Los invisibles de la década ganada

Los pueblos originarios y el silencio K

Ilustración de Juan Chaves para el diario Hoy

Robo de terrenos, hostigamiento, ausencia de justicia y una ley que nunca se cumplió. Los conflictos en las comunidades indígenas crecen cada día pero el gobierno Nacional no da respuestas.

A casi 10 años de sancionarse la Ley que prometía determinar las tierras de los pueblos originarios, el 49% de los territorios aún no fueron delimitados. Desde su promulgación en 2006 ya se llevan gastados más de 60 millones de pesos y las comunidades indígenas se encuentran cada vez más empobrecidas.

Según Amnistía Internacional, actualmente en Argentina los pueblos originarios sufren 183 conflictos territoriales y, aunque hace años que se encuentran exigiendo el cumplimiento de sus derechos frente al gobierno provincial y Nacional, los funcionarios ignoran el problema.

La complicidad de la justicia, el avance de la soja, las empresas que quieren explotar la minería y los emprendimientos inmobiliarios son los principales enemigos de los aborígenes ya que les usurpan, destruyen y contaminan las tierras, su principal herramienta para subsistir.

El gobierno de Nestor Kirchner lanzó en el año de 2006 una ley en la que se dictó “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país” y le asignó al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) más de 60 millones de pesos para que realice el relevamiento técnico de las tierras que éstas habitan. El problema es que, además de que este trabajo nunca se terminó, miembros de los pueblos en los que ya se relevaron los terrenos, manifestaron que dichas mediciones están mal hechas.

El periodista del Diario La Nación, Franco Varise, informó en una nota que entre la demanda de todos los pueblos aborígenes de la Argentina están en disputa aproximadamente 15 millones de hectáreas. Este número representa casi la mitad de la provincia de Buenos Aires.

El caso que más expone esta situación es el de la comunidad La Primavera, ubicada en la provincia de Formosa. Algunos de sus integrantes se encuentran acampando en la avenida 9 de julio hace 8 meses, esperando poder tener un diálogo con la presidenta de la Nación, aunque hasta el momento no hubo ninguna contestación. Félix Díaz, el cacique de la agrupación, se encuentra reclamando que en el relevamiento que realizaron en su comunidad no contabilizaron los terrenos de 17 hogares. Así mismo, denuncia la construcción de una universidad pública en sus territorios sin consulta previa, violando el convenio internacional 169 que garantiza el derecho a la participación de los indígenas en los programas que los involucran directamente.

Entrevista a Gustavo Cordera junto a Félix Díaz en Intratables.

“Hasta el día de hoy estamos padeciendo esta histórica matanza que sufrían nuestros antepasados, pero ya no nos matan con rifles, ahora lo hacen con la indiferencia, racismo y discriminación; parece que para este gobierno no existimos”, aseguró Félix Díaz en una conferencia de prensa que dio el día 14 de octubre.

Pero la situación de los aborígenes empeora al saber que ninguno de los candidatos a presidente tiene propuestas para brindarles una solución a su grave problema. Pablo Asijad, un líder de la comunidad Qom, declaró: “Detrás de esto hay negociaciones y pactos, del INAI con Formosa, y de la Nación con la provincia; Scioli va a ganar y va a hacer la misma porquería que hizo Cristina”.

Sin embargo, la candidata a diputada Nacional del Frente Para la victoria, Hilda Victoria Montenegro subestimó el conflicto reduciéndolo a un problema cultural de los indígenas. “El gobierno actual fue el gobierno que más trabajó por los derechos de los pueblos originarios. Obviamente hay una queja de Félix Díaz, que es de un sector, pero que no representa a todos”, argumentó.

El reclamo QOPIWINI (conformado por los Qom — Pilagá — Wichí — Nivaclé) fue una de las tantas protestas reprimidas por esta causa, terminando en el año 2011 con un manifestante y un oficial policial muertos. Esta situación también se repitió en el pueblo Diaguita, que perdió a un miembro luego de ser baleado mientras se manifestaba pacíficamente contra un terrateniente que decía ser el dueño de sus tierras en el año 2009. Otro ejemplo preocupante de víctimas de estos saqueos violentos son los Winkul Newen, parte del pueblo Mapuche, que se encuentran procesados tras intentar resistir un desalojo de su territorio ancestral.

Nota relacionada: http://territorioindigena.com.ar/Casos

Los derechos humanos se defienden o se violan, no hay términos medios. A la par de los derechos humanos violados en la dictadura militar también hay que atender los que ocurren durante la democracia, que es lo que no se quiere ver” opinó Pablo Pimentel, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, durante una conferencia de prensa que otorgó junto al acampe QOPIWINI en el centro de la ciudad de Buenos Aires el 14 de octubre de este año.

Sin sus tierras las comunidades aborígenes no lograrán sobrevivir, porque de ellas extraen su alimento y los recursos naturales para realizar su labor, que es la producción de artesanías. El Estado tiene la responsabilidad legal de proteger sus derechos y de demostrar que en este país el robo de tierras no podrá avanzar.

Mapa interactivo de los pueblos originarios con problemas territoriales y las principales actividades económicas en el país.

Lucía Iris Caracciolo y María Agustina Amed.