Reforma Política y Gobierno Limpio

Más allá del liderato que personalmente pueda ejercer David Bernier, existe una profunda insatisfacción en amplios sectores del país con la clase política. David Bernier ha sostenido que para más de lo mismo, no vale la pena aspirar a gobernar a Puerto Rico. Por eso, desde que anunció su candidatura a la gobernación ha sostenido que el Partido Popular Democrático tiene que cambiar profundamente si quiere seguir siendo un instrumento eficaz de transformación social.

Las acciones para limpiar la papeleta del partido y las decisiones ya tomadas, como que no votará por un candidato que entiende que no debe figurar en la papeleta a pesar de las críticas dentro del propio partido, hablan por sí solas.

Para que el pueblo vuelva a creer es necesaria una profunda reforma política que sanee nuestro gobierno y nuestra política y atempere nuestras instituciones a las exigencias de transparencia, pulcritud, participación y eficiencia que nuestro pueblo reclama. La propuesta de David Bernier es específica y radical. Propone:

  1. La celebración de una consulta al país para enmendar la Constitución para:
  2. Limitar los términos de los funcionarios electos a un término de seis (6) años en el caso del Gobernador y en el caso de los legisladores a tres términos de (4) años, separando ambas elecciones.
  3. Establecer un mecanismo de referéndum revocatorio que interrumpa el mandato de cualquier funcionario electo cuando un por ciento considerable del país así lo entienda a través de una votación a esos fines.
  4. Retomar el reclamo ciudadano de una legislatura unicameral.
  5. El establecimiento del legislador ciudadano, eliminando el salario y retornando al sistema de compensación exclusiva mediante el pago de un estipendio razonable y la eliminación de la segunda sesión legislativa.
  6. Enmendar la Ley Electoral para:
  7. Permitir la concertación de alianzas políticas y respaldos multipartidistas de candidatos.
  8. Establecer el mecanismo de la segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor número de votos si el candidato ganador en una primera vuelta no obtiene el 50% más uno de los votos.
  9. Reestructurar la operación de la Comisión Estatal de Elecciones para que la misma sea un organismo menos burocrático, a tenor con las realidades electorales y económicas del país.

La candidatura de David Bernier solamente encuentra sentido si se ofrece como vehículo para una transformación del país a través de la acción política, vista como un instrumento de unidad y no como un campo para el tribalismo y la trivialidad.

Es por eso que hace unas semanas presentó la más abarcadora propuesta para enfrentar el tema de la corrupción gubernamental y el inversionismo político, atacando de raíz esta lacra de nuestra democracia. En ella se proponen medidas concretas para fortalecer la fiscalización y el castigo al despilfarro y robo de fondos públicos. Específicamente se propone:

  1. Disponer que en cada actividad de recaudación de fondos esté presente un funcionario de la Oficina del Contralor Electoral.
  2. Enmendar la legislación electoral para prohibir los donativos anónimos y limitar al mínimo los donativos en efectivo.
  3. Legislar para el financiamiento público de las campañas políticas, con legislación similar a la “Ley de Dinero Limpio”, presentada durante el cuatrienio 2001–2004, dando la opción a los candidatos de escoger entre financiamiento público o financiamiento privado.
  4. Establecer inicialmente mediante Orden Ejecutiva y luego mediante legislación la creación de un verdadero Registro de Cabilderos y representantes de entidades ante la Rama Ejecutiva en donde se obligue a divulgar el nombre de la empresa que representa, se someta un registro de reuniones y el propósito de la misma y se divulguen los ingresos recibidos y la procedencia de los mismos. Todo bajo juramento.
  5. Someter legislación para prohibir la práctica del pago a cabilderos, representantes de entidades o proponentes que gestionen contratos o asignaciones de fondos públicos a través del mecanismo de honorarios contingentes o “successful fees” que envuelvan porcientos de ganancia usando fondos públicos. Esa práctica constituirá apropiación de fondos públicos.
  6. Someter legislación para establecer normas para regular que los cabilderos y/o representantes de entidades que gestionen legislación ante la Asamblea Legislativa o la Rama Ejecutiva no puedan organizar o comprar boletos de actividades de recolección de fondos políticos durante los periodos en que cualquier medida o propuesta esté bajo consideración de adjudicación y durante la sesión legislativa y solamente podrán hacer contribuciones individuales dentro de los límites establecidos en ley.
  7. Mediante legislación se prohibirá que entidades privadas reciban regalías, pagos de bonificaciones, descuentos y beneficios de valor que sean producto del uso o inversión de fondos públicos asignados que no sean previamente aprobados. La Oficina del Contralor ya ha expresado que dichos beneficios tienen que revertir al gobierno de Puerto Rico.
  8. Llevar a cabo una revisión integral del Código Penal de Puerto Rico, respecto a los delitos contra la función pública, en colaboración y con el asesoramiento de los integrantes de la Cumbre Anticorrupción integrada por la Oficina de Ética Gubernamental, Departamento de Justicia, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y el Departamento de Justicia Federal, FBI y Fiscalía Federal; y de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y el Contralor Electoral.
  9. Presentar legislación para enmendar la Ley Electoral a los fines de extender la jurisdicción de la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que pasa juicio sobre los anuncios del Gobierno para todo el cuatrienio.
  10. Exigir que todas las agencias divulguen transacciones de personal, de contratación y de compras en un portal electrónico con el apoyo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en armonía con los derechos garantizados por la Constitución y las Leyes.
  11. Prohibir que personas que hayan violado la Ley de Ética Gubernamental por convicción de delito puedan ocupar cargos electivos o por nombramiento.
  12. Aprobar legislación para establecer procesos expeditos para la recuperación de activos obtenidos por transacciones o conducta corrupta.
  13. Aprobar legislación a los fines de prohibir que ninguna persona o entidad que preste servicios profesionales al gobierno pueda contratar en exceso de $250,000 dólares anuales salvo certificación de necesidad emitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
  14. Establecer, mediante Orden Ejecutiva primero y luego mediante un proceso mandatorio, que todo resumé que sea referido a un funcionario electo, nombrado, de carrera, de confianza o de cualquier tipo, sea referido, como primer paso, a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), para que dicha oficina certifique si la persona cumple con los requisitos del puesto al que será considerado. Dicha oficina será el custodio de todos los resumés enviados y tendrá un registro de los mismos. Ningún jefe de agencia podrá proceder con nombramientos si el resumé de esa persona no viene acompañado por la certificación de OCALARH.
  15. Mediante legislación se le ordenará a la Oficina de Ética Gubernamental a que, conjuntamente con la Asamblea Legislativa, la Rama Judicial y los Municipios, se establezca un Reglamento para regular la práctica de enviar cartas de recomendación de personas a base de consideraciones ajenas a las cualificaciones personales para puestos públicos o que generen trato preferencial en el proceso de reclutamiento.

Estas, en síntesis, son propuestas puntuales que atienden el problema de la fiscalización y la reforma política de manera radical, pues para lograr los objetivos de un gobierno limpio, honesto y transparente, así como para reformarlo, hay que atender el problema en su raíz.

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