Qué debe hacer la MUD con las regionales

(Primera parte de una serie sobre las regionales y el diálogo)

Inmediatamente después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la Mesa de la Unidad Democrática confrontó un dilema: participar o no participar en las elecciones regionales. Hace más de una década la oposición forjó un consenso a favor de la participación. Pero en los últimos meses este consenso se ha resquebrajado. Con el monumental fraude de la ANC el gobierno podría haber inaugurado una nueva “normalidad” electoral. Ya no podemos asumir que las elecciones contarán con suficiente garantías para admitir la posibilidad de un resultado adverso para el régimen. No sabemos aún si las condiciones electorales serán como las de antes de la ANC o si el gobierno pretende fabricar millones de votos en cada elección. El resurgimiento del debate sobre la participación no debería sorprender a nadie.

Algunos han reducido la discusión a una batalla entre la moral y el pragmatismo. Se acusa a los que quieren participar de entregar sus principios y a los que no quieren de llevar a la oposición a una calle ciega. Pero esta caracterización es simplista. Como ya ha dicho M.A. Martínez Meucci, las fronteras entre estas dos esferas son más porosas de lo que muchos asumen. El caso en contra de la participación es persuasivo por su pragmatismo. Y el caso a favor de la participación tiene una fuerza moral que en parte explica porqué tantos venezolanos han votado en todos los procesos electorales desde el boicot a las elecciones parlamentarias en 2005.

La oposición no debe liarse en peleas políticamente estériles ni botar tiempo en un ocioso ajuste de cuentas entre radicales y moderados. Su objetivo es recuperar la democracia. Tomar acciones que hagan más viable ese objetivo y eviten desviarnos a un callejón sin salida no es menos “ético” que aferrarse a “principios” así ello signifique reducir las posibilidades de lograr una transición. Al mismo tiempo, dar giros radicales en la estrategia que muchos en la base opositora perciben como una afrenta a su dignidad no es la manera más pragmática de preservar el espíritu de lucha y el compromiso unitario que se requiere para derrotar a la dictadura.

Por eso es importante examinar los argumentos de ambos lados con la intención de identificar los riesgos y las oportunidades. De nada sirve tener la razón en una pequeña discusión si esa victoria no sirve para elaborar planes para el futuro.

Por qué no participar

El mejor argumento en contra de la participación no era un argumento en contra de la participación en general sino en contra de la participación en estas elecciones regionales. El punto de partida es una suposición casi irrefutable: las encuestas indican que si las elecciones fueran limpias el chavismo perdería entre 15 y 20 gobernaciones. Pero es muy difícil imaginar al Consejo Nacional Electoral anunciando un resultado tan desfavorable para el gobierno.

El chavismo lleva ya dos años dando señales claras de que no se va a dejar sacar del poder a través de elecciones. Colocó toda clase de obstáculos para frenar el proceso de convocatoria del referendo revocatorio para luego suspenderlo porque sabía que lo iba a perder; se negó a hacer la regionales en la fecha prevista por la ley por la misma razón; le arrebató las competencias a la Asamblea Nacional; estuvo dispuesto a reprimir y matar durante las protestas antes de ceder un ápice de poder; e instaló una Asamblea Nacional Constituyente mediante un fraude que podría marcar un antes y un después en la historia electoral del chavismo. El presidente Nicolás Maduro anunció las regionales no para dejarse aplastar sino para dividir y desmovilizar a la oposición.

Pero ¿se metió en una trampa? Si entre sus planes no está perder casi todas las gobernaciones, ¿qué va a hacer entonces?

Una opción es utilizar la ANC para inventar cualquier pretexto que lleve a una suspensión de las regionales. Si esto ocurre, a la oposición no le quedarían más opciones que convocar otra vez protestas y pedir apoyo a la comunidad internacional. A esto se refieren algunos analistas cuando dicen que la MUD solo está “corriendo la arruga”. En poco tiempo podría estar en el mismo lugar que estaba en marzo: movilizando a la gente para tratar de hacer valer derechos que no se han podido defender a través de los canales institucionales.

Otro opción del gobierno es cometer fraude en algunos estados pero no en todos; dejar que la oposición gane unas siete u ocho de las 23 contiendas.

Para el gobierno sería fácil entregar algunas gobernaciones para luego despojarlas rápidamente de poder, como ya lo ha hecho en el pasado. Sería fácil, por ejemplo, hostigar y encarcelar a los candidatos ganadores o resucitar a través de la ANC la idea que Hugo Chávez propuso en 2007 como parte de su reforma constitucional: superponer sobre la estructura de gobernadores electos una serie de vicepresidentes regionales nombrados por el presidente.

