El Canal y la desinformación multiplicada

El lunes 11 de enero salió publicado en La Estrella un artículo de Rubén Darío Paredes titulado, ¿Corrupción?, que está repleto de falsedades que hay que advertir respecto al Canal de Panamá. No hay duda que es importante ser un ciudadano crítico y vigilante, pero desinformar es una irresponsabilidad.

Comparto la preocupación de Paredes respecto a la demora de la ampliación, las dudas del contratista y el incremento en los costos de construcción del contrato de las esclusas. No obstante, el escrito pareciera formar parte más de una campaña de desinformación que de una opinión razonada. No obstante, lo que me interesa es verificar varias de las afirmaciones que hace Paredes, no discutir si hay o no una campaña. Por tanto, me concentraré en los hechos y datos que se afirman, y no en el argumento principal del artículo. Analizaré parte por parte el escrito, deteniéndome específicamente en los puntos donde más allá de una opinión o interpretación se afirma una mentira.

Llenado de las nuevas escusas de Agua Clara, Gatún. http://micanaldepanama.com/categoria/canal-de-fotos/
  • El ex miembro de la junta directiva Luis Anderson no fue escogido por los 8,000 trabajadores del canal.
Extracto del artículo ¿Corrupción?, de Rubén Darío Paredes.

Luis Anderson había estado en la junta directiva del Canal prácticamente de manera continua desde 1983, es decir, desde la época de la Comisión del Canal de Panamá (CCP). En efecto, había fungido en dicha posición durante tres periodos: 1983–1989, 1989–1990 y 1990–1995, según consta en una entrevista publicada el 17 de noviembre de 2000 en El Faro.

Como parte de los acuerdos del Tratado Torrijos-Carter, la CCP era una agencia del órgano ejecutivo del gobierno federal de Estados Unidos supervisada por una junta directiva de nueve personas, la cual se conformaría por cinco estadounidenses y cuatro panameños. De acuerdo al tratado del Canal, los nueve miembros serían nombrados por el presidente de Estados Unidos. En el caso de los cuatro panameños, estos serían nominados por el gobierno de la República de Panamá, pero nombrado por el ejecutivo estadounidense (Ver el artículo III, numeral 3, literal a).

Extracto del Tratado Torrijos-Carter, Artículo III, numeral 3, literal a.

Habiendo participado en las negociaciones de los tratados del Canal, Anderson seguramente estaba orgulloso de formar parte de la directiva de la CCP durante este periodo de transición, pero fue nominado por el gobierno de Panamá y nombrado por el presidente de Estados Unidos, no por los trabajadores.

En 1997, ya conformada la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), le correspondía por ley al presidente de la República, que en ese entonces era Ernesto Perez Balladares, con acuerdo del Consejo de Gabinete, a nombrar a los nueve directores. En efecto, el 27 de agosto de 1997, mediante la Resolución de Gabinete No. 201, se nombró a Luis Anderson como uno de los nueve miembros de la junta directiva de la ACP por el periodo de tres años, junto a Samuel Lewis Navarro y Raúl Montenegro Vallarino.

Extracto de la Gaceta 23,372, Resolución No, 201 de Gabinete.

Anderson pudo haber ocupado su silla con dignidad, tal y como lo señala Paredes, y no tengo porqué dudarlo, pero ello no implica que fue seleccionado por los trabajadores. Quizás gozara de la simpatía de los líderes sindicales del país producto de su activismo sindical. Tal vez los sindicatos cabildearon para que se le nombrara. Puede que en esas circunstancias el presidente tomó en cuenta su experiencia y su relación con los sindicalistas, y consideró conveniente designarlo. Es hasta posible que Perez Balladares se haya visto motivado a escogerlo como parte de un acuerdo político tras bastidores en un periodo complejo en que había muchos grupos cuestionando la capacidad de los panameños en administración del Canal. Nada de esto lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que no fue escogido por los trabajadores.

