Monsanto, exenciones contributivas y la experimentación biológica en Puerto Rico

Monsanto y sus cimientos

La compañía Monsanto es una multinacional que se dedica exclusivamente a la biotecnología. Fue fundada en San Luis, Missouri en 1901 y comenzó produciendo sacarina. Para la década de los cuarenta, Monsanto comenzó a trabajar con productos químicos como los herbicidas, donde muchos de estos se utilizaron en Puerto Rico. Todo como parte de los experimentos entre el gobierno de EE.UU y compañías privadas durante la guerra fría. Uno de los herbicidas más famosos que se utilizó en el Yunque y en la guerra de Vietnam fue el Agente Naranja, considerado un defoliante químico de alto riesgo. Hoy día, Monsanto pone más énfasis al desarrollo de semillas transgénicas o alteradas genéticamente para satisfacer la demanda de alimentos que tienen la mayoría de los países del mundo. Estas semillas alteradas por medio de ingeniería genética, se catalogan de igual peligro como lo fue el Agente Naranja. Según Natural Society, es una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Estas semillas se catalogan peligrosas ya que son rociadas o modificadas por muchos productos químicos que, a la larga, traerán complicaciones a los consumidores y a su salud como tal. En Puerto Rico existen laboratorios donde se produce maíz, algodón, y soya transgénica, donde más tarde se empacan y exportan para la venta en Estados Unidos.

El ex gobernador Luis Fortuño, para el año 2009, proveyó e hizo posible que Monsanto obtuviera 1,500 acres de terreno en la isla, cuando el mínimo, según la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el Artículo VI de la Sección XIV, plantea como mínimo 500 acres de terreno.

Es así con el fin de evitar que terratenientes extranjeros implementen un monopolio y el desplazo del pequeño agricultor local. Alguno de estos pueblos donde se experimenta con semillas transgénicas son Juana Díaz, Santa Isabel, Isabela y Aguadilla, donde se espera que esos terrenos utilizados en un futuro dejen de ser fértiles por esta causa.

Para el año 2009, entró en vigor la Ley Núm. 62, mejor conocida como la Ley de Promoción y desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola, donde se establece que la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe fomentar el establecimiento y crecimiento de empresas orientadas en la biotecnología agrícola. Esta ley fomenta e incentiva económicamente a Monsanto y a otras corporaciones, aún cuando no se generen ganancias al gobierno de Puerto Rico. Se puede decir que Monsanto no genera ganancias ya que, por la Ley Núm. 25 del 1 de diciembre de 1995, llamada Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico, establece que la política pública en el sector agrícola y otros sectores económicos relacionados debe establecer los requisitos para calificar a los agricultores bonafide y eximirlos de toda clase de contribuciones sobre propiedad mueble e inmueble, patentes municipales, contribución sobre ingresos, arbitrios y toda contribución de Derecho Municipal o Estatal, evitando que estos tipos de corporaciones paguen impuestos y así, obtengan más ganancias. Como ironía, aunque hay leyes que fomentan las industrias agrícolas, no es parte de la política pública de Puerto Rico aumentar la producción agrícola local. También el gobierno de la isla provee las mismas exenciones contributivas que a los agricultores locales y reembolsa $2.72 del salario a los obreros del campo por hora.

Patentes y Propiedad Intelectual de las semillas

Sobre las patentes, Monsanto restringe el uso de sus semillas en una sola cosecha, de esta manera obligando a los agricultores a comprar una nueva simiente de semillas y no replantar la producción anterior. Para el 1999, un agricultor español fue demandado a pagar $65.000 por utilizar semillas restantes de la cosecha anterior. Aunque éste fumigó, los químicos que utilizó no fueron lo suficientemente fuertes como para acabar con la plantación. De esta manera se prueba lo peligrosas que pueden ser estas cosechas transgénicas, las cuales, según científicos de la Universidad de Caen y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pueden producir tumores, daños en el hígado y en los riñones.

Aunque se ha probado el peligro que se corre al consumir alimentos transgénicos, el Presidente Barack Obama firmó una ley financiera de plazo limitado llamada H.R.933, o mejor conocida como Ley de Seguridad Agraria. Esta protege compañías de semillas transgénicas frente a litigios por las ventas de sus productos. Aunque se denominen de alto riesgo para la salud de sus consumidores.

Se ha probado que Monsanto viola leyes constitucionales, también viola los Derechos Humanos al vender y fomentar el consumo de sus semillas genéticamente alteradas sin remedios saludables. Aunque su lema es que en un futuro será difícil alimentar a tantos miles de millones de personas, los métodos de ingeniería genética que utilizan junto a sus químicos son de gran riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Se debe tomar en cuenta que los líderes de esta compañía, como por ejemplo Michael R. Taylor, están vinculados con los partidos políticos de Estados Unidos y que gozan de puestos importantes en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Food & Drug Administration, en el Senado Federal y hasta en las cortes supremas del país. Esto hace posible que Monsanto sea intocable ante la sociedad, aunque se tengan pruebas de que son un peligro para la salud humana.