¿Qué beneficios trae la energía fotovoltaica?

La energía solar contribuye en gran manera al desarrollo sostenible y genera empleo local y cualificado. En tanto, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) pidió a la administración pública un compromiso para recuperar la seguridad jurídica dando estabilidad a la retribución de los proyectos fotovoltaicos.

Recientemente, la UNEF reclamó a las administraciones públicas una mayor implicación en el desarrollo de la energía fotovoltaica, como fuente inagotable, sostenible y limpia para cumplir los compromisos definidos en el Acuerdo de París, y del autoconsumo.

En el año 2016, se instalaron unos 75 GW en todo el mundo, liderando el ranking China, con 34 GW, Estados Unidos, con 14 GW y Japón, con 8 GW de potencia instalada. Mientras tanto, en España solo se instalaron 55 MW, siendo Alemania el país europeo que más apostó por la fotovoltaica, con 1,52 GW.

De esta manera, desde UNEF se solicitó a la administración pública un compromiso para recuperar la seguridad jurídica y conseguir la estabilidad de la retribución para los proyectos fotovoltaicos al 7,3%, y para impulsar el desarrollo de este tipo de energía por todos los beneficios que comporta: es limpia, inagotable, supone la reducción de las importaciones energéticas y de la contaminación, genera riqueza y empleo local, y permite el desarrollo de aplicaciones para la generación eléctrica tanto a gran escala como para pequeños núcleos aislados de la red.

Del mismo modo, la Unión Española Fotovoltaica ha aprovechado para recordar las posibilidades que se abren en el desarrollo del autoconsumo tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional avalando su uso colectivo y atribuyendo a las Comunidades Autónomas las competencias para su regulación.

Con respecto a esto, UNEF instaló a las Comunidades Autónomas a que sigan el ejemplo de Cataluña, donde el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) lidera un grupo de trabajo con los actores del sector. Asimismo, les pide que desempeñen un papel ejemplarizante, definiendo la regulación necesaria para fomentar el desarrollo de instalaciones de autoconsumo compartido en edificios de viviendas, urbanizaciones y cualquier otro tipo de instalaciones con elementos comunitarios de los que se puedan beneficiar varios usuarios, para que se mejore la eficiencia energética de los mismos y se contribuya a la lucha contra el cambio climático.