  • La ley que creó la Autoridad del Canal de Panamá no contempla a un “representante de los trabajadores” en la junta directiva.
Extracto del artículo ¿Corrupción?, de Rubén Darío Paredes.

Seguidamente, señala Paredes que luego que culminara el periodo de Anderson, se sepultó la silla de los representantes de los trabajadores. La realidad es que la ley orgánica del Canal no contempla tal posición en la junta directiva de la ACP. La Ley No. 19 de 1997 determina que la junta directiva de la ACP tendrá 11 directores: un director presidirá la junta, tendrá rango de ministro de Estado y será designado por el presidente; un director será escogido por la Asamblea Nacional; y nueve serán nombrados por el Presidente con el acuerdo del Gabinete en periodos escalonados (Ver Ley No. 19 de 1997, Artículo 13, numeral 3).

Extracto de la Ley No. 19 de 1997.

El hecho que Anderson mantuviese una buena relación con los sindicalistas o trabajadores no implica de forma alguna que había un puesto de la junta directiva de la ACP reservado para un representante laboral. Paredes puede ser de la opinión que sí debiera haberlo, posición que es debatible, y tal vez la junta directiva sí empezó a estar perfumada, aunque la cantidad de perfume no debe ser criterio para determinar la capacidad de un director, pero lo que no se puede decir es que se ha violando la ley. Lo contrario, permitir que los lideres laborales escojan a un miembro de la directiva sí sería contravenir el orden constitucional, al ser esta una prerrogativa del Presidente, y acentuaría la politización de la junta directiva.

  • La directiva del Canal no aumentó el porcentaje de acciones que representa un conflicto de interés, de hecho, lo redujo de 10% a 5%.
Extracto del artículo ¿Corrupción?, de Rubén Darío Paredes.

El tercer punto que señala Paredes que hay que desmentir es que la junta directiva se permitió aumentar el criterio porcentual que define un conflicto de interés. Nada pudiera ser más distante de la verdad. El 20 de mayo de 2006, la junta directiva de la ACP aprobó el Acuerdo No. 163 que modificó el reglamento interno de la junta directiva y el reglamento de contrataciones públicas para hacer más estricto el criterio de conflicto de interés. El objetivo es definir qué es lo que constituye o no un conflicto de interés, de tal forma que se sepa de antemano bajo que circunstancias una empresa está impedida de participar como contratista de la ACP.

Extracto Acuerdo No. 163 de la Junta Directiva de la ACP.

Tanto en el caso del reglamento de contrataciones públicas como en el reglamento interno de la junta directiva, la junta directiva de la ACP redujo de 10% a 5% el porcentaje de participación accionario que en un empleado o un director de la ACP puede tener sin que constituya un conflicto de interés. Es decir, si un empleado o un director tiene 5% o más de las acciones de una empresa, esta no puede participar como contratista o proveedor de la ACP. Además, se adicionó como impedimento que se tenga el control administrativo o la representación legal de la empresa y, como para remarcar el camino que se venía llevando en términos de esta rigidez, se recalcó, en las consideraciones preliminares del acuerdo No. 163, que anteriormente este porcentaje era de 33%.

Paredes puede considerar que estas disposiciones son insuficientes para evitar el conflicto de interés, pero afirmar que la junta directiva de la ACP lo incrementó a 35% es una impostura.

  • La Comisión del Canal de Panamá también sufrió sus casos de corrupción.
Comunicado de Prensa sobre la sentencia a Gerard Lavecchia.

Paredes nos hace sentir como que el periodo de administración de los estadounidenses fue prístino, un tiempo en que había una “veda moral”. No obstante, hay conocidos casos de corrupción, abuso de autoridad y malversación de fondos. El más famoso de ellos es el de Gerard Lavecchia, ex jefe de Contrataciones Publicas de la CCP, quien fue sentenciado a 27 meses de prisión por extorsión y coimero, y fue obligado a restituir $347,000 a la CCP.

