende la tolerancia como soportar un mal con vistas a un bien mayor) sino en el más pedestre de respetar al que piensa distinto, de modo que en el ámbito del debate público haya la posibilidad de disentir. Esto es clave para que cada persona individualmente pueda formarse su propio criterio, y para que se pueda tener una deliberación pública autónoma, sin que se imponga una autoridad moral suprema por encima del diálogo.

En su última formulación, la del liberalismo político del gran John Rawls, la idea de la tolerancia implica que debemos ser capaces de distinguir dos planos en la convivencia política: el de las instituciones comunes de justicia, y el de las visiones particulares de la vida. Las instituciones básicas las debemos apoyar quienes disentimos sobre nuestras visiones sobre la vida buena y la buena sociedad. No porque estemos necesariamente de acuerdo en el fundamento, sino al menos como unmodus vivendi que se demuestra adecuado para garantizar un mínimo de paz, libertad y justicia que permita a cada uno desarrollar su propia vida. Un ejemplo clásico es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por unanimidad, y sobre la que Jacques Maritain alertaba: la hemos aprobado por unanimidad porque hemos dejado a un lado la discusión sobre cuál es el fundamento.

El liberalismo político exige, por tanto, que no se imponga el liberalismo en cuanto visión comprensiva del bien (por dar algunas notas: individualista, centrada en los derechos, racionalista, etc.). Rawls dejó escrito hacia el final de su vida que en su opinión ciertas culturas religiosas –entre las que incluía el catolicismo post-concilio Vaticano II- encajan en una sociedad liberal, pues renuncian a imponer sus convicciones en la esfera pública.

Pues bien, en los últimos años se observa en las sociedades occidentales un cambio radical en nuestra cultura política. Hemos pasado de hablar de tolerancia a hablar de compliance. La cultura política liberal se está manifestando no como una cultura pluralista — abierta al diálogo, que permite que en nuestras sociedades convivan modos distintos de ver la vida en aspectos fundamentales — sino en una cultura donde el disenso (en la política, en la universidad, en la escuela, en los medios de comunicación y hasta en la iglesia) es reprimido mediante sanciones administrativas y penales.

En el pasado reciente de nuestro país se han aprobado leyes que presentaban la redefinición de algunas instituciones básicas como una “ampliación de derechos”. En absoluto se pretendía –o al menos eso se decía — imponer opciones de vida a los demás, sino al contrario: permitir que quienes no seguían la “moral tradicional” también tuvieran la posibilidad de ver sus opciones de vida bendecidas por la ley. Claro que la obligación de educar para la ciudadanía incluyendo estas leyes ya planteaba un problema en este sentido para el ámbito legítimo –y constitucionalmente protegido- de la educación moral de los niños, que corresponde a los padres.

Empieza a pasar en el ámbito de las Comunidades Autónomas, incluso por iniciativa del PP, que se aprueban leyes como la reciente “Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid”, de 14 de julio. En estas normas se establecen, por ejemplo, multas de hasta 45.000 € por disentir de la doctrina oficial sobre la orientación sexual. Esto nada tiene que ver con el respeto a las personas sea cual sea su condición, o la corrección de los excesos de una cultura machista o intolerante, y ni siquiera con la no intervención del Estado en los ámbitos de la vida privada. Es precisamente una carta blanca para la intromisión política a golpe de presión social.

Ante estos abusos, las voces más autorizadas no con las de los “conservadores” ahora en minoría, sino la de los que se dicen liberales, y quieren seguir viviendo en una sociedad abierta. Quienes tienen la clásica visión liberal de la vida deberían despertar de su complacencia ante lo que está pasando, en España y en muchos otros países, a veces mediante una verdadera “colonización ideológica”. Deben darse cuenta de que quienes comparten con ellos los ideales de la autonomía del individuo y la tolerancia, están imponiendo su propia visión comprensiva sobre la vida humana y la sociedad con los medios coercitivos del Estado, por cierto mucho más poderosos ahora que en la edad media. La tolerancia liberal está revelando que no cumple el requisito de la reciprocidad, que le es tan propio. Se pedía tolerancia para discrepar de la moral tradicional y de las autoridades sociales –en muchas ocasiones con todo derecho y gran beneficio para todos — pero no se pide ni se aplica la tolerancia cuando la moral hegemónica ha cambiado de signo. A las nuevas minorías se les trata de “herejes”, y se les exige que se amolden a la nueva ortodoxia.

Amigos liberales: nuestra cultura está sufriendo una mutación genética dramática, aunque silenciosa. Esto ya no es liberalismo político. Al menos no es el liberalismo de Rawls, de Mill, de Locke. Se parece más al pensamiento de Hobbes, para quien la única garantía de paz social era la obediencia absoluta a la ley del soberano, y el control político de todos los contenidos educativos y de la conversación pública. La experiencia de los totalitarismos “hard” no debería impedirnos descubrir las formas más sutiles de los totalitarismos “soft”, que pasan de la tolerancia a la imposición con una sonrisa y un tweet.

Ricardo Calleja es doctor en Derecho y co-fundador y vicepresidente de Principios