Ceder primero con la intención de recuperar después sería una manera desviar la atención opositora del objetivo importante — recuperar la democracia — para enzarzarla en batallas nimias con la promesa de victorias ilusorias que a la distancia lucen importantes pero en realidad no valen nada.

Esta distracción podría además ayudar al gobierno a seguir recortando libertades para reducir la futura capacidad de acción de la oposición y a seguir blindando su poder a través de la ANC u otros mecanismos. La oposición podría competir y ganar unos cuantos estados para luego darse cuenta de que cayó en una trampa cazabobos. La realidad postelectoral podría ser distinta a la de hoy; los espacios por los que se luchó podrían ser vistos en retrospectiva como espejismos.

Divide y vencerás

Las regionales tienen además otra desventaja: su poder divisorio.

Muchos han señalado que el problema con la participación no es tanto la decisión en sí misma sino cómo se tomó esta decisión.

En primer lugar, Acción Democrática anunció que participaría en las regionales el mismo día que Smartmatic, la compañía que hasta ese momento proveía las máquinas de votación, denunció que la información que registraron sus equipos el 30 de julio no cuadra con los resultados anunciados por el CNE. Al mismo tiempo que denunciaba al árbitro electoral por haber fabricado millones de votos, la oposición anunciaba su decisión de participar en unas elecciones con ese mismo árbitro sin dar una clara explicación a esta aparente incoherencia.

En segundo lugar, la decisión de participar, a la que luego se sumaron casi todos los partidos, nunca se discutió dentro de la MUD ni se consultó con sectores fuera de la mesa. No solo hubo falta de explicación sino también de debate y transparencia.

En tercer lugar, muchos diputados opositores han lanzado sus candidaturas a gobernaciones y dejado de asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional para hacer campaña por puestos que el gobierno podría arrebatarles como les arrebató sus curules parlamentarios. Para muchos, estos diputados parecen hámsters en una ruleta donde los entrampó el gobierno: propulsados por sus ambiciones personales, corren y corren sin darse cuenta que no van a ninguna parte.

Pero esta serie de errores no deben hacernos pensar que el problema fue solo la ejecución. Si bien es cierto que la manera como se tomó la decisión debilitó el argumento a favor de la participación y abrió una brecha de desconfianza entre el liderazgo opositor y sus seguidores, también es cierto que las regionales eran difíciles de vender así no se hubiesen cometido esos errores.

¿Por qué? Porque, como ya expliqué, muchos sospechan que estas elecciones pueden ser utilizadas para desviar la atención de la MUD hacia una refriega insignificante por las migajas del poder. También porque la inminente instalación de la ANC hacía políticamente inviable asomar el tema con antelación en un momento en el que la prioridad era forzar al gobierno a suspender esa “elección”.

La participación suponía además un giro abrupto en la estrategia. Solo unas semanas antes del anuncio de ir a las regionales se desconoció al CNE en un plebiscito en el que votaron más de siete millones de personas. Los líderes de la oposición citaban el artículo 350 que llama a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Como dijo Edgar Ramírez: “No puedes decir que esto es una dictadura, que de esto salimos con el artículo 350, para luego salir diciendo vamos a elecciones”.

Un poderoso argumento en contra de la participación era que no había manera de dar ese giro estratégico sin dividir y desmovilizar a la base, sin confundir a la comunidad internacional y sin poner en riesgo la unidad.

Las cosas se pueden poner peor

Hasta ahora el gobierno ha utilizado las regionales para calmar las aguas y dividir a la oposición y aprovechar el período de distensión y desconcierto para seguir acosando al adversario y reduciendo sus espacios de lucha.

En el último mes el gobierno ha cerrado cadenas de radio y ordenado a las cableras a sacar del aire a canales internacionales; ha emitido órdenes de detención contra dos alcaldes de la oposición y la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz; ha anunciado ya sus intenciones de encarcelar, forzar al exilio o inhabilitar a otros líderes prominentes de la oposición, incluyendo a varios candidatos; y ha asomado proyectos de ley para inhibir las protestas y restringir las redes sociales.

A este ritmo no podemos descartar que el país llegue a las regionales con más espacios de lucha cerrados de los que el gobierno está dispuesto a ceder en las elecciones y con una oposición descabezada sin fuerza real para hacer frente a la dictadura.

Tampoco podemos descartar que el gobierno logre profundizar las divisiones de la oposición haciendo o diciendo cosas que reafirmen las sospechas de los escépticos o hagan más difícil defender la participación.

