Verifican violaciones denunciadas de los derechos de los niños en los establecimientos de detención bonaerenses

La situación de 3500 niños, niñas y adolescentes privados de la libertad en centros de detención en Bs As

La resocialización de los menores no parece posible en el gobierno de Daniel Scioli, que muchas veces hace alusión al porque los jóvenes delinquen cada vez con más violencia y son reincidentes en su accionar delictivos, es altamente probable que cada vez que vuelvan a la libertad su primer pensamiento es que bajo ninguna circunstancia quieran estar en centris de detención en Bs As.

Los porqué:

La Sala I de Transición del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, resolvió hacer lugar a la acción de habeas corpus colectivo interpuesto a favor de todos los niños, niñas y adolescentes privados de la libertad en centros de detención dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense y ordenar a los distintos organismos administrativos y judiciales arbitren los medios necesarios para sanear las carencias denunciadas.

El sistema de responsabilidad penal juvenil brindaba al 13 de setiembre de 2013, contención y tratamiento a un total 3.462 jóvenes, discriminados de la siguiente manera: 559 jóvenes residentes en centros de recepción, centros cerrados y de contención; 2903 en centros de referencia.

En Servicio Penitenciario Bonaerense a su vez informó que al 27 de setiembre de 2013 se da cuenta que dicho organismo aloja 241 personas privadas de la libertad a disposición de los jueces del Fuero.

El ex Defensor Oficial ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de La Plata, Dr. Julián Axat della Croce, interpuso acción de habeas corpus originaria ante este Tribunal de Casación denunciando el agravamiento de las condiciones de detención que padecen colectivamente los niños y adolescentes alojados en establecimientos de régimen “cerrado”.

Expuso por ejemplo que “una visita realizada al Centro de Recepción de La Plata, dependiente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, donde pudo constatar mediante documentación que le fuera exhibida que sobre 427 plazas en centros “cerrados” se hallaban ocupadas en aquella fecha 390; mientras que de las 108 de régimen de semilibertad o contención, las ocupadas eran 47. Asimismo, da cuenta de haberse verificado mediante la lectura de los legajos de distintos jóvenes, que muchas de las órdenes jurisdiccionales de detención carecen de fundamentación respecto de la modalidad de encierro o nada dicen al respecto, habilitando a las autoridades administrativas a su ingreso al régimen que se estima aplicable, en la mayoría de los casos, al cerrado “y no hacia los más relajados o flexibles (‘semiabiertos’ o ‘de tránsito’) donde existen más cupos y condiciones más favorables de rehabilitación”.

Igual situación de agravamiento de las condiciones de detención predica respecto de los jóvenes alojados en unidades de la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense.

A su vez, remitieron informes respecto de la situación de los niños, niñas y jóvenes de sus respectivos departamentos judiciales, así como de sus lugares de detención, las Defensorías Generales de La Plata, San Nicolás, San Martín, Zárate-Campana, Bahía Blanca, Trenque Lauquen, Mercedes, Morón, Necochea, Pergamino, San Isidro, Dolores, Junín y Mar del Plata.

La falta de insumos, de personal como psiquiatras, psicólogos, médicos, odontólogos y además la medicación no siepre es indicada situación alarmante en todos los casos relevados, solo un ejemplo.

“En un informe de visita de la Defensa Oficial al Centro Cerrado COPA, se denunció que de los treinta y nueve (39) jóvenes internados, catorce (14) se encontraban medicados con inductores de sueño. De acuerdo con el informe psiquiátrico que acompañara la presentación, el cuarenta por ciento (40 %) de los jóvenes evaluados requerían una terapia farmacológica con benzodiazepinas por plantear problemas para conciliar el sueño sin un diagnóstico por patología psiquiátrica que lo ameritara.”

O como ejemplo siguiente la situación en Mar del Plata:

“En relación al Centro de Contención de Batán, tramitó durante el período 2012–2013, un habeas corpus colectivo correctivo en causa 281/12 ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la Sra. Jueza Dra. Silvina Darmandrail, interpuesto por los Defensores Oficial de dicha jurisdicción, ante un constatado agravamiento de las condiciones de detención. Entre otras denuncias, se mencionó la falta de abordaje de las adicciones y de controles médico-sanitarios y acceso indiscriminado a psicofármacos en un circuito clandestino. Incluso la mencionada Magistrada del fuero especializado, en su nota dirigida a esta Sede con motivo de estas actuaciones, manifiesta la inexistencia de un sitio de internación de jóvenes con trastornos psiquiátricos o para el tratamiento de las adicciones.”

