Una de las muchas discusiones públicas que tenemos pendientes en México, y que hasta la fecha ni siquiera se ha debatido, es el papel de la familia y, en especial, del cónyuge de un presidente, gobernador o alcalde dentro de la estructura de gobierno.
Con el argumento de que se votó por un individuo y no por una familia, zanjamos el asunto y lo borramos del mapa. Sin embargo, diariamente, la realidad nos muestra que el tema es bastante complicado. Es inevitable que las familias de los gobernantes participen, en mayor o menor medida, dentro de la vida pública: en muchos casos se les requiere protocolariamente y su posición, sin duda, les permite contribuir al éxito del gobierno. También es razonable que cuenten con medidas de seguridad adecuadas a los riesgos inherentes a la exposición pública.
Lo anterior no impide que, en la práctica, las familias de los gobernantes muchas veces se aprovechen de su posición para cometer abusos y despilfarrar los recursos públicos. ¿Cómo deben éstas participar en el gobierno sin caer en el abuso o la prepotencia?
Por ejemplo, los cónyuges de los mandatarios desarrollan un trabajo constante de relaciones públicas. ¿Por qué aceptamos que los cónyuges de los ejecutivos asistan y participen en eventos relacionados con asuntos de gobierno si no votamos por ellos? Por el contrario, si consideramos adecuado que participen, ¿por qué nos indignamos cuando se filtra el costo del atuendo de una primera dama en algún evento?
La vacilación con la que tratamos el asunto solo incentiva la opacidad y, en consecuencia, el abuso. Como escandaliza que a la primera dama se le paguen sus trajes con dinero público –pero, ¿quién debe pagar el vestido de Angélica Rivera para una cena de gala con los reyes de España?-, las autoridades se aprovechan y ocultan éste y cualquier otro gasto relacionado.
Justo por esta ausencia de reglas los excesos familiares han sido tan fáciles de cometer. ¿Quién no recuerda la anécdota de la esposa de López Portillo llevando un piano por toda Europa? Al no definir públicamente el presupuesto para vestuario de la primera dama, o para la alimentación de la familia, etcétera, la opacidad impide establecer límites.
Exhibir permanentemente los gastos de las residencias oficiales y de las familias de los gobernantes debe ser un nuevo paso para la transparencia. Por ejemplo, los integrantes de la familia real española reciben un sueldo y gastos de representación. ¿Las primeras damas de nuestro país deberían tener un sueldo y gastos de representación? ¿Los hijos de los presidentes pueden dedicarse a asuntos públicos?
Otro ejemplo: ¿qué integrantes de la familia del presidente (o del gobernador, el alcalde, etcétera) pueden volar o transportarse en autos oficiales? ¿Quiénes tienen derecho a personal de seguridad? ¿A quiénes hay que pagarles la ropa? ¿Qué tipo de ropa debe ser financiada con recursos públicos?
Otros países ya han legislado al respecto e, incluso, esto ocurre en algunas monarquías parlamentarias europeas. En Gran Bretaña, la reina transparenta hasta lo que gasta en colchones para sus residencias así como el costo de los empleados domésticos, meseros, cocineros y las llamadas telefónicas.
Los excesos continuarán mientras no se especifiquen los derechos y las obligaciones de las familias de los gobernantes. Hay que discutir con sensatez y encontrar la fórmula que nos permita impedir abusos y, a la vez, establecer mecanismos justos y realistas para el buen funcionamiento del gobierno.