No hay que olvidar: la estrategia electoral tiene límites. La MUD no puede competir bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, si el gobierno decide inhabilitar a 80% de los candidatos una semana antes de las elecciones o suspender elecciones en diez estados donde no tiene chance, la oposición no puede conformarse con las victorias que obtenga dentro de ese pequeño margen. En estos casos extremos la MUD tendría que retirarse y muy probablemente lo haría.

Pero es posible imaginar un escenario en el que Maduro estire y encoja cuidadosamente los límites de lo aceptable hasta lograr que unos partidos se retiren y otros participen, dividiendo fatalmente a la oposición en un momento clave en el que necesita estar unida.

El caso a favor de las regionales

El debate sobre la participación electoral gira alrededor de la siguiente pregunta: ¿Vale la pena competir si el gobierno, mediante su control de las instituciones y la manipulación de las reglas de juego, hace difícil una victoria?

En 2004 y 2005 la oposición cometió dos errores. El primero fue en 2004, cuando el oficialismo logró capturar 21 de las 23 gobernaciones gracias al abstencionismo opositor. El segundo fue en 2005, cuando la oposición decidió boicotear las elecciones legislativas, cediéndole la totalidad del parlamento al oficialismo. A partir de ese momento, y hasta las elecciones regionales de 2008, Chávez confrontó muy poca resistencia institucional en el proceso de gradual demolición de las estructuras democráticas.

Pero la oposición no tardó en rectificar. En 2007 derrotó con el voto una reforma constitucional que hubiese acelerado la marcha autoritaria del régimen. En las elecciones de 2008, a pesar de que competía bajo condiciones electorales tremendamente injustas, ganó varias de las gobernaciones más importantes del país. En 2010 ganó más de un tercio de los escaños de la Asamblea Nacional y la mayoría del voto popular.

Es cierto que Chávez luego aprobó por decreto o a través de su mayoría parlamentaria muchas de las reformas que fueron rechazadas en 2007 y que despojó de poderes y recursos a gobernadores y alcaldes electos en 2008. Pero también es cierto que estas victorias ayudaron a la oposición a copar espacios reales para frenar la marcha autoritaria del chavismo y la pusieron en una mejor posición para disputarle el poder en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013.

¿Sirvió de algo esa participación si no se logró el objetivo final? Toda batalla implica el riesgo de una derrota. Sin lucha, la derrota es segura. Solo peleando se abre la posibilidad de una victoria.

Más importante aún, la oposición no tenía en ese entonces una mejor opción que la participación. Una estrategia de confrontación frontal y desobediencia civil era inviable durante esos años. Si en 2017, con un gobierno altamente impopular, el apoyo casi unánime de la comunidad internacional y una economía en ruinas, la oposición no logró forzar una transición, ¿lo hubiese podido hacer cuando el gobierno era popular, contaba con el apoyo de la mayoría de los países de la región y los vientos de la economía soplaban fuertemente a su favor?

El único camino viable en ese período era resistir y frenar los abusos del gobierno, desnudar su autoritarismo y sumar apoyos entre los venezolanos y en la comunidad internacional. Y eso hizo la oposición. De hecho, los logros de las protestas de este año son inseparables de esa estrategia. La MUD convenció al mundo de la naturaleza dictatorial del régimen porque se mantuvo en la ruta electoral, hizo todo los posible por buscar una salida institucional a la crisis y absorbió los apoyos que el chavismo perdió con su desastrosa gestión de gobierno.

Ahora la situación es diferente. Ya los venezolanos y la comunidad internacional repudian casi universalmente al régimen y la MUD no necesita otro fraude para probarle nada a nadie. Participar no serviría para colocarnos en una mejor posición para competir en las presidenciales porque, mientras el gobierno no tenga los votos para ganar, no va a arriesgarse con unas elecciones que pongan en riesgo su permanencia en el poder. Y el argumento de ganar espacios es menos convincente porque no está nada claro si el gobierno está dispuesto a cederlos como en el pasado o si estos preservarán suficiente valor para justificar el reacomodo de prioridades que implica luchar por ellos.

¿Existe entonces alguna razón convincente para participar?

El mejor argumento a favor de la participación

Hay una realidad incómoda convenientemente ignorada por los opositores de las regionales: las protestas ya estaban perdiendo fuerza antes de la decisión de participar. Esta decisión quizá aceleró su fin pero ¿cuánto más podían durar? ¿Un mes? ¿Dos? El problema con las protestas como principal mecanismo de presión es que son difíciles de sostener en el tiempo. La gente puede postergar por unos meses sus labores de manutención para tratar de promover un cambio. Pero no lo puede hacer indefinidamente.

