El manejo del dinero público está regido por una ley conocida como “Ley de Administración Financiera”. La Ley de Administración Financiera estipula toda la arquitectura de obtención, administración y ejecución de los fondos públicos.

Los fondos públicos provienen de impuestos y rentas diversas que en definitiva vienen a constituir el financiamiento del Estado. El Estado posee un conjunto de organismos y normas que surgen y se desprenden de lo que establece la Ley de Administración Financiera y que regulan y controlan la gestión de dichos recursos.

Por su parte, la aplicación de los fondos públicos a las diferentes acciones del Estado en cada ejercicio financiero, está estipulada en una ley que genera la Legislatura anualmente y que es la Ley de Presupuesto.

La Ley de Presupuesto asume una cantidad de recursos que el Estado podrá recaudar durante el año para el cual se está legislando, y luego enumera una a una todas las acciones de gobierno para ese período, asignando una cantidad estimada de esos mismos recursos (dinero) para llevarlas a cabo, en forma de “partida presupuestaria”. Los legisladores son quienes en definitiva determinarán qué acciones de gobierno se llevarán adelante en un año calendario, y para cada una de ellas, establecen un monto aproximado de dinero que constituye específicamente el “presupuesto”.

Cabe aclarar que el monto asignado (partida presupuestaria) a cada acción de gobierno es estimado (o aproximado) porque el precio al que efectivamente se adquieran los bienes y servicios en cuestión, así como la cantidad que finalmente se compre de los mismos, pueden sufrir ciertas variaciones. En definitiva, la Ley de Presupuesto dirá cuánto dinero disponible hay para el año, qué hay que hacer con el mismo y cuánto dinero disponible hay para cada cosa en particular.

Las acciones de gobierno pueden ser desde el pago de salarios, el pago de las cuentas de luz, o la compra de ropa de trabajo, hasta la construcción de una escuela nueva o el asfaltado de una calle. Todas estas acciones implican el uso de una cantidad de recursos financieros (dinero) que primero se calculan de forma estimativa por lo dicho más arriba, y luego son propuestos a la Legislatura para que ella analice y establezca la cifra finalmente disponible.

La ejecución del presupuesto implica la realización de las acciones de gobierno establecidas en la Ley de Presupuesto, y el cumplimiento de las metas físicas allí definidas. Por ejemplo, para la acción de gobierno “construcción de escuelas” se estipula como meta física la finalización de 4 edificios escolares, y en base a los datos económicos disponibles se estima cuánto podrían costar los mismos para el momento en que se lleven a cabo. El costo de la escuela estará definido por el costo de la mano de obra y materiales, y el mejor precio que obtenga el Estado al momento de concursar mediante licitación la adquisición de la misma, lo que constituirá la inversión real final.

Cumplido el año, la ejecución presupuestaria se habrá efectuado en la medida en que se hayan logrado las metas físicas preestipuladas para cada acción de gobierno. Esto habrá implicado la utilización de los recursos establecidos en la partida correspondiente, lo que se manifiesta como un aumento en el porcentaje de utilización de la misma, hecho que habitualmente se conoce como “ejecución presupuestaria”. Si se habían presupuestado 100 pesos, y la meta física demandó 98 pesos, el porcentaje de ejecución será de 98%. Estrictamente hablando, la subejecución presupuestaria consiste en el incumplimiento de las metas físicas, más que en la cantidad efectiva del recurso previamente asignado que se utilice para la cumplimentación de la misma. Medir la ejecución presupuestaria solo desde el grado de utilización de una partida determinada puede arrojar un resultado engañoso, o bien porque los bienes y/o servicios hayan sido adquiridos a precios más altos que los estimados al momento de la ejecución presupuestaria, con lo cual el cumplimiento de solo una parte de las metas físicas podría consumir la totalidad de los recursos; o por el contrario, porque la obtención de mejores precios permitan dar cumplimiento a los objetivos propuestos con menor grado de utilización de la partida correspondiente.

El presupuesto es una de las principales herramientas del Estado para dar previsión y transparencia al uso de sus recursos financieros. No gestionar los fondos públicos a través del presupuesto, si bien se encuentra contemplado en la Constitución a través del uso de decretos de necesidad y urgencia, podría otorgar un grado desmedido de discrecionalidad al gobierno en la gestión de fondos públicos. La Ciudad de Buenos Aires viene siendo un modelo en la Argentina por su gestión de gobierno basada en Ley de Presupuesto.