Con este Fallo el tribunal Ordenó a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires entre otras cosas que:

Arbitre los medios necesarios para brindar asistencia médico, odontológica, psicológica y tratamiento de adicciones, de manera integral y permanente en los distintos centros de detención bajo su órbita, informando a este Tribunal en el plazo de sesenta días, el personal destinado al efecto a cada centro, periodicidad de los controles, servicios de emergencias médicas contratados en cada caso, programas de prevención y tratamiento de adicciones desarrollados en cada uno de los dispositivos.

Haga cesar inmediatamente toda forma de sanción o tratamiento de los jóvenes detenidos que impliquen un trato cruel, inhumano o degradante, como la práctica de restricción o encierro absoluto de los mismos en sus pabellones (“engome”) y la provisión de psicofármacos u otros medicamentos psiquiátricos sin prescripción y diagnóstico médico.

Dote, en el plazo de sesenta días, de los extintores de incendio necesarios para cada dispositivo de detención según sus características, y disponga la recarga de aquellos que se encontraren con carga vencida; y en igual plazo, provea de colchones ignífugos en la cantidad necesaria para cubrir el total de plazas de los centros de privación de libertad.

Informe a este Tribunal en el plazo de sesenta días, si los centros de detención bajo su órbita poseen aprobación de las autoridades de prevención de siniestros, planes de evacuación y prevención, agregando la documentación respaldatoria en cada caso.

Informe, en el plazo de sesenta días, el plan de obras, de infraestructura y mantenimiento edilicio programado, plan de ejecución y tiempo estimado de finalización.

Informe, en el plazo de sesenta días, el plan de alimentación programado para los jóvenes en contexto de encierro, la dieta brindada por los encargados de su provisión –oficiales o tercerizados-, sus características nutricionales y gramaje, y las prestatarias del sistema.

Informe, en el plazo de sesenta días, los programas y actividades educativas, de capacitación profesional y laboral, culturales y recreativas desarrollados o a desarrollarse, discriminados por dispositivo de encierro.

Informe, en el plazo de sesenta días, la nómina de jóvenes que perciben planes sociales.

Presente, en el plazo de sesenta días, un plan de capacitación interdisciplinaria para los operadores de niñez y demás empleados y autoridades que cumplen tareas en los dispositivos de encierro, o funciones vinculadas con jóvenes privados de libertad, adecuado a la normativa nacional e internacional especializada en niñez y responsabilidad penal juvenil.

Cumpla acabadamente con la neta separación entre jóvenes condenados y procesados (arts. 5.4 y 19 C.A.D.H.), y de niños y adultos (art. 37.c C.D.N.).

Informe mensualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Procuración General ante ese Tribunal, las plazas de alojamiento reales de cada dispositivo de detención y la población de cada uno de ellos.

Disponer un relevamiento estructural arquitectónico y de condiciones de seguridad de los distintos centros de detención dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, con relación específica a plazas y población reales, por parte de peritos en arquitectura, ingeniería y/o de seguridad e higiene de la Dirección de Asesorías Periciales con asiento en cada Departamento Judicial, cuyo informe habrá de ser elevado a este Tribunal en el plazo de sesenta días; y la realización de una experticia contable por parte de profesionales de la Dirección de Asesorías Periciales con asiento en cada Departamento Judicial respecto de las necesidades presupuestarias para el adecuado funcionamiento de cada uno de los centros de detención en relación con su población, ameritando las prestaciones básicas que deben suministrar (alojamiento, alimentación, servicios básicos de gas, electricidad y agua corriente, educación primaria y secundaria y recreación, etc.), determinando el monto mínimo dinerario mensual indispensable para mantener su normal funcionamiento; cantidad que actualizada por los índices inflacionarios, y determinación de las partidas, bienes, construcciones y demás gastos dispuestos por Poder Ejecutivo provincial, si presupuestariamente coloca en condiciones de cumplir con sus objetivos al establecimiento de que se trata. Previamente, se procederá a un procedimiento de desagregación presupuestaria para ubicar concretamente el cometido del perito el cual también verificará en las rendiciones de cuentas si, en los grandes rubros, el dinero se ha gastado en los ítems consignados.

Recordar a Jueces y Fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense la vigencia de las Resoluciones Nº 1623/04 y 1634/04 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y del Acuerdo Nº 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que prohíben terminantemente el alojamiento de niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Recordar a Jueces y Fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense la vigencia de las Resoluciones Nº 1623/04 y 1634/04 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y del Acuerdo Nº 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que prohíben terminantemente el alojamiento de niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

No hacer lugar a la prohibición de ingreso de jóvenes mayores de dieciocho años de edad cuyos procesos son regidos por la ley 13.634 y la legislación penal juvenil, a establecimientos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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