Como cualquier organización humana, hay gente que intentará aprovecharse, defalcar y robar. Incluso en el propio seno de la Iglesia Católica esto ha sucedido. Establecer una utopía — un mundo donde la corrupción no existe — como criterio de comparación es un error que conlleva a descalificar cualquier persona que sea humana u organización en la que trabajen humanos. Lo que hay es que ir mejorando las reglas e instituciones y reforzar el sistema judicial para que haya certeza de castigo.

  • Zubieta nunca fue miembro de la junta directiva, sino administrador o el principal ejecutivo de la ACP.
Extracto del artículo ¿Corrupción?, de Rubén Darío Paredes.

Según Paredes, el objetivo de aumentar el porcentaje de participación por parte de la junta directiva como criterio de conflicto de interés, era para que Alberto Alemán Zubieta pudiese concursar en contrataciones de la ACP. Ya sabemos que la primera parte de este argumento es falso — la junta directiva disminuyó el porcentaje de participación accionaria de 10% a 5% — , y la segunda parte se derrumba al ser evidente que Alemán Zubieta no era miembro de la junta directiva, era el administrador por lo que, en este caso específico, ni siquiera importa qué porcentaje se impusiera la directiva a si misma, sino lo que se establecía en el reglamento de contrataciones públicas, y este, como ya vimos, también se hizo más estricto.

En cuanto a la tercera parte, lastimosamente, la incertidumbre sobre si Alemán Zubieta seguía siendo accionista de CUSA, y su conexión familiar con la misma, se prestó para generar sospecha y desencanto. Qué gran sentido el de la frase: “La esposa del Cesar no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Bien puede ser que Alemán Zubieta ya no fuera accionista de CUSA desde al menos 1999, según se dice que consta en su declaración jurada patrimonial de ese tiempo, pero en aras de satisfacer el dictado de no solo serlo, sino también parecerlo, CUSA no debió participar como miembro de GUPC. De esta forma se hubiesen evitado suspicacias. A futuro, quizás toque hacer el reglamento interno de la ACP aún más estricto, para extender la prohibición de participar a familiares de directores y empleados por consanguinidad y afinidad hasta el segundo grado — y, de paso, que se incluya explícitamente a los cónyuges, por si acaso alguien piensa que no son familia, y a los ex cónyuges.

  • Incluir a CUSA pudo haber sido un “guiño”, pero esta lejos de ser la razón por la que Bechtel-Taisei-Mitsubishi no ganara la licitación.
Extracto del artículo ¿Corrupción?, de Rubén Darío Paredes.

Según Paredes, incluir a CUSA en el consorcio por GUPC fue una “jugada muy difícil de lograr” para Bechtel-Taisei-Mitsubishi… Tal vez fue buena desde el punto de contactos locales y conocimiento del mercado panameño, pero ello no le proporcionó ningún tipo de ventaja tangible.

Recordemos que, originalmente, fueron cuatro consorcios los que presentaron una solicitud para ser precalificados para participar en el proceso de licitación. Esta solicitud no era una simple carta de presentación y una cerveza en un bar. La solicitud consistía en asuntos como cartas de referencias comerciales y bancarias de todos los proponentes del consorcio, estados financieros auditados por firmas reconocidas de todos los proponentes, una carta garante que certificara la capacidad para obtener financiamiento de al menos $500,000,000 y que no tuviese una relación deuda/activos totales mayor a 0.8x. Además, debían presentar proyectos pertinentes en los que habían participado como evidencia de su capacidad para emprender y liderar una obra de la magnitud de la ampliación del Canal. Esto lo puede verificar en detalle el lector aquí.

Esta información se pedía para ver si la empresa podía pasar la primera etapa (la precalificación) y pasar a la segunda etapa (el derecho a licitar). Se presentaron cuatro consorcios, los cuatro calificaron y fue a estos a los que se entregó el pliego de cargos para la licitación del tercer juego de esclusas y los que participaron en las reuniones de consultas, homologación, etc. En ningún momento el criterio “tener un miembro panameño en el consorcio” se tomó como un punto favorable en la precalificación.

