Los vientres de alquiler se han convertido en el nuevo remanso de consenso progresista de la política española: todos –PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos- quieren que sea una realidad que en España haya niños en cuya gestación puedan intervenir hasta seis adultos, a los que se les niegue el derecho a tener un padre y una madre, y cuyo nacimiento sea sencillamente el objeto de una transacción económica.
No es ampliación de libertades, sino egoísmo descarnado. No es progreso, sino un nuevo paso hacia una sociedad sin vínculos naturales.
La polémica política
Recientemente Ciudadanos presentó una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para pedir al Gobierno Regional que reclamase al Gobierno de la Nación una ley que regulase la gestación subrogada, también conocida como “vientres de alquiler”.
Y aunque no estaba en el programa nacional del PP, este apoyó la propuesta. El sentido del voto había sido decidido por la presidenta regional Cristina Cifuentes, sin debate interno alguno, y rompiendo con la tradición del partido. Pero no solo eso, sino que en un acto profundamente antidemocrático, el PP multó económicamente a los tres parlamentarios que se atrevieron a romper la disciplina de voto (Luis Peral votó en contra, David Pérez y Regina Plañiol se ausentaron).
El debate de fondo
Los defensores de los vientres de alquiler parten de posturas ideológicas radicales: la conocida como ideología de género asume que el “género” es una construcción cultural, independiente del sexo biológico. De esta forma se llega a afirmar que tener un padre y una madre es una construcción cultural, al igual que querer serlo. Es decir: tú lector tienes padre y madre como consecuencia de la cultura en la que tus padres se encontraban en el momento de concebirte. Es un absurdo que no nos vamos a molestar en ridiculizar (ver al respecto el post: “Ideología de género, un caballo de Troya en nuestra civilización”).
La conclusión lógica es que estamos legitimados para utilizar a nuestro antojo las posibilidades de la técnica moderna con el fin de satisfacer nuestros deseos, en este caso ser madre o padre. Porque para los defensores de los vientres de alquiler querer ser padre o madre sería sencillamente eso, un deseo.
Una consecuencia de esto es la “deconstrucción” de la maternidad: se distinguiría entre maternidad genética, gestacional, adoptiva y subrogada. Abriendo la puerta a que existan varias madres biológicas para un mismo niño.
La maternidad y la paternidad pierden su fundamentación biológica natural para convertirse en meros roles, que por ejemplo pueden asumir personas del mismo sexo (no es de extrañar que el principal uso de la gestación subrogada sea que parejas del mismo sexo tengan hijos).
No es libertad, sino egoísmo descarnado
En los debates públicos los defensores de los vientres de alquiler sostienen incansablemente que se trata de “una ampliación de derechos”, manipulando groseramente los conceptos de libertad, autonomía e igualdad. Hasta tal punto es así que la la Proposición No de Ley del Ciudadanos y del PP argumenta que el “acceso a la paternidad y/o maternidad […] es un derecho que se debe de garantizar siempre” y afirma que con la actual regulación, “se conculca el principio constitucional de igualdad.”
Dicho enfoque parte de una premisa errónea: el legítimo deseo de ser padres-madres, en el marco del ejercicio de la libertad individual, no implica en ningún caso el “derecho a tener” hijos. Los hijos no son nunca un derecho de los padres, sino personas con una dignidad propia y unos derechos propios.
En este sentido las legislaciones que tratan de imponerse en Europa tienen graves consecuencias, que ahondan en la crisis de la persona, y dañan su mejor asidero, su propia familia. Veamos como:
- Se despersonaliza del proceso de gestación: Con la intervención de la técnica se produce una participación múltiple de progenitores. Puede llegar a haber hasta seis adultos relacionados con un bebe nacido de un vientre de alquiler: la madre genética o biológica (donante de óvulos), la madre gestante (el vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético (el donante de esperma), el marido o pareja de la madre gestante (que tiene la presunción de paternidad), y el hombre (o segunda mujer) que ha encargado el bebé.
- Se conculcan de los derechos del niño por nacer: la primacía de los deseos de los adultos sobre los derechos de los niños lleva a la pérdida del entorno afectivo propio de la complementariedad hombre-mujer.
- Se separa la decisión de ser padre o madre del ámbito familiar: se da la posibilidad de tener hijos si lo deseas fuera del ámbito natural de la unión hombre-mujer, siempre que se tengan los medios económicos para ello.
- Se trata al hijo como producto, y a la mujer como un proveedor de servicios, dentro de una transacción económica (compraventa o alquiler): El cuerpo de la mujer pasa a ser algo disponible a discreción y objeto de contrato en el que se regula la prestación de un servicio y en el que hay un “bien” entregable, que en este caso es una persona. Se utiliza el principio de autonomía y de libertad contractual, olvidando que la dignidad de la persona no está sujeta al derecho positivo.
Los avances de la ciencia y las posibilidades de la técnica deben de estar al servicio de la dignidad de la persona. Por eso qveremos que nuestra legislación no permita en ningún caso la maternidad subrogada, ya que trata a los niños como un producto, y las mujeres como proveedoras servicios, conculcando en ambos casos su dignidad de personas.
