Algo de luz sobre el tarifazo

Finalmente sucedió. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio a conocer el impacto que tendrá en las tarifas, el aumento de los valores de compra de electricidad dispuesta por el gobierno nacional. Los usuarios deberán afrontar un incremento que oscila entre el 30% y el 48%, dependiendo del tipo de consumo, y lo comenzarán a abonarán con la factura que vence en el mes de abril.

Para comprender el contexto en el que se enmarca el anuncio debemos remitirnos al miércoles 27 de enero, cuando en el Boletín Oficial se daba a conocer la resolución firmada por el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, estableciendo incrementos en el costo de la producción de energía, que se traducían en aumentos de hasta un 350% en las tarifas de la luz de las empresas que prestan el servicio en CABA y GBA.

Desde entonces y hasta hoy mismo, todos los medios salieron a buscar especialistas en tarifas y nos abrumaron con números, datos y porcentajes que en lugar de llevar claridad sobre el tema, lograron el resultado inverso. Con la intención de brindar algo de claridad sobre el asunto, pasamos a ofrecer algunos datos que ayudan a comprender los motivos y los montos del aumento de la luz en Santa Fe.

¿Y por casa como andamos? EPE / Edesur-Edenor

Fueron muchas las páginas escritas y los minutos de aire en radio y TV dedicados a contarnos cómo va a impactar el incremento en CABA y GBA. No obstante, existen una abismal diferencias entre la situación de los usuarios de Edenor y Edesur, con los de nuestra EPE.

Quizá el contraste fundamental surge al observar que Edenor y Edesur son empresas privadas que prestan un servicio, y que como toda empresa privada persigue un fin de lucro.

La EPE, por el contrario, es pública (gracias a la resistencia de sus trabajadores durante la ola privatizadora de los 90) por lo que su razón de ser no consiste en obtener ganancias económicas, sino brindar un servicio de calidad y accesible para los sectores de menores recursos.

Nuestra empresa funciona pura y exclusivamente con fondos públicos provenientes del Estado provincial. Es oportuno aclarar que del mismo modo que sucedió en materia de viviendas y obras de magnitud, durante los últimos doce años, el gobierno nacional no envió ni un solo peso destinado al sistema energético de la provincia.

Según fuentes oficiales, el gobierno provincial invirtió en obras de infraestructura, herramientas y ropa de trabajo unos 760 millones de pesos durante el último año. Durante el gobierno de Antonio Bonfatti (2011/2015) la suma alcanzó los 2.100 millones de pesos. En el mismo sentido, el presupuesto del año en curso prevé la continuidad de esta tendencia y asigna poco más de 1.000 millones de pesos durante 2016.

Recordemos que las empresas que prestan servicios en CABA y GBA no sólo tienen subsidiadas las tarifas de sus usuarios, sino que además todas las obras que debieron realizar para mantener el servicio han sido afrontadas con recursos del ministerio de Planificación de la Nación. Lo propio sucedió con los incrementos salariales para sus trabajadores acordados en paritarias, ya que cada punto de incremento de la masa salarial fue subsidiado por recursos de la Nación.

Existe otro punto de comparación donde los porteños salen ganando. La EPE abastece a más de 1.250.000 clientes en 295 localidades de la provincia, en un área de 114.799 km2. En ese territorio opera la red más extensa de líneas de alta, media y baja tensión del país, con una densidad promedio de 11 clientes por km2. En el conurbano bonaerense la concentración es tal que en el mismo territorio se encuentran 600 habitantes.

Tener mayor cantidad de usuarios en un mismo territorio implica menor infraestructura necesaria para llegar con el servicio a cada uno de los habitantes. Cuanto menos distancia hay que recorrer para llegar a cada usuario, menos plantas transformadoras y distrbuidoras hacen falta.

Una empresa pública

La EPE no persigue la obtención de mayores ganancias, sino administrar los recursos para brindar un servicio de calidad y con equidad. La empresa provincial es una de las pocas (sino la única) del país que cuentan con una tarifa diferencial destinada a jubilados y pensionados. El beneficio se encuentra disponible para más de 126.000 usuarios, y el nuevo cuadro tarifario significará un incremento de 27 pesos mensuales para aquellos que no superen los 200 kWh bimestrales de consumo.

Desde 2009, y por decisión del entonces gobernador Hermes Binner, se aplica una “tarifa social” que significa una considerable disminución del costo a personas de menor poder adquisitivo. Los beneficiarios de esa tarifa superan los 80.000 usuarios, y se estima que ante los aumentos autorizados por la nación este número pueda incrementarse. La suba en la factura para ellos será de 12 pesos por mes.

En otro aspecto, la EPE también participa del denominado “Plan Abre”, que implica el mejoramiento de barrios en materia de infraestructura y servicios. Estas grandes intervenciones del Estado provincial incluyen al sistema eléctrico formal con una tarífa mínima, a vecinos de viviendas precarias que contaban con conexiones clandestinas. Esto mejora las condiciones de vida de estas familias, ya que se evitan todo tipo de riesgos de electrocución, y al mismo tiempo garantiza un control más eficaz ante las posibles pérdidas de energía.

