Reparación de daños ocasionados a terceros: sobre la asimilación de faltas

¿Una inejecución contractual constituye por sí misma una falta invocable por terceros?

Tradicionalmente, el contrato es concebido como un acto de previsión que confiere derechos y obligaciones a cargo de las partes que intervienen en él[1]. Una vez concluido, debe ser ejecutado, de ahí su fuerza obligatoria. Indudablemente todo incumplimiento contractual entraña en principio un perjuicio al acreedor de la obligación incumplida.

Ocurre con frecuencia que dicho incumplimiento ocasiona también daños a terceros, ajenos a la operación jurídica. Dicho de otro modo, el perjuicio es exterior al contrato, escapa a él. En estos escenarios, es indispensable apelar a los principios que representan el punto de anclaje de nuestra tradición civilista, que no es más que la razón de ser de este brevísimo análisis a una de las más grandes y enriquecedoras discusiones que ha sobrevivido ferviente hasta nuestros días: la identidad de la falta contractual y delictual invocada por terceros.

Una interpretación aislada y -sobre todo- estricta del efecto relativo de los contratos concluiría negando toda posibilidad de que un tercero pudiese siquiera demandar los daños sufridos a causa del incumplimiento de un contrato del que este no ha sido parte[2]. Afortunadamente, a la par de este principio encontramos otro, que si bien ha sido reconocido, es aun poco arraigado en nuestro Derecho civil, hablamos del principio de oponibilidad de los contratos[3]. Según este principio, influenciado por la teoría del contrato como hecho social[4], los terceros, a pesar de que no deben obstaculizar la ejecución de un contrato, pueden por el contrario, prevalerse de él en ciertas circunstancias, incluso en contra de sus partes.[5]

En términos similares se ha referido la doctrina, al considerar que si los terceros no pueden convertirse en acreedores o deudores en razón de un contrato del cual ellos no han sido parte, eso no implica que ese contrato no pueda tener, respecto a ellos, ninguna repercusión[6]. El principio del efecto relativo de los contratos, que concierne a las partes, tiene por corolario el principio de oponibilidad del contrato que le concierne a los terceros. Para esos terceros, el contrato — y su ejecución o no ejecución — es un hecho puro y simple que, llegado el caso, se impondrá a ellos, en su detrimento como en su beneficio, aunque no sean ni acreedores, ni deudores”.[7]

Por todo esto, es que un tercero puede prevalerse de un contrato en tanto situación de hecho para obtener una indemnización. En estos casos, no es controvertido que el tercero goza de una acción en responsabilidad civil delictual en contra del contratante que le ha causado un perjuicio por el incumplimiento de una obligación contractual. El centro de la discusión radica más bien en determinar si ese tercero, para ser resarcido, debe demostrar una falta autónoma, o si por el contrario, le basta con probar el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato. A continuación algunas pinceladas respecto a ambos tipos de falta.

Como hemos venido señalando, en el campo de la responsabilidad contractual la falta consiste en el incumplimiento del contrato o en su ejecución defectuosa. Ya sea que se tome en consideración el criterio clásico de gradación de la falta, donde se clasifica entre falta grosera, ligera, simple, muy ligera o muy simple, o que se recurra a criterios más vanguardistas, donde prima el tipo de obligación incumplida[8], la realidad es que demostrar la falta contractual suele afrontar, en principio, menores inconvenientes que demostrar la falta extracontractual. Veamos.

La responsabilidad delictual constituye en Francia, una norma de orden público fundada en un deber general de prudencia y diligencia con alcance constitucional[9]. En nuestro sistema, salvo situaciones particulares, para que pueda quedar configurada, es indispensable que el agente generador del daño haya incurrido en una falta de tipo delictual, definida esta, grosso modo, como el incumplimiento a una obligación preexistente, que bien puede ser de naturaleza legal o de prudencia y diligencia.

En la primera hipótesis (cuando la obligación incumplida es de naturaleza legal) no se presentan mayores inconvenientes: una vez constatado el incumplimiento de una norma, la falta queda constituida ipso-facto. Las complejidades arriban al momento de apreciar la falta nacida del incumplimiento de una obligación de prudencia y diligencia. El juez podrá recurrir en estos escenarios a dos métodos distintos para su valoración: La apreciación in-concreto, dígase analizando caso por caso el comportamiento global del individuo, o la apreciación in-abstracto, es decir, utilizando un estándar en función de lo que haría “un buen padre de familia”, o un “buen profesional”, según sea el escenario.

