Afecta obra ilegal a 2.3 hectáreas de bosque

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total temporal el Programa de Manejo Forestal, así como obras no autorizadas en un predio particular denominado “Santa María Atarasquillo”, en el municipio de Lerma, Estado de México, por no contar con la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En coordinación con la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), personal de la Profepa realizó visitas de inspección del 22 al 24 de abril, donde se constató el daño a 2.3 hectáreas de bosque por la construcción ilegal de cuatro terrazas para cabañas, un campo de futbol, un almacén de materiales, una cisterna, una ampliación de camino con cunetas de cemento.

También se hicieron alcantarillas y taludes cubiertos de biomanta de fibra de coco, así como recubrimiento de camino con paneles de polipropileno; toda construcción se llevó a cabo sin permiso de la autoridad federal ambiental correspondiente.

Inspectores federales de la Profepa verificaron que si bien el particular contaba con un Programa de Manejo Forestal, este documento no autoriza en ningún momento llevar a cabo obras en la zona forestal inspeccionada.

La afectación de caminos se realizó con maquinaria pesada con la colocación de material de construcción, cuyas acciones altera la composición natural del ecosistema.

Por ello, se requiere una autorización específica para cambio de uso de suelo en terrenos forestales que la Secretaría del Medio Ambiente otorga mediante un estudio técnico justificativo y una autorización de impacto ambiental, los cuales se omitieron.

Las edificaciones hechas en el predio reflejan la intención de establecer un desarrollo inmobiliario dentro del bosque, lo que desequilibraría el ecosistema causando fuertes impactos a la filtración y escurrimiento de agua, en una zona considerada como de recarga que abastece al Valle de Toluca y poblados cercanos.

Los impactos negativos también afectan la compactación del suelo, daño de flora y el desplazamiento de la fauna, por lo que la Procuraduría dictará en los próximos días medidas de urgente aplicación para la restauración de la zona.

Por lo anterior y debido a que las obras no están incluidas en el Programa de Manejo Forestal, se impuso la Suspensión Total Temporal de dicho programa, así como de construcciones y caminos en un polígono denominado “El Ocotal” en una superficie de 2.370 hectáreas mediante la colocación de sellos con la leyenda “Suspendido” para evitar que se siga depredando el bosque.

Cabe mencionar que la sanción administrativa por esta actividad puede alcanzar hasta 20 mil días de salario mínimo vigente equivalente aproximadamente a 1.4 millones de pesos, además de una sanción penal que podría ser de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa.

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