AMLO y los pueblos originarios

Inmediatamente después de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México ante el Congreso de la Unión, le fue entregado, a nombre de 68 comunidades indígenas y afro-mexicanas del país, un bastón de mando.

Este acto simbólico tiene que ser valorado a la luz de tres datos objetivos sobre las comunidades indígenas del país: 1. Por lo menos uno de cada diez mexicanos pertenece a alguna de las culturas indígenas. 2. La gran mayoría de las familias e individuos que pertenecen a dichas comunidades indígenas están sumidos en pobreza extrema. 3. Atender a estos ciudadanos es un gran reto, porque radican en territorios fragmentados y de difícil acceso. Los pueblos originarios están concentrados en 619 municipios indígenas, pero constituyen 34,000 localidades indígenas (considerando lugares indígenas de acuerdo con datos de la CDI — Ahora INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas- aquellos donde constituyen una pluralidad de más de 40 por ciento de la población).

Estos tres hechos presentan una métrica relativamente sencilla para evaluar el compromiso y el potencial de éxito del nuevo gobierno, cuyos logros deberían ser medidos en función de proteger a los más pobres, en este caso los mexicanos que se identifican como indígenas. Si los pueblos originarios no mejoran en sus condiciones de vida en los próximos seis años, el experimento de una izquierda democrática en el poder habrá fracasado.

Según la Muestra Intercensal de 2015, 6.6 por ciento de la población de 5 años o más habla una lengua indígena. Ese porcentaje ha venido a la baja desde que se levantan censos nacionales (en 1930, por ejemplo, el porcentaje era 16 por ciento). Pero en número absolutos se trata, bajo cualquier métrica, de un segmento muy importante de la población. Según el censo de 2010, se trata de más de millón y medio de hablantes Nahuas, casi ochocientos mil de Maya; casi un millón de hablantes de lenguas Zapotecas y Mixtecas; más de cuatrocientos mil hablantes de Tzotzil y otro tanto de Tzeltal, y alrededor de trescientos mil hablantes de Otomí. En total, contando todas las lenguas, casi 6.7 millones de personas de diversas etnias.

El marcador lingüístico no captura, sin embargo, la verdadera dimensión de las comunidades indígenas del país. Si se contempla la auto — adscripción, que por fin fue preguntada en Censos y Encuestas sociales en la última década, la población indígena se cuenta en probablemente el triple de lo que revelan los datos lingüísticos, alrededor de 15 millones. Si se atiende a la definición de un hogar indígena como aquel en que alguno de los padres habla lengua indígena, y se cuentan a todos sus miembros, se trata de 12 millones. Y si se suman todos los auto-adscritos, aunque no vivan en hogares indígenas, alrededor de 18 millones. Y si se considera que el estigma de declararse indígena probablemente será menor en el próximo Censo, permitiendo que muchas personas que no han querido decir a los que levantan los censos y las encuestas de INEGI que son indígenas, afirmen su identidad con más libertad, seguramente el número crecerá, como sucedió en lugares como Guatemala o Bolivia.

La dimensión de la pobreza en que vive la población de los pueblos originarios se puede entender con datos de CONEVAL en un estudio realizado en 2012. 2.3 millones de indígenas viven en la más extrema pobreza, con ingresos que no les permiten ni siquiera consumir las suficientes calorías para sobrevivir, y con más de 3 carencias de servicios básicos como agua potable, drenaje o electricidad. Adicionalmente 7.2 millones viven en pobreza “moderada” que sigue significando niveles inaceptables de bienestar, pues los ingresos apenas cubren vivienda y vestuario, A esto se suman 6.5 millones de pobres “vulnerables”, que no tienen los satisfactores básicos que la mayoría de los mexicanos dan por sentados.