Ya sea que se utilice uno u otro método de apreciación, es indudable que probar la falta delictual continúa siendo, reiteramos, uno de los mayores retos al momento de perseguir indemnizaciones sufridas en el campo extracontractual, de ahí la importancia de conocer en qué situación se encuentran los terceros perjudicados. Muestra de esto es el fenómeno de la objetivización de la responsabilidad civil, que sustentado bajo la Teoría del riesgo nacida en Francia a finales del siglo XIX, persigue extirpar la idea de culpa del campo de la responsabilidad. Por otro lado, cabría preguntarse cuál ha sido el trato dado por la jurisprudencia a esta problemática en nuestro país.

A pesar del poco desarrollo de este tópico en el país, nuestra Corte de Casación rindió en el año 2007 una decisión que amerita ser tomada en cuenta, por ser una de las pocas ocasiones (sino la única), donde se ha prestado atención a la problemática:

Sucede que el señor Carlos contrató a varias personas para la fumigación por vía aérea de una plantación de guineo de su propiedad. Para realizar la fumigación, el señor Carlos compró a la compañía Fumiguín, S.R.L. el producto que se iba a aplicar en la fumigación. Al poco tiempo de realizarse la fumigación, la finca del señor Carlos, así como las propiedades colindantes de las señoras Rita y Elizabeth (terceras ajenas al contrato de venta entre el señor Carlos y Fumiguín, S.R.L.), resultaron seriamente dañadas, dando por resultado fuertes pérdidas económicas. En vista de lo anterior, las señoras Rita y Elizabeth deciden perseguir la indemnización de los daños ocasionados a sus plantaciones a causa del producto vendido al señor Carlos por parte de Fumiguín, S.R.L.

El razonamiento de nuestra Suprema Corte de Justicia, en atribuciones de Corte de Casación, fue el siguiente[10]: “(…) aunque entre el co-demandado original Carlos y la actual recurrente (Fumiguín, S.R.L.) existiera un contrato de compraventa de un producto de fumigación agrícola, cuyas implicaciones podían dar lugar entre los contratantes a una responsabilidad civil contractual, la aplicación de tal fungicida sobre los predios agrícolas del comprador, podía generar frente a terceros, como lo fueron las hoy recurridas, la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual”. Continúa la precitada decisión argumentando que: “(…) retuvo respecto de las ahora recurridas la responsabilidad delictual de Fumiguín, S.R.L., por haber suministrado una mercancía defectuosa que produjo daños a terceros”.

Partiendo de esta relativamente reciente sentencia, el criterio sentado consiste en que los terceros que han sido afectados por la inejecución de un contrato pueden perseguir su resarcimiento por la vía extracontractual y, respecto a la necesidad (o no), de probar una falta autónoma o el simple incumplimiento, entendemos que la simple venta de un producto defectuoso no es prueba de una falta en el sentido de la falta delictual, por lo que interpretamos que existió en este caso la aplicación de la asimilación de la falta contractual y delictual. Esta fue la respuesta francesa por mucho tiempo, sin embargo, allí, los criterios han ido de un bando a otro, manteniéndose fluctuantes hasta la fecha.

Durante décadas, se señaló que el tercero solo iba a obtener ganancia de causa si podía demostrar la “existencia de una falta delictual independientemente de todo punto de vista contractual”[11]. Posteriormente, surgió una corriente que apoyaba la teoría de la asimilación de la falta contractual y delictual, la cual comenzó con la afirmación general de que “los terceros tienen derecho a invocar la ejecución defectuosa del mismo (contrato) desde que este les ha causado un daño”[12].

Finalmente, la Asamblea Plenaria de la Corte de Casación francesa, a través de la célebre arrêt bootshop, reafirmó la posición descrita ut supra y adoptó la tesis de la asimilación de faltas al establecer que “el tercero en un contrato puede invocar, sobre la base de la responsabilidad delictual, un incumplimiento contractual desde que ese incumplimiento le haya causado un daño”.[13]A partir de entonces, y salvo una que otra decisión aislada[14], el criterio se había mantenido firme, empero, una decisión del 2017 vuelve a dar un giro a la discusión que aparentemente había sido zanjada por la precitada arrêtbootshop.