En todo caso, lo que puede criticarse es que los criterios de precalificación no fueron suficientemente estrictos, pero no hay sustento para afirmar que la participación de CUSA le haya permitido obtener una ventaja sobre los demás. Es más, bien puede interpretarse lo opuesto. La participación de CUSA pudo haber causado tal mal sabor que pudo jugarle negativamente durante el proceso, al interpretarse que el GUPC estaba tratando de jugar una carta de amiguismo o nacionalista. Hoy día, el silencio de CUSA aun siendo miembro del consorcio GUPC nos dice mucho sobre su papel minoritario en todo esto.

  • El puntaje técnico más alto no fue de Bechtel-Taisei-Mitsubishi, ni tampoco el precio más bajo.
Extracto del artículo ¿Corrupción?, de Rubén Darío Paredes.

No sé de qué manera puede llegar Paredes a concluir que el verdadero ganador del concurso fue Bechtel-Taisei-Mitsubishi. En primer lugar, no obtuvieron el puntaje técnico más alto. Según consta en el reporte de los auditores independientes, Deloitte, sobre el puntaje técnico, Bechtel- Taisei-Mitsubishi obtuvo el menor puntaje de los tres consorcios.

Extracto del resumen del puntaje técnico.

El consorcio Bechtel-Taisei-Mitsubishi obtuvo 3,789.5 puntos, 184 puntos menos que el consorcio CANAL y 299 puntos menos que GUPC. En términos relativos, Bechtel-Taisei-Mitsubishi obtuvo el 69% de los puntos posibles vs 72% de CANAL y 74% de GUPC.

El puntaje técnico representaba un 55% de la ponderación final para determinar quién sería el ganador de la licitación. El remanente era en base a precio. En este concepto, Bechtel-Taisei-Mitsubishi quedó de segundo, ofertando $4,185 millones, $704 millones o 20.2% más que el precio de referencia de la ACP de $3,481 millones. Por su parte, GUPC ofertó $3,118 millones, $363 millones o 10.4% menos que el precio de referencia de la ACP y $1,067 millones menos que Bechtel-Taisei-Mitsubishi. EL tercer consorcio, CANAL, quedó lejos de estos tres valores ofertando $5,981 millones.

En resumidas cuentas, por donde se vea, afirmar que Bechtel-Taisei-Mitsubishi era el “verdadero ganador” es falso. Vale la pena que le eche un vistazo al proceso de evaluación para que pueda ver como mínimo que esto no era cosa de niños de escuela. Fue un proceso serio y complejo. Pocos proyectos de infraestructura han gozado de tanta información y estudios disponible a los proponentes durante el proceso de licitación y, desde el punto de vista de procesos y cumplimiento de los mismos, ninguna licitación en Panamá se ha llevado con tanto cuidado como esta.

Otra asunto es que Paredes considere que se hizo una mala evaluación. En este sentido, cabe notar, que por el lado de puntaje técnico no se alzaron críticas de parte de los otros consorcios. Las críticas a la victoria de GUPC se centraron entorno a su capacidad financiera para llevar acabo el proyecto, especialmente debido a la debilidad financiera de uno de sus dos principales miembros, Sacyr Vallehermoso. Sin embargo, como el consorcio estaba conformado por otras empresas, el pliego establecía que había que analizar la situación en conjunto y no solo tomar en cuenta la situación de uno. También aquí, cuando se vaya a hacer un cuarto juego de esclusas, habrá que establecer criterios más estrictos de solvencia financiara y que esta debe ser cumplida por cada uno de los principales miembros del consorcio. De esto a insistir que Bechtel-Taisei-Mitsubishi fue el verdadero ganador hay un enorme trecho.

  • No se puede deducir que bajo Bechtel-Taisei-Mitsubishi no hubiera habido “sobrecostos”.