Los indígenas son, a los ojos del nuevo gobierno, el grupo menos favorecido por el así llamado “neoliberalismo”. A mi modo de ver, “neoliberalismo” no es más que una etiqueta perezosa y desafortunada, a la que el nuevo Presidente y su gobierno ha querido achacarle todos los males del país. El malestar estructural del país proviene no de un modelo de política económica específico, sino de un equilibrio político de saqueo y abuso del poder, provocado por casi cien años de gobiernos rentistas, en contubernio con las élites económicas. La Revolución Mexicana nunca cumplió su promesa de cambio social. Los malos gobiernos fueron PRIistas durante la larga hegemonía autoritaria. El equilibrio perverso fue conservado con el acomodo al poder de los gobiernos PANistas después de la transición a la democracia. Y en su última versión el equilibrio rentista y depredador se sostuvo en los gobiernos rapaces y oportunistas de Enrique Peña Nieto y los gobernadores sin contrapesos en los estados.

Los pueblos indígenas no han sido especialmente víctimas del neoliberalismo, sino de los siglos de exclusión, extracción y represión bajo todo tipo de régimenes políticos y económicos. En toda la era posrevolucionaria han sufrido de un sistema de gasto público regresivo, que entrega más recursos públicos a los menos pobres. La lógica de provisión de servicios públicos básicos (como educación y salud) ha siempre dado prioridad a las ciudades mestizas, a la frontera, a los polos de desarrollo turístico, y en general, a los habitantes no indígenas. La omnipresente discriminación racial y étnica que padecen todos los pueblos indígenas del país cuando buscan empleo o crédito han bloqueado sus oportunidades de avance y movilidad social. Y el modelo de crecimiento económico (desde el laudado desarrollo estabilizador, pasando por la catástrofe del boom petrolero, por los populistas de los setentas, y llegando al neoliberalismo de las últimas décadas) nunca incorporó una visión de redistribución en favor de los pueblos indígenas.

Estudio de la transformación de la política social en Mexico por Diaz Cayeros, Estévez y Magaloni

Entonces, ¿Qué pretende hacer este gobierno en favor de los pueblos indígenas? En principio los proyectos más importantes que se han planteado son el Tren Maya y el ferrocarril transístmico que favorecerían al Sur del país.

El proyecto del Tren Maya y el Tren multimodal transístmico son vistos por muchos como proyectos que generarán una mejoría palpable en las regiones indígenas. El que estos proyectos se realicen en el Sur o Sureste del pais no necesariamente significa que benefician a las comunidades indígenas, sobre todo a las más pobres. Esto se debe a que ambos proyectos pueden tener efectos de derrama que seguramente estarán limitados territorialmente a las rutas ya existentes (con derechos de vía ya establecidos por el ferrocarril del Istmo, por ejemplo). Utilizando el trayecto de vías que ya existen, y las que fueron presentadas en el proyecto anunciado antes de la toma de posesión, se puede apreciar que estos proyectos unirán zonas con relativa alta densidad poblacional en las regiones beneficiadas. Excepto por el tramo de la zona de Calakmul -que tiene otro tipo de particularidades relacionadas con el impacto ambiental del proyecto-, en realidad estas son las zonas de la península de Yucatán o del Istmo de Tehuantepec que ya habían recibido un impacto económico favorable del ferrocarril, desde la época del Porfiriato.

Mapa del Tren Maya y el ferrocarril del Istmo mostrando tamaños de las localidades en el recorrido, según datos del Censo 2010. Proyecto del Tren Maya (octubre 13, 2018) https://lopezobrador.org.mx/2018/09/11/proyecto-tren-maya/