Así, en su más reciente decisión sobre el tema, ha optado por señalar la Corte de Casación que el solo incumplimiento a una obligación contractual no caracteriza una falta delictual. Dicho de otro modo, los terceros deben demostrar una falta autónoma, lo que es distinto al simple incumplimiento contractual en aras de obtener la indemnización de su prejuicio[15]. Una decisión oportuna de cara a lo que vaticina ser el nuevo artículo 1234 Código civil francés, pues replica esta formula inequívocamente: El tercero que haya sufrido daños a causa de un contrato al que es ajeno, deberá probar una falta delictual.

Optar por la identidad de faltas violaría fatalmente la burbuja de protección jurídica que supone la relación contractual. A título de ejemplo, a un tercero beneficiario del simple incumplimiento no se le aplicarían las clausulas limitativas o exonerativas de responsabilidad contenidas en el mismo contrato de cuyo incumplimiento pretende ser indemnizado. Sería perfectamente valido, bajo el esquema de la identidad de faltas, que el incumplimiento a una obligación de entrega sea suficiente para beneficiar a un tercero completamente ajeno a la operación contractual.

Lo que es aun más grave, el tercero beneficiario se encontraría incluso en posición privilegiada respecto del acreedor de la obligación incumplida, que sí forma parte del contrato. Así, mientras que el acreedor tendrá que limitarse a la reparación de los daños contractualmente previstos, el tercero deberá ser indemnizado en función del principio de reparación integral del daño. De igual forma, el tercero beneficiario gozará de libertad probatoria al momento de acreditar los hechos que alega, mientras que el acreedor deberá, en principio, someterse al régimen de prueba tasada.

En definitiva, y no obstante los méritos encontrados en la asimilación de faltas, orientados a evitar las dificultades probatorias de la falta autónoma, entendemos, al igual que un bastión importante de la doctrina, como lo son Denis Mazeaud[16]y Geniève Viney[17], que admitir la identidad de faltas es una transgresión inconciliable a la seguridad jurídica derivada de la previsión contractual. De lo anterior surge la necesidad imperante de colocar a los terceros en la misma situación en que se encontrasen si los hechos que le han ocasionado daños no fueran el producto de un incumplimiento.


[1]GHESTIN, Jacques. Traité de droit civil: La formation du contrat. L.G.D.J. 1993.p.67.

[2]FONTAINE, Marcel; GHESTIN, Jacques. Les effets du contrat à l’égard des tiers-Comparaisons franco-belges. Librairie générale de Droit et de jurisprudence (LGDJ). 1992 .p. 233

[3]BÉNABENT, Alain. Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux. LGDJ, 2017 .p. 484.

[4]GALLARDO, Leonardo B. Pérez. DEL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD CONTRACTUAL. REVISTA JURIDICA, 2016, no 7 .p. 25

[5]Cass. 1ère civ. 6 févr. 1952

[6]GHESTIN, op. Cit., pp. 89

[7]MALINVAUD, Philippe. La faute contractuelle est une faute délictuelle à l’égard des tiers qui en subissent un dommage. RDI 2006 p. 504.

[8]VINEY, Geneviève. Les conditions de la responsabilité. LGDJ, 2006.p. 363

[9]Mediante una decisión del 22 de octubre de 1982, el Consejo Constitucional francés consagró la existencia de un principio constitucional de responsabilidad civil por falta.

[10]Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. 20 de junio de 2007. B.J. №1159.

[11]Cass. Civ. 1ère. 7 de noviembre de 1962; Cass. Civ. 1ère., 9 de octubre de 1962; Cass. 3éme civ. 3éme, 15 de octubre de 1970; Cass. Civ. 3eme 18 de abril de 1972.

[12]Cass. Civ. 1ere. 15 de diciembre 1998. Mega Code Civil. Dalloz. 2012. p. 2044.

[13]Cass. Ass. Plén. 6 de octubre de 2006. Mega Code Civil. Dalloz, 2012.p. 2043.

[14]Cass. Civ. 1ere. 15 de diciembre 2011. Citado por MAZEAUD, Denis. La responsabilité du débiteur contractuel á l’égard des tiers: évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Recueil Dalloz. 2012.p. 659.

[15]Cass. Civ. 3. №16–11203. 18 de marzo de 2017.

[16]Denis MAZEAUD. Relativité de la faute contractuelle. RTD Civ. 2017, II, p. 43.

[17]Geneviève VINEY, La responsabilité du débiteur à l’égard du tiers auquel il a causé un dommage en manquant à son obligation contractuelle, RTD Civ. 2006. I, p. 77