Con las manifestaciones la oposición avanzó, sobre todo en el plano internacional. Pero el objetivo principal era generar suficiente presión para provocar un resquebrajamiento de la dictadura que llevara a una transición. Ese plan fracasó. El gobierno se mantuvo unido y logró reprimir brutalmente las protestas con un costo mínimo en términos de deserciones. Con el paso de los meses fue asomando una dura verdad. Para el chavismo era más fácil sobrevivir que para la oposición mantenerse en la calle. Parte del actual clima de desmoralización se debe no solo a las decisiones de la MUD sino a la frustación por haber sacrificado tanto y no haber logrado más.

Pero, aunque el gobierno no cedió ante el asedio internacional y las protestas, olvidarse de la calle no hace más probable que esto ocurra. Por eso la MUD no solo necesita acompañar las protestas y la presión internacional con estrategias más inteligentes para promover la ruptura interna del régimen, también encontrar maneras creativas para mantener movilizada a su base.

Ahora bien, ¿son estas elecciones regionales una herramienta efectiva para echarle leña al fuego de la movilización? ¿O son el perfecto vehículo para dividir, desmovilizar y distraer a la oposición con batalles insignificantes que la desvían de sus objetivos principales?

Es cierto que el bando que se opone a la participación podría estar exagerando los riesgos de la segunda pregunta. Pero también es cierto que el bando pro-regionales los desestima totalmente.

Mirar hacia adelante

Muchos en la oposición practican una ética con minúscula que solo busca tener la razón y ajustar cuentas con los adversarios de su propio bando. En vez de preocuparse por el futuro — cómo se puede avanzar y cómo se pueden ayudar a corregir errores y disminuir riesgos — concentran sus energías en satanizar y destruir al liderazgo opositor, como si este fuese un camino rápido para salir de la dictadura; como si fuese posible sacar del juego a todos o casi todos los protagonistas de la MUD y reemplazarlos por líderes puros que coloquen siempre los principios y los intereses comunes sobre las agenda particulares. El grupo que más critica a la oposición por no darle un carácter urgente a los problemas pareciera sugerir una solución — disolver a la MUD y sustituirla por una entidad mítica de partidos inexistentes o liderazgos personales sin organización ni presencia nacional — que es inviable.

Si yo fuese miembro de la MUD (y si el tema se hubiese debatido), habría argumentado en contra de la participación en estas elecciones. Creo que participar conlleva riesgos mayores a los de no participar y no acarrean beneficios que justifiquen tomar esos riesgos.

Pero ya estamos donde estamos y ahora nuestra obligación es mirar hacia adelante. Lo bueno es que todavía hay un margen de acción para reducir los riesgos e incluso revertir algunos de los daños.

La MUD debe hacer todo lo posible para mitigar la principal amenaza de la participación: la división. El gobierno jugará un juego perverso con las condiciones electorales para fragmentar a la MUD o forzarla a que se retire.

La oposición debe establecer un conjunto de condiciones electorales mínimas para participar y anunciarlas públicamente con la mayor transparencia posible. La línea base podría ser las condiciones que hubo en las parlamentarias de 2015. Si el gobierno no garantiza estas condiciones, la oposición en su conjunto debe retirarse. Por ejemplo, si Maduro decide vetar a último momento a 70% de los candidatos opositores bajo pretextos absurdos como haber fomentado la violencia callejera o promovido las sanciones o si decide irrespetar garantías básicas para la defensa del voto como la presencia de testigos y la auditoria ciudadana, la MUD debe retirarse. Si un candidato de alguna tolda decide participar en la farsa del gobierno, debe ser expulsado del partido.

Si el chavismo acepta condiciones electorales similares a las de antes del 30 de julio, la oposición debe solo aceptar los resultados que muestren sus actas. El robo de varias gobernaciones — así el gobierno reconozca la derrota en otras — debe ser denunciado como un fraude general y confrontado con una nueva convocatoria a la desobediencia civil que vincule estos abusos a la aguda crisis económica y social que, con las sanciones de Estados Unidos, se agravará aún más en los próximos meses.

Además de disminuir el riesgo de división, la MUD necesita fortalecer otra vez su relación con sus seguidores y debe evitar acciones que sigan corroyendo ese vínculo. No debe enviar mensajes directos ni indirectos que sugieran que está dispuesta a aceptar la dictadura a cambio de pequeñas parcelas de poder y hacer lo posible por plantear la participación electoral no como un acto de resignación y conformismo ante la imposibilidad de cambiar al régimen sino como parte de una estrategia de movilización constante para llevar al país a la democracia.