Debo suponer que el argumento de Paredes de Bechtel-Taisei-Mitsubish era el “verdadero ganador” reposa sobre la idea que sin Bechtel-Taisei-Mitsubishi no hubiera habido sobrecostos. Paredes lo que parece decir es, si sumamos el costo original de $3,118 millones que ofertó GUPC más los $3,500 millones en reclamos, que en realidad, según Paredes, sería el costo real sin tapujos, eso termina siendo más alto que lo que ofertó Bechtel-Taisei-Mitsubish originalmente. Lastimosamente, este argumento tiene dos enormes fallas.

Imagen de parte del proyecto del Big Dig en Boston, antes y después.

En primer lugar, simple y llanamente no se puede saber lo que afirma. Que yo sepa, todavía nadie ha sido capaz de ver el futuro, así que nadie puede saber si Becthel-Taisei-Mitsubishi habría tenido sobrecostos o reclamos ni de qué monto habrían sido.

Para hacer hincapié en este punto, recordemos que en 2006, la obra más emblemática de Bechtel era el sistema de túneles de Boston o el “Big Dig”, que fue diseñado y construido por un consorcio liderado por Bechtel y Parsons Brinckerhoff. Los costos de construcción de este proyecto se quintuplicaron — aumentaron en cinco veces sobre el presupuesto original — y la fecha de entrega sufrió un retraso de ocho años. Si esto le sucedió a una empresa con una “inmejorable calificación y experiencia mundial”, según caracteriza Paredes a Bechtel, ¿por qué no pudiera pasarle en el Canal también? Los sobrecostos incluso pudieran haber sido mayores a los actuales.

La realidad es que el proyecto del Canal era totalmente distinto al Big Dig y la comparación que acabo de hacer entre estos dos proyectos de infraestructura no es válida por muchas razones. Por ejemplo, en el Canal no había ningún túnel, y en el Big Dig habían varios. La geología alrededor del canal estaba extensamente estudiada y había información detallada desde hace décadas gracias estudios realizados durante la época de administración estadounidense. También, el programa de ampliación se dividió en muchos contratos, estando los contratos de dragado y excavado así como la construcción de una represa. Esta separación de contratos también reducía varios riesgos mejorando el control por parte de la ACP del programa de Ampliación. Sin embargo, hago referencia al caso del Big Dig porque no se puede afirmar sin pecar de ingenuo que con Bechtel todo hubiera sido color de rosas.

En segundo lugar, Paredes parece ignorar por completo que los $3,500 millones en sobrecostos ahora mismo no son más que reclamos del contratista. ¿Por qué está tan dispuesto a creerle ciegamente que son reclamos válidos? Hasta el momento, en todos los arbitrajes el Canal ha salido favorecido viendo el monto de los reclamos que debe pagar reducirse significativamente. Si ya sabemos que tienen una tendencia a estar inflados, ¿por qué no ver con mayor escrutinio los reclamos del contratista? En este último fallo, por ejemplo, GUPC reclamaba $45 millones. Antes de irse al arbitraje, la ACP le reconoció a GUPC $3 millones. GUPC insistió y de los $45 la junta de resolución de conflictos reconoció $14.4 millones adicionales para un total de $17.5 millones a favor de GUPC, es decir, 38.6% de lo que pedía originalmente, y la ACP todavía puede ir una tercera instancia.

A pesar del bajo nivel de sportmanship demostrado por el contratista, Paredes confía plenamente en su bondad y desconfía absolutamente de la capacidad de la administración del Canal. Si Paredes me dice que la frase anterior no es cierta, entonces debe necesariamente aceptar que los $3,500 millones son una exageración en el mismo grado que comienza a desconfiar algo en GUPC y que empieza a confiar algo en la ACP. Como todo en la vida, hay un proceso de negociación y GUPC se ha ido por lo alto. Ahora se van a arbitraje en cada reclamo, y nos daremos cuenta qué empresa es capaz de demostrar su posición mejor.

  • Bajo ninguna estimación el costo total del programa de ampliación alcanza los $12,000 millones.
Extracto del artículo ¿Corrupción?, de Rubén Darío Paredes.

Paredes afirma en su columna que el costo del programa de ampliación alcanzará los $12,000 millones. ¿Cómo pudiéramos llegar a ese costo? Ahora mismo, ni en el peor de los escenarios, se puede llegar a esa cifra. Veamos.

Hasta el momento se han pagado $5,074 millones en el Programa de Ampliación que cuenta con un 95% de avance, según declaró el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, el pasado martes 12 de enero de 2016, frente a un presupuesto original de 2006 estimado en $5,250 millones. Si le añadimos los $3,500 millones en reclamos de GUPC, llegamos a $8,574 millones. A esto podemos sumarle el lucro cesante hasta la fecha actual prevista de entrega, segundo trimestre de 2016, lo cuál según Quijano, la ACP lo ha estimado en $550 millones en ingresos perdidos. Así, llegamos a la cifra de $9,124 millones como costo máximo posible a la fecha.

Paredes contempla un lucro cesante de $1,000 millones, lo cual aumentaría esta cifra en $450 millones, lo cual igual nos deja lejos de los $12,000 millones que propone. Paredes también incluye los aproximadamente $800 millones en “adelantos” que le ha dado la ACP a GUPC, pero en reiteradas ocasiones se ha hecho saber que esto es una cuenta por cobrar a GUPC respaldada por fianzas, es decir, que se podrá recuperar, por lo que no puede sumársele al costo total del proyecto. En resumen, cualquiera que quiera hablar dentro de la verdad y lo que sabemos a la fecha no puede decir que el costo estará por encima de los $9,124 millones.

Por supuesto, $3,874 millones por encima de presupuesto es un montón. Nótese, no obstante, que la cifra $3,874 millones se acerca a los $3,500 millones en reclamos. El gran signo interrogación está en cuánto logrará GUPC que se le reconozca. Muchos parecen estar sedientos de creerle ciegamente a los reclamos del contratista. Pareciera que dijeran: “Por favor reclama más, GUPC. ¡Te estás quedando corto! ¡Claramente, la gente de la APC no tenía idea!”.

Después de las actuaciones de algunos diputados de la Asamblea Nacional durante la comparecencia, por lo menos parece que la sensatez terminó quitándole terreno a la politiquería y las emociones. El mismo 13 de enero de 2016, el pleno aprobó una resolución por unanimidad para dar respaldo a la administración de la ACP.

Palabras finales

Los demás elementos del artículo de Paredes los considero válidos desde el punto de vista que emite sus consideraciones sobre lo que el piensa que debiera hacerse con y en el Canal. En mi caso, tengo mis propias opiniones sobre el “deber ser” del Canal. No entraré a comentar ni sobre la posición de Paredes ni la mía ya que, como señalé en los párrafos introductorios, mi objetivo era advertir los embustes que pueblan el escrito de Paredes. Baste en este momento apuntar que no estoy de acuerdo con su argumento general.

Hay una campaña de desinformación respecto al Canal que está siendo alimentada por la frustración debido al retraso de la obra de ampliación y los reclamos del contratista. Apreciado lector, investigue por su cuenta las afirmaciones que se hacen. Algunas cosas podrá encontrarlas otra no, pero de cualquier forma profundizará su conocimiento sobre el tema. En este país, la politiquería barata tiene mucha prensa, y usted debe esforzarse para estar por encima de ello, si es que queremos crecer como ciudadanos de una República.

Post-Data (Full disclosure)

Quién me conozca sabe que soy familia del administrador actual y de un ex miembro de la junta directiva de la ACP. Por esa razón, he intentado que este escrito se concentre en aspectos fácticos y no en mi visión sobre la viabilidad del proyecto, el futuro del Canal o la capacidad del administrador actual. Termino también destacando la importancia de la libertad de prensa para una República sin la cual ciudadanos como yo o Rubén Darío Paredes no pudieran expresar su opinión sobre temas de interés, como el que nos ocupa, especialmente si se trata de posiciones que pudieran ir contrarias a las del grupo que controla el gobierno o por tratarse de corrupción, favoritismo, privilegios legalizados, clientelismo político o abuso del poder.