Discutir la superficie o atender el fondo del reparto de los recursos al juego.

El aumento de Ingresos Brutos al juego, es una receta meramente fiscal y sin imaginación: hay que ir hacia otras reformas mas profundas.

Walter Martello; ex diputado por BA Autor del libro NO Va Mas.

Durante estos años propuse cada vez que se trataba la Ley fiscal en la provincia de Buenos Aires aumentar la alícuota de Ingresos Brutos al juego. Considero un acierto que en Buenos Aires hayamos logrado tener la tasa mas alta del país : 12%. Mostrando audacia que otras jurisdicciones no había.

Pero esta actitud debe ser acompañada, y siempre lo hicimos, con presentaciones que en paralelo modifiquen la relación entre este monumental negocio y el Estado.

Lamentablemente hemos heredado una situación compleja, licencias que recién vencerán en le caso de los Bingos en el año 2021, nunca cuestionadas , salvo por una denuncia penal presentada por nosotros en el 2012, un proyecto de ley presentado para su derogación , sin suerte en el tratamiento, y un régimen tributario modificatorio, que no habiendo logrado el acompañamiento en aquel entonces, hoy queremos volver a plantear, que permitiría dejar atrás la idea de cazar en el zoológico , o cada año repetir como cliché, una formula perimida.

Observemos que ya cuando se legisló originariamente se aducía la crisis económica para justificar el negocio.

La crisis no se superó, el negocio creció y nadie se atrevió nunca a emprender reformas mas profundas.

La Ley Nº 13063, sancionada el día 28 de mayo de 2003, promulgada por Decreto Nº 857/2003 y publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio de ese mismo año, autorizó el funcionamiento de máquinas electrónicas de juego en las salas de bingo habilitadas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, conforme la Ley Nº 11018.

En el mensaje de elevación que el Poder Ejecutivo enviara a la Legislatura para fundamentar su aprobación, se expresaba textualmente lo siguiente: “La crisis económica por la que atraviesa el país, hace que el Estado deba extremar las medidas necesarias para obtener recursos que permitan, a través de la descentralización de las actividades del mismo, atender las urgentes necesidades públicas de un accionar más eficiente, en materias tales como salud, seguridad, educación, acción social. Es así, que en esta ley, se pretende inyectar fondos para que el Poder Ejecutivo los destine a los sectores más desprotegidos, realizando en el marco de la descentralización y reforma del Estado el envío de dichos fondos a los municipios, y otros organismos oficiales”.

Ahora bien, de la simple lectura del artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se advierte con claridad cual ha sido el espíritu de los diputados convencionales, a la hora de decidir el destino que debía darse al producido de la actividad lúdica. En efecto, la referida disposición establece textualmente:

“Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley.

La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica.

La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior.”

Así se observa, del simple cotejo de la norma constitucional con las la Ley Nº 13063, que el producido por las distintas actividades del género que se desarrollan en este territorio, benefician notoriamente a los operadores privados en detrimento del Estado, desvirtuando en consecuencia tanto la letra como el espíritu de la norma fundamental.

Un ejemplo elocuente de lo expuesto en el párrafo precedente, se advierte de la sola lectura de los artículos 2º y 3 de la Ley Nº 13063 que regulan la materia relativa a la fijación de los premios y destino de las utilidades, en donde se avizora con claridad la ruptura del equilibrio que necesariamente debe preservar la norma, entre los intereses del Fisco de la Provincia de Buenos Aires y el de quienes explotan la actividad, con un claro beneficio para éstos últimos.

Es sin duda, de vital importancia, que la gran masa de dinero así obtenida, sea empleada precisamente en una actividad de tamaña importancia como lo es la relativa a la acción social y salud pública, hoy comprometida por los escasos porcentajes con que cuenta la provincia.

El Decreto Nº 356/2004, determina que de cada cien pesos ($ 100) derivados del producido del juego, diez pesos ($ 10) quedan a favor del operador y la entidad de bien público, y sólo cinco pesos ($ 5) para el Fisco provincial, de los cuales un peso ($ 1) se destina a educación, veinticinco centavos ($ 0,25) para los municipios, cincuenta y cinco centavos ($ 0,55) para rentas generales, pesos uno con veinticinco centavos ($ 1,25) para programas de empleo, noventa y cinco centavos ($ 0,95) se destinan para asistir a los hipódromos y un peso ($ 1) para la policía.

Por su parte, el artículo 4º de la Ley Nº 13063, establece que: “La actividad de explotación de máquinas tragamonedas instaladas en las Salas de Bingo sólo se encontrará gravada por el canon fijado en el Art. inmediato anterior y por los impuestos que a la fecha le resulten aplicables.

Y aclara equivocadamente “Los Municipios no podrán gravar con tasas y/o contribuciones la actividad comercial que se autoriza, debiendo entenderse que los ingresos producto de la aplicación de la presente, cubre los gravámenes municipales que pudieren devengarse respecto de las utilidades del juego. Los titulares autorizados deberán abonar las tasas municipales por Alumbrado, Barrido y Limpieza y Contribución de Mejoras.”

Aquí es donde queremos hacer notar que debe modificarse la ley en cuatro aspectos:

Modificar el régimen de premios estableciendo que el mismo no puede ser superior al 80% a efectos de desalentar el juego y las consecuencias sociales que hoy genera la ludopatía.

Hoy podríamos con esa sola modificación recaudar el doble del cannon percibido por Loterías de BA.

Transferir esos cinco pesos excedentes al Estado provincial a efectos que la utilidad del Estado sea al menos en esta etapa superior a la de los operadores.

Imponer un mínimo de 3 por ciento de beneficio a la entidades,que tienen las licencias y que surgen de las utilidades de los operadores actualmente en el 1 %.

Devolver las atribuciones a los municipios para poder cobrar los tributos municipales que fije la ordenanza fiscal de cada lugar, y que los mismos sean afectados a la apertura de centros de ayuda a la ludopatía.

Regular los horarios de funcionamiento otorgándole facultades exclusivas a los municipios para ello.

Redeterminar las cuotas del canon que han sido establecidas en 60 cuotas fijas y en pesos al momento de la prorroga de las habilitaciones.

Se podrá insistir con algún punto porcentual mas de tasa por IBB pero llegará un momento en que la misma no resuelva absolutamente nada.

Porque el juego no solo debe pensarse como un objeto fiscal.

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