Sabemos dónde están los corruptos, no es percepción

Hoy en día, tristemente, se mide qué tan corrupto es nuestro país usando percepciones y opiniones, no realidades. Urge que esto cambie. Hay dos medidas más objetivas (no perfectas, pero mucho mejores) que debemos volver nuestro referente: actos de corrupción cometidos en trámites públicos y policías reprobados en las pruebas de confianza. ¡Ya basta de “índices de percepción”!

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, la medida supuestamente más conocida y usada sobre el tema, se construye sólo a partir de opiniones, y ni siquiera necesariamente de expertos. Se pregunta a 12 instituciones (ninguna de las cuales es especialista directamente en corrupción) sus opiniones sobre qué tan común es la corrupción en un país.

Esto es muy desafortunado. La percepción, como bien lo saben los comunicadores políticos, no necesariamente está relacionada con la realidad.

Baste un simple ejemplo: de 2013 a 2015, México mejoró su calificación en el IPC (es decir, fue menos corrupto para los estándares internacionales), pasando de tener 34 de 100 puntos, a tener 35. Esto, justo en el año en el que escándalos de corrupción reconocidos como la Casa Blanca o Ayotzinapa se hicieron del conocimiento público. Aún más, cuando medimos la población adulta que experimentó un acto de corrupción en esos años, ésta aumentó de 3.6 a 4.1 millones. Es decir, en los mismos años en los que las percepciones veían un México menos corrupto, los ciudadanos mexicanos experimentaban un aumento real de 4.2% (ajustado por crecimiento poblacional) en los actos de corrupción de los que eran víctimas.

Entonces, ¿qué tan corruptos realmente somos y dónde está esa corrupción?

Los datos para dar respuesta a esta pregunta deben ser objetivos (medir actos de corrupción, no percepciones de corrupción) y capturar diferencias por estado (que son abismales).

Hay dos medidas por las que yo abogo y creo que deberían volverse referentes en la lucha contra la corrupción:

Primero, el número de actos de corrupción que reportan adultos que tuvieron contacto con las autoridades, una medida creada bianualmente por el Inegi. Si bien el Inegi mismo, tan honesto y profesional como siempre, reconoce que hay varios estados para los que no existe suficiente información (Chiapas, Veracruz, Zacatecas y Guanajuato), lo cierto es que la medida es muy reveladora.

Así, los cinco estados con mayor aumento en corrupción son Sonora, Morelos, Durango, Sinaloa y Guerrero, todos con al menos 84% más actos de corrupción en 2015 que en 2013 (ajustando por tamaño de población). La lista de los estados en los que la corrupción aumentó, al menos más de 50%, incluye además a Hidalgo, Querétaro y Baja California Sur. Independientemente de su cambio a través del tiempo, los datos más recientes muestran que los estados más corruptos son Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México, todos estos estados tienen al menos 28% más corrupción que el promedio nacional. Morelos, con 114 mil actos de corrupción, de acuerdo al Inegi, es una vergüenza pública.

Segundo, el número de policías que reprueba en las “pruebas de confianza”, de acuerdo al SNSP. En Sinaloa, el 37% de los policías que se someten al detector de mentiras para evaluar su integridad reprueba la prueba, en Michoacán el 30%, y en Veracruz el 27%. Es decir, una tercera parte de los policías en estos estados, simplemente es corrupta. Otros estados con niveles de al menos el doble del nacional son Baja California Sur (21%), Nayarit (20%) y Quintana Roo (17%).

Una medida también importante que he estado analizando recientemente y pronto escribiré sobre ella con todo detalle son los reportes de la Cuenta Pública. Estados como Veracruz tienen perdidos (en un año) siete mil millones de pesos, Michoacán tampoco puede justificar dónde y cómo se usaron más de dos mil millones de pesos.

Así que, a la pregunta ¿dónde están los corruptos? La respuesta es fácil: comencemos por buscar en donde los datos lo indican. Vayamos a Veracruz y Michoacán a revisar cuestiones de erario, a Michoacán y Sinaloa a limpiar a las policías, y a Sinaloa y Morelos a evitar la corrupción en trámites y servidores públicos.