Utilizando los resultados de quizá el estudio más sólido (el trabajo de Faber y Gaubert) sobre los efectos económicos de los desarrollos turísticos en México, se podría esperar optimistamente que el Tren Maya tenga un efecto de aumento del consumo de 4.4% en los hogares de las zonas beneficiadas por la derrama turística, respecto a las no beneficiadas. En dicho estudio los efectos positivos del turismo están primordialmente generados por aumentos en la actividad manufacturera asociada con la industria turística, y no por efectos de aglomeración. Desde una perspectiva de equilibrio general, las ventajas de aglomeración de los lugares con proyectos turísticos se ven compensadas por menor aglomeración en las zonas sin turismo. En otras palabras, si extrapolamos los resultados del estudio más serio que existe sobre los efectos del turismo sobre el desarrollo local, la concentración de mayor empleo y crecimiento poblacional en los territorios sobre la ruta del Tren Maya tendrá como contraparte una disminución de población y empleo en lugares que no están sobre la ruta del tren (en efecto, anulando cualquier efecto neto positivo). La mayor parte del beneficio del proyecto para la población vendrá vía efectos no de aumento en la productividad agrícola, silvicultura o ganadera, sino en manufacturas que darían insumos a la industria turística. El incremento de nivel de vida del promedio de hogares sería real, pero más bien modesto, y probablemente distribuido en favor de quienes ya tienen un nivel de vida relativamente alto, y están involucrados en el sector secundario de la economía. Los efectos positivos no serían de ninguna manera suficientes para eliminar la pobreza, y en particular, no hay razón para pensar que beneficiarían desproporcionadamente a los pueblos indígenas.

Mapa del recorrido del Tren Maya y el ferrocarrril del istmo, comparado con categorización de las localidades según pobreza de acuerdo con el indice de rezago social de CONEVAL

Si de verdad pretende atender a los pueblos originarios, lo prioridad del nuevo gobierno no puede estar basado en megaproyectos, sino en la pregunta más difícil de cómo genera igualdad de oportunidades y capacidades a los más pobres, especialmente a los hogares indígenas. Los programas de transferencias condicionadas en efectivo, Progresa, Oportunidades, Prospera, que el presente gobierno quiere convertir en una simple beca escolar, son uno de los elementos clave de políticas que pueden hacer una diferencia en la vida de los hogares indígenas. Obviamente no son suficiente.

La educación que reciben los pueblos indígenas es la más precaria y descuidada en el país. Antes que crear 100 nuevas universidades, hay que apuntalar al sistema de Universidades Interculturales, que vienen siendo uno de los pocos espacios educativos de movilidad dedicados explícitamente a los pueblos indígenas. Lo mismo se puede decir de las Normales Rurales, de donde surgen muchos de los maestros que terminarán enseñando en las comunidades indígenas. Esos sistemas sobreviven con presupuestos ínfimos, maestros y profesores con escaso apoyo a su labor docente, e instalaciones inadecuadas. Se necesita tener una nueva generación de profesionistas indígenas con títulos universitarios que nutran los espacios de trabajo, las funciones públicas y den voz a los intelectuales indígenas.

Pero quizá todavía más importante, se tiene que ofrecer una educación de calidad en el cuello de botella más importante que enfrentan los estudiantes indígenas adolescentes, que es la Secundaria. Las telesecundarias donde los jóvenes indígenas logran dar el salto entre la primaria y la preparatoria deberían ser el sistema educativo más sofisticado y de la máxima calidad del país, dadas las oportunidades que las tecnologías de telecomunicación y enseñanza en línea y remota ofrecen hoy en día.

También hay un desfase fundamental entre las habilidades cada vez mayores en que las personas indígenas invierten con sus esfuerzos de formación de capital humano, y un mercado de trabajo que los discrimina con sueldos inferiores y condiciones laborales racistas, que deberían ser prácticas inaceptables moralmente (además de ilegales). Las empleadas domésticas (indígenas o no-indígenas) apenas empiezan a recibir un mínimo de reconocimiento por parte de la clase media y alta que las emplea, y se atisba la posibilidad de protección de beneficios sociales como trabajadoras que merecen desde hace décadas.

Y se tiene que entrar de fondo en una discusión real de la autonomía de los territorios indígenas, en que operan las mineras canadienses, norteamericanas y chinas, así como las propias empresas mexicanas que han generado a sus dueños riquezas difíciles de imaginar, sin compensar a sus verdaderos dueños.

Es decir, problema del desarrollo social y económico de los pueblos indígenas no se resuelve con un gran proyecto de infraestructura. Cuando el país pueda compensar a los pueblos originarios por los daños que han sufrido desde tiempos ancestrales, les pueda devolver la autoridad sobre sus tierras y sus recursos naturales, les ofrezca la mejor educación del país, y elimine todas las formas de discriminación que sufren, podremos de verdad hablar de una Cuarta Transformación.