Facturación

La EPE cuenta con 1.250.000 clientes distribuidos en toda la provincia. El promedio de consumo de un usuario medio es de 400 Kw por bimestre, lo que en se traduce en 480 pesos en cada factura bimestral. Con la nueva tarifa, estos usuarios pagarán 110 pesos mensuales más a partir de abril. Por el mismo consumo, un usuario de capital o GBA estaba abonando apenas 80 pesos en su totalidad.

Los subsidios que aplicó el gobierno nacional estaban destinados al lugar donde se genera la energía, y no hacia quienes la distribuyen a los usuarios. Los usuarios de Edenor y Edesur recibieron subsidios para que el costo que tenía que pagar por la energía comprada por sus empresas prestadoras se mantenga congelado en el tiempo. Esto no ocurrió con las empresas del resto del país y los resultados están a la vista.

En cuanto a cómo están conformados los montos que se aplican a la tarifa de la EPE, podemos resumir que el 33% consiste en el denominado “Valor Agregado de Distribución”, que incluyen la compra de la energía a las proveedoras, el transporte hasta la provincia y los costos operativos de funcionamiento. Otro 33% se comprende de impuestos nacionales y provinciales. Lo que queda es capitalización para poder afrontar situaciones de emergencias, reparaciones y mantenimiento.

La situación es similar en otras provincias y existen algunos matices que depende de decisiones de cada gobierno provincial. Por ejemplo, en Córdoba desde 2004 se incluyó una suma a la factura bajo el concepto de “impuesto al fuego”, que consiste en un aporte obligatorio extra destinado a combatir los incendios forestales. Otro caso es el de Entre Ríos, en donde la suma de impuestos provinciales y nacionales supera el 40% de la facturación.

¿Quién pagó la fiesta?

Según datos a los que accedimos, de todo lo que produce la EPE, el 50% es consumido por apenas 3.500 usuarios. Son grandes industrias que utilizan un enorme caudal de energía, y que aunque la paguen como corresponde, debemos siempre recordar que cuando hablamos de energía estamos hablando de un recurso no renovable y que en ocasiones puede escasear.

Provincias como Chaco y Formosa, con escasa actividad industrial, no deberían sufrir mayores sobresaltos para poder abastecer a todos sus clientes.

También es necesario señalar que existen empresas que durante estos años contaron con los beneficios de los subsidios nacionales que le fueron negados a los ciudadanos santafesinos y de otras provincias del interior. Las que más aprovecharon la ocasión fueron las empresas que crecieron bajo el ala del ex ministro de Planificación, Julio De Vido; y serán estas las que más van a sentir el impacto del incremento de las tarifas, y seguramente las terminaran transfiriendo al precio de lo que producen. Se estima que en algunas provincias como Catamarca el incremento del costo en energía puede ser superior al 700%. Todo eso que ahora se va a ir por las nubes, es lo que estuvimos solventando los que no vivimos en provincias alineadas con el gobierno nacional.

Y ahora?

Si bien la calidad del servicio no es óptimo, los cortes de energía que se producen en Santa Fe suelen ser preventivos ante situaciones que lo ameriten (como puede ser una tormenta de consideración, por excesos de consumo producto de las altas temperaturas, o por obras de mantenimiento, etc). Lejos quedaron en el tiempo, aquellas jornadas interminables en donde se cortaba la luz y podía volver tres o cuatro días después.

Resulta paradójico ver como en los lugares en donde el estado nacional derrocho los recursos de todos, se siguen produciendo cortes que duran semanas. Al día de la fecha siguen quedando 9.000 usuarios sin luz desde el día previo a navidad, en plena ciudad de Buenos Aires.

Esta increíble concentración de recursos para beneficiar a los habitantes del territorio más rico de nuestro país no podía continuar. Pero como todo en estos tiempos, lo que parece una buena noticia, se queda a mitad de camino y se transforma en otra nueva desilusión. Es decir, era necesario equilibrar al menos, para terminar con la desigualdad, pero no estoy del todo convencido que la forma sea la de eliminar los subsidios para todos. El Estado debe estar presente para equilibrar y brindar igualdad de oportunidades. No es lo mismo igualar con mejor distribución, que igualar para abajo, sin intervenir y distribuir nada.

El plan de emergencia energética implementado por el gobierno nacional impacta de manera directa en el costo que debe afrontar cada empresa para comprar lo que luego distribuye en los hogares. Algunas empresas trasladarán todo ese peso a sus usuarios, mientras que la EPE, por sus características descriptas anteriormente, hace los mayores esfuerzos por disminuir el impacto. Se pueden hacer muchos esfuerzos, pero no milagros.

Cuando desde la Rosada dicen que están “sincerando las tarifas”, en realidad ocultan que lo que están aplicando es un fuerte ajuste hacia los recursos que se destinan a los usuarios, independientemente de quienes sean o de si lo merecen más o menos que otros. Insisto en esto porque seguramente las obras y los aumentos salariales que deban afrontar Edenor y Edesur seguirán saliendo de las finanzas públicas.

El gobierno nacional debería observar más a Santa Fe, y entender que la función del Estado es la de equilibrar para arriba. Si la EPE, los ciudadanos santafesinos y su gobierno lo pudieron hacer, se